Las filtraciones de documentos confidenciales de la firma legal panameña Mossack Fonseca, una de las compañías más reservadas del mundo, también han afectado a muchos países de América Latina.

Entre los mencionados en los “Panamá papers” están el  presidente argentino, Mauricio Macri, el futbolista Lionel Messi, un primo del presidente de Ecuador, empresarios relacionados con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y con la campaña de Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú.

En BBC Mundo le ofrecen un resumen de las principales revelaciones en América Latina, país por país y por orden alfabético.

Argentina

Según los documentos, el presidente Macri integró el directorio de una sociedad offshore (extraterritorial) registrada en las islas Bahamas, en el Caribe, desde 1998.

Identificada como Fleg Trading Ltd, el actual presidente figuró como director y vicepresidente.

La sociedad funcionó hasta fines de 2008, año en que Macri ejercía como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Los documentos reflejan que el máximo ejecutivo en el directorio de Fleg Trading era su padre, Franco Macri, quien se desempeñó como presidente, mientras que su hermano Mariano figuró como secretario.

“Es una operación legal”, se defendió este lunes Macri, que le atribuyó la creación de la sociedad a su padre, Franco.

“Fue en el año 1998. La sociedad dejó de operar en 2008 porque no hizo la inversión. Está todo perfecto, no hay nada extraño”, dijo el presidente en una entrevista con Canal C y LaVoz.com.ar.

También se vio señalado en los documentos Daniel Muñoz, secretario y hombre de confianza del expresidente Néstor Kirchner. Muñoz también sirvió durante dos años como asistente de la esposa de Kirchner, Cristina Férnandez, presidenta de 2007 a 2015.

La familia de la expresidenta se desvinculó de la investigación sobre sociedades en paraísos fiscales. A través de un comunicado, los Kirchner afirmaron que no tienen “ninguna cuenta, sociedad, ni bien de ningún tipo en el exterior” y remarcaron la situación de Macri.

Los datos filtrados revelan los nombres de 570 argentinos, entre los que también está el futbolista Lionel Messi, que afirma haber regularizado la situación de una sociedad panameña constituida, según los papeles, para facturar sus derechos de imagen.

En un comunicado, la familia Messi asegura que son “falsas e injuriosas las acusaciones de haber diseñado una nueva trama de evasión fiscal e, incluso, de crear una red de blanqueo de capitales”.

Los Messi informan que la sociedad panameña (Mega Star Enterprises) es “una compañía totalmente inactiva, que jamás tuvo fondos ni cuentas corrientes abiertas”.

Brasil

Panamá Papers muestra a 107 empresas offshore vinculadas a personas o firmas envueltas en la causa judicial del escándalo de Petrobras, informó el portal local UOL, que investigó la vertiente brasileña.

Los documentos señalan además que la empresa panameña Mossack Fonseca creó o vendió las empresas extraterritoriales a políticos pertenecientes a siete partidos brasileños o a familiares de los mismos, según UOL.

En la lista divulgada no figuran miembros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y sí del PMDB, el mayor grupo del congreso brasileño que rompió con la presidenta Dilma Rousseff la semana pasada. También hay del partido opositor PSDB.

Una de las offshores que aparecen operadas por un banquero suizo es atribuida al presidente de la cámara brasileña de Diputados, Eduardo Cunha, que integra el PMDB y enfrenta en su país acusaciones de corrupción, aunque él en un comunicado de reacción a la publicación de Panamá Papers negó poseer cuentas en el exterior.

La investigación concluyó que algunas de las empresas offshore operadas por Mossack están vinculadas a grandes constructoras acusadas de pagar sobornos por contratos millonarios en Petrobras.

La firma panameña Mossack Fonseca entró en enero en el radar de las autoridades brasileñas de la red de sobornos en Petrobras, que presumían ayudó a ocultar identidades de dueños de inmuebles sospechosos.

Chile

El nombre más destacado de los documentos es Alfredo Ovalle Rodríguez, presidente de la más importante organización patronal de 2006 a 2008.

Además, fue presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (Sonami) de 2005 hasta que dimitió en 2009 por sus vínculos con el exdirector de finanzas de la DINA, la policía secreta en tiempos del gobierno militar de Augusto Pinochet.

En 2002, Ovalle Rodríguez y Raimundo Langlois Vicuña recibieron un poder legal para Sierra Leona SA, una compañía panameña creada en 1987.

Ambos son directores del Grupo Minero Las Cenizas y, según los documentos, usaron Sierra Leona para invertir en minería y en distribución alimentaria en Chile, para recibir dividendos de sus inversiones y para abrir cuentas bancarias en diferentes países.

Ovalle Rodríguez no respondió a la petición de comentario realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

BBC Mundo intentó comunicarse sin éxito con el Grupo Minero Las Cenizas, la compañía que preside. Medios de comunicación locales señalan que el abogado chileno no ha podido ser contactado desde el domingo.

También le salpicó el caso al exdelantero de la selección chilena Iván Zamorano, que negó este lunes haber eludido impuestos.

“En mi calidad de futbolista profesional, siempre mis dineros han tenido origen conocido por todos y han tributado en los países que correspondían, apegado a las leyes vigentes en cada uno de ellos”, expresó Zamorano en una breve declaración pública difundida en medios locales.

Colombia

Hay más de 850 colombianos relacionados en los papeles con la firma Mossack Fonseca. “Entre los clientes hay funcionarios, ex servidores públicos, políticos de todas las tendencias y, principalmente, empresarios”, dice Connectas, el medio colombiano que participó en la investigación.

Entre ellos destaca el empresario Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, de quien dijo:

“Desde 2007 hasta 2014, Gutiérrez Robayo creó una red de 12 compañías offshore y tres fundaciones en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas”, según los documentos.

Gutiérrez Robayo dijo que no cometió ninguna irregularidad y que no está siendo investigado. También señaló que nunca hizo negocios con Petro.

Ecuador

El principal nombre citado por los documentos en Ecuador es el de Pedro Miguel Delgado Campaña, exgobernador del Banco Central y primo del presidente del país, Rafael Correa.

En 2012, Austrobank Panama S.A., subsidiaria de Grupo Eljuri –uno de los principales conglomerados empresariales de Ecuador– y de acuerdo con la filtración cliente de Mossack Fonseca, procesó una hipoteca en nombre de Delgado y su esposa, entonces vice cónsul general de Ecuador en Miami.

La hipoteca de US$190.000 era para comprar una casa en North Miami Beach. En ese momento, Delgado era gobernador del Banco Central.

El primer despacho de abogados contactado por Mossack Fonseca se negó a procesar el crédito. “Algo no huele bien”, dijo. Pero Mossack Fonseca encontró otro abogado que registró la hipoteca en Miami.

Delgado, que vive en Estados Unidos, no respondió a las peticiones de comentario de la ICIJ y sólo confirmó a la cadena estadounidense Univisión que tenía propiedades en Miami.

También la Secretaría (ministerio) de Inteligencia de Ecuador (Senain) rechazó que su titular, Rommy Vallejo, esté involucrado en hechos revelados por los Panamá Papers.

“Rechazamos enfáticamente las falsas publicaciones que ponen en entredicho el honor del secretario Rommy Vallejo y de la institución que dirige”, señaló la Senain en un comunicado.

Vallejo aparece relacionado en los Panamá Papers con Javier Molina, quien fue asesor externo de la Senain entre 2014 y 2015 y representante en Quito de Mossack Fonseca hasta 2011.

Honduras

En los documentos se menciona a César Rosenthal, hijo de Jaime Rosenthal, uno de los hombres de negocios más ricos de Honduras y ex vicepresidente del país.

Jaime Rosentahl ha sido investigado por evasión de impuestos y a principios de 2016 Estados Unidos lo pidió en extradición por lavado de dinero.

César Rosenthal aparece en los papeles conectado a una compañía offshore que poseía un avión que fue decomisado e inspecccionado en Guatemala como parte de la investigación a la familia por lavado de dinero. Las autoridades de Guatemala no encontraron contrabando en la aeronave.

Según los documentos, Rosenthal era el único dueño y presidente de Renton Management SA, empresa creada en Panamá en febrero de 2014 para comprar el avión.

Rosenthal no ha respondido a la petición de comentario.

México

En México, aparece mencionado Juan Armando Hinojosa, propietario del grupo Higa e involucrado en el escándalo de la Casa Blanca, que salpicó al presidente Enrique Peña Nieto y a su esposa, Angélica Rivera.

Llamado por algunos medios mexicanos como “el contratista favorito” del mandatario, Hinojosa ha obtenido contratos por US$750 millones de agencias del gobierno mexicano, según Panamá Papers.

De acuerdo al portal Aristegui Noticias, que participó en el análisis de los documentos, Hinojosa transfirió al menos US$100 millones utilizando los nombres de su madre y su suegra a través de compañías creadas por Mossack Fonseca.

Eso ocurrió luego de la polémica por la mansión presidencial destapada a fines de 2014.

Allí se supo que la primera dama había iniciado un proceso de compra de una mansión de US$7 millones construida por una de las sociedades de Hinojosa.

Luego, Rivera aseguró que había conseguido un préstamo de una de las sociedades de Hinojosa y había dado una entrada del 30% pagando con dinero obtenido durante su carrera como actriz de telenovelas.

Un mes después de que el gobierno declarara que no había habido conflicto de interés en la compra de la mansión presidencial Hinojosa transfirió millones de dólares a compañías offshore en Nueva Zelanda.

Ni el Grupo Higa ni Hinojosa Cantú se han querido manifestar sobre las revelaciones.

BBC Mundo intentó sin éxito contactar con el Grupo Higa.

En tanto, el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, utilizó dos empresas offshore, de acuerdo a Aristegui Noticias.

Una de ellas para comprar obras de arte en las Islas Vírgenes Británicas y la otra para controlar la propiedad de una embarcación con bandera de las Islas Caimán.

El Grupo Salinas respondió al portal: “Todas las operaciones financieras del señor Ricardo Salinas Pliego se hacen con estricto apego a derecho”, afirmó.

El gobierno mexicano aseguró que el servicio de administración tributaria “abrirá revisión, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México”.

Panamá

Riccardo Francolini fue oficial o director de tres compañías estatales, incluyendo la Caja de Ahorros, y pertenece al círculo privado del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli.

En enero de 2015, Mossack Fonseca rechazó ser el agente de dos compañías offshore propiedad de Francolini porque la firma panameña lo consideraba una persona políticamente expuesta.

Era el único propietario de Jamefield Investment en las Islas Vírgenes Británicas. Fue también presidente y copropietario, junto a su esposa, Iraida García, de Gladden Corporation, registrada en Bahamas en 1998.

Francolini no respondió a los pedidos de comentario de la ICIJ ni a los medios locales.

Perú

Los documentos revelados en los Panamá Papers incluyen a dos destacados personajes de la política peruana, dos de los principales financistas de la candidata Keiko Fujimori, favorita en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebran este domingo 10 de abril.

Uno es Jaime Yoshiyama Tanaka, exministro del gobierno de Alberto Fujimori y jefe de campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011, y el otro su sobrino, Jorge Yoshiyama Sasaki.

Yoshiyama Sasaki y Carlos Rubiños Zegarra son los apoderados legales de la sociedad Tauton Enterprises LTD, constituida en octubre de 2010 en las Islas Vírgenes Británicas a través del estudio Mossack Fonseca.

Según IDL-Reporteros, medio que ha investigado los documentos relacionados con Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que supervisa los gastos e ingresos de los partidos políticos durante la campaña electoral, refirió en enero que Yoshiyama Tanaka y su sobrino Jorge aportaron a la campaña fujimorista US$61.821 y US$61.519 respectivamente.

BBC Mundo trató sin éxito de ponerse en contacto con Christian Peralta, asesor de prensa de la campaña de Fuerza Popular.

El también candidato presidencial y exministro Pedro Pablo Kuczynski aparece en los documentos divulgados.
Igualmente se vio involucrado el famoso chef Gastón Acurio.

Según Panamá Papers, dos sociedades offshore de Acurio fueron registradas por Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas y en Panamá, y otra vinculada a su principal emporio gastronómico, Acurio Restaurantes, también creada en Panamá y luego trasladada a otro paraíso fiscal: Delaware en Estados Unidos.

Acurio confirmó a Ojo Público, medio peruano que investigó los papeles, ser el dueño personal de sociedades offshore y admitió que a través de ellas compró dos embarcaciones de lujo.

“He comprado un barco en las Islas Vírgenes y para poder comprarlo tienes que fundar, o sea, tienes que ser el propietario de esta compañía que es la propietaria de ese barco (…). Creo que no tiene nada de malo ni de ilegal comprarse un barco por más chiquito, mediano, grande que te pueda parecer”, dijo Acurio.

Uruguay

Según los documentos, la firma legal del uruguayo Juan Pedro Damiani, presidente del equipo de fútbol Peñarol y miembro del comité de ética de la FIFA tenían relación empresarial con tres personas implicadas en el escándalo de la FIFA.

Se trata del uruguayo Eugenio Figueredo, ex vicepresidente del ente mundial, y de los argentinos Hugo y Mariano Jinkis.

Los Jinkis, padre e hijo, están acusados de pagar sobornos para lograr los derechos de transmisión de partidos en América Latina.

Los documentos indican que la firma legal de Damiani representó compañías offshore ligadas a los Jinkis y a siete empresas vinculadas a Figueredo.

En respuesta a la investigación del ICIJ y sus socios, el comité de ética de FIFA ha iniciado una investigación preliminar sobre la relación de Damiani con Figueredo.

Un portavoz del comité dijo que Damiani informó sobre sus negocios con Figueredo el 18 de marzo, un día después de que los periodistas le enviaran una cuestiones al uruguayo sobre el trabajo de su despacho con compañías relacionadas con el ex vicepresidente de la FIFA.

Damiani no respondió a las peticiones de la BBC para comentar la información aparecida en los documentos filtrados, pero sí se dirigió a los medios de comunicación este domingo durante un partido de Peñarol.

“Nuestra firma no mantuvo relación comercial alguna ni realizó negocios con o para el señor Eugenio Figueredo, ni para ninguna de las demás personas mencionadas en el artículo periodístico”, aseguró.

Venezuela

La palabra “Venezuela” aparece en 241.000 documentos, que fueron investigados por una decena de periodistas venezolanos ligados a diferentes medios (como Armando.info) y varias ONG locales (como Transparencia Venezuela).

La mayoría de lo que hasta ahora se ha revelado señala a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, que no se ha pronunciado sobre las informaciones.

El caso que más comentarios ha generado fue el de Adrián Velásquez, jefe de seguridad del fallecido expresidente Hugo Chávez, que el 18 de abril de 2013, cuatro días después de la victoria de Maduro en las presidenciales, formó una compañía en la República de Seychelles llamada Bleckner Associates Limited por intermedio del bufete panameño Mossack Fonseca.

Velásquez y su esposa, Claudia Patricia Díaz Guillén, expresidenta de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y exoficial de la Armada, residen ahora en República Dominicana, según informan medios venezolanos.

Otros funcionarios del gobierno, así como de las Fuerzas Armadas y Petróleo de Venezuela, registraron empresas –algunas sin actividad comercial, según los reportes– en paraísos fiscales.

11 millones de documentos que estaban en manos de la firma legal panameña Mossack Fonseca fueron entregados al diario alemán Sueddeutsche Zeitung, el que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El programa Panorama de la BBC es uno de los 107 medios de comunicación en 78 países que han estado analizando los documentos. La BBC no conoce la identidad de la fuente.

Los documentos muestran cómo la compañía ha ayudado a clientes a lavar dinero, eludir sanciones y evadir impuestos.

Mossack Fonseca dice que ha operado sin reproches por 40 años y nunca ha sido acusado o imputado por actos criminales.

Semana

“Es una operación legal”, dijo Macri sobre su sociedad offshore

El presidente Mauricio Macri defendió ayer su participación en una sociedad off shore en Bahamas, al asegurar que “es una operación legal”, y pronosticó que el caso no tendrá “nada, ninguna” consecuencia sobre su credibilidad futura.

“Fue en el año 1998. La sociedad dejó de operar en 2008 porque no hizo la inversión. Está todo perfecto, no hay nada extraño. Fue declarada ante la DGI argentina”, declaró Macri durante una entrevista con el programa “Voz y voto”, de la provincia de Córdoba.

Según explicó, “este es un hecho totalmente claro y transparente, mi padre (Franco, titular de esa sociedad) no hizo ninguna cosa incorrecta. Declaró en la DGI que iba a formar una sociedad en Panamá para invertir en Brasil. Finalmente, después no lo pudo hacer”, agregó Macri.

Según dijo, “me estuve interiorizando, porque la verdad que no tenía ni idea de qué se trataba esa sociedad. Y era para cuando en ese momento quería extender Pago Fácil (entonces propiedad de su padre) a Brasil, pero que finalmente después no pudo”.

“Ni siquiera tuvo cuenta corriente la sociedad, con lo cual fíjense lo poco que llegó a operar. Así que, ¿qué hay de raro en eso? No haya nada raro”, insistió.

Por otra parte, advirtió: “No hay que mezclar, hay otros que usan paraísos fiscales para esconder dinero que ganan en forma mal habida, son dos cosas distintas. Acá el problema no es el instrumento si no para qué se lo utiliza”.

Cuando se le preguntó si había recibido “dividendos” u “honorarios” por su participación en esa sociedad off shore, Macri aclaró: “Dividendos no, porque yo nunca fui accionista; y honorarios, tal vez te voy a pedir que le reclames a mi padre que alguna vez me hubiese pagado honorarios en aquella época por ponerme en directorios”.

Sin embargo, enseguida agregó: “No, no, ninguno. No llegó a operar, es una sociedad que no llegó a operar” y asintió, ante otra pregunta acerca de si está tranquilo, y se preguntó: “¿Por qué no debería estarlo?”.

Macri evaluó que “me complicaría (la trascendencia del tema) si yo hubiese hecho algo incorrecto, pero no hice nada incorrecto. Estoy muy tranquilo, claramente”.

“Yo debo ser de uno de los pocos políticos que desde que arrancó en política declaró su situación patrimonial, tengo las declaraciones juradas desde que empecé como jefe de Gobierno, las he vuelto a presentar como presidente. Ahora vamos a hacer un fideicomiso ciego por primera vez en la historia de la Argentina para que alguien se ocupe de mis cuestiones personales hasta que yo termine mi responsabilidad pública. Con lo cual digamos que, claramente, estoy marcando un camino hacia la transparencia que nunca se había recorrido en la Argentina”, enfatizó.

En cuanto a la omisión en su declaración jurada de la sociedad, Macri consideró que “yo no tengo nada que declarar porque no soy accionista. Yo declaré en mi posición todas las cosas de las que soy dueño. No puedo declarar cosas que no pertenecen a mi patrimonio. Y las sociedades en Argentina informan cuáles son sus directorios”.

En cuanto a la desconfianza que hay en el mundo sobre este tipo de sociedades, Macri no estuvo de acuerdo, ya que dijo que “hay instrumentos societarios en todas partes del mundo que tienen distintos tipos de ventajas. Sé que no es exactamente lo mismo, pero es como si yo me radico en una provincia de la Argentina donde, para producir determinadas cosas, hay una promoción industrial. Entonces uno se radica en esa provincia, pone la fábrica en esa provincia”, comparó.

Explicó que “son instrumentos jurídicos societarios contables que se utilizan para invertir. Uno los puede utilizar desde el punto de vista legal porque hay trazabilidad de la plata de dónde la sacó. A uno le fue bien, ganó plata y quiere invertir en otro lugar; bueno, usa el instrumento de otro país”.

La Capital

Macri figura como director de otra empresa fantasma en Panamá

Lo que había comenzado como un rumor pasado el mediodía fue confirmado a Clarín desde Casa Rosada al cierre de esta edición. El Presidente Mauricio Macri figura como director de otra sociedad off shore radicada en Panamá y creada por su padre el 11 de mayo de 1981 con un capital social de 10 mil dólares. Se trata de la firma Kagemusha S.A., en la que Franco Macri aparece como presidente, su hijo Mauricio como vicepresidente y director y su otro hijo, Gianfranco, como secretario.

“La sociedad se creó en 1981, pero fue vendida años después”, señalaron en el Gobierno, aunque no pudieron precisar la fecha en la que se concretó la venta. Insistieron en que la sociedad no registró movimientos y advirtieron que el Presidente “No tuvo ni honorarios ni cobró ganancias de esa sociedad”. Según las explicaciones de Presidencia, los Macri aún figurarían en los papeles de la firma, que sigue vigente, porque los nuevos dueños “no deben haber hecho el cambio accionario”.

Más temprano, cuando el canal Crónica TV, había informado que Macri figuraría como director de esta firma, radio Mitre le consultó a la vicepresidente Gabriela Michetti sobre esa posibilidad y ella respondió que Macri no le había hablado de ninguna otra firma ni tenía conocimiento de que existiera tal compañía.

Kagemusha S.A., nombre de la película de 1980 del director japones Akira Kurosawa que se traduce “la sombra del guerrero”, es la segunda sociedad off shore en la que aparece mencionado Macri. Su existencia se conoce a través de una investigación global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a partir de una filtración masiva de datos del estudio panameño Mossack & Fonseca, publicada en Argentina por el diario La Nación y Canal 13.

Clarín

Financistas de Keiko Fujimori y otros 12 peruanos son mencionados en informe Panama Papers

Según informe del portal Ojo Público realizado con Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, usó su nombre para la creación de dos offshore, a través de la firma panameña Mossack Fonseca. A continuación les presentamos un resumen de la investigación.

El financista de Keiko Fujimori, candidata a la Presidencia de la República, Jorge Javier Yoshiyama Sasaki; Jaime Carvajal, socio del expresidente Alan García; Hernán Garrido Lecca, exministro del segundo gobierno de García Pérez (2011-2016); y Virgilio Acuña, congresista y hermano del expostulante César Acuña, son cuatro de al menos una docena de personajes peruanos que tendrían relaciones con el Grupo Mossack Fonseca, una firma jurídica panameña experta en crear compañías offshore en paraísos fiscales en el mundo.

La conclusión es parte de la investigación conjunta de 100 organizaciones periodísticas de todo el mundo, entre ellas Ojo-Publico.com del Perú, lideradas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y el diario alemán Süddeutche Zeitung, y que ha sido bautizada como Panama Papers.

Los investigadores accedieron a la filtración de 11.5 millones de documentos secretos de Mossack Fonseca, que revelan la historia de la firma, la identidad de sus representantes, sus métodos de captación de clientes y la sofisticada red de contactos que ha establecido entre la élite empresarial para crear empresas offshore en paraísos fiscales.

Según Ojo-Publico.com, además de Yoshiyama Sasaki, Jaime Carvajal, Garrido Lecca y Virgilio Acuña, la compañía panameña también asesoró al encarcelado abogado Rodolfo Orellana, y a Mauricio Muñoz-Najar, condenado a prisión por corrupción y una de las piezas de Vladimiro Montesinos en la Sunat.

El portal noticioso explica que “un mail interno enviado desde la oficina de Mossack Fonseca de Lima hacia Panamá pinta el escenario nacional y da pistas sobre el motivo real de los clientes peruanos al tocar la puerta de los paraísos fiscales: los impuestos a pagar en Perú y el anonimato que prometen estas jurisdicciones”.

En el caso del financista de Keiko Fujimori, se afirma que “todo empezó con un correo enviado por una representante de Mossack Fonseca en diciembre del 2012”, del cual “se desprende que la firma montó una operación de fachada para operar dos offshore en las Islas Vírgenes Británicas y en las Seychelles con un personaje clave en el financiamiento de la candidata presidencial Keiko Fujimori: el peruano Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, quien junto a su esposa coreana Joon Lim Lee Park entregó más de S/ 380,000 a Fuerza Popular en la elección del 2011 y en la actual”.

También se asegura que Sil Yok Lee viuda de Lam, quien donó S/ 138,000 al partido de la candidata presidencial, “prestó su nombre para ser apoderada de las offshore Nexus Associated y Genell Finance en las Islas Vírgenes Británicas por orden de otra empresa de fachada llamada Whitestone LTD., registrada en la isla de Niue, un paraíso fiscal ubicado en el Pacífico Sur”.

En el reporte también son mencionados Dennis Melka, señalado por Ojo-Publico.com como el mayor deforestador de los bosques de Loreto y Ucayali, y otras personas a las que solo identifica como empresarios de la minería ilegal, un exjefe de inteligencia que cayó preso por tráfico de influencias en la época de Alejandro Toledo y el exabogado de un narcotraficante del norte del país y de una empresa constructora vinculada al también encarcelado Martín Belaunde Lossio.

“Casi todos acabaron involucrados con Mossack Fonseca Perú, directa o indirectamente, en el proceso legal para convertirse en accionistas, directivos o apoderados de compañías fantasmas, que al mismo tiempo eran dueñas de otras offshore, de cuentas bancarias, inmuebles y hasta de embarcaciones navieras de lujo; protegidos por el anonimato que proporciona las 21 jurisdicciones en donde la firma panameña está presente: desde Panamá y las Islas Vírgenes Británicas en el Caribe, hasta los estados norteamericanos de Nevada y Jersey, el territorio chino de Hong Kong, el archipiélago de Samoa y Niue en el Pacífico Sur, las Seychelles en el océano Índico y la isla de Man en el mar de Irlanda, entre otras”, se indica en el informe.

Gestión

Otra del intocable compadre de Peña Nieto

La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto es un crimen sin castigo, y ahora, en un nuevo escándalo de alta corrupción, la evasión fiscal del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú por esconder en paraísos fiscales al menos mil 800 millones de pesos apunta a quedar también impune.

El nombre del contratista favorito de Peña emergió de entre los millones de documentos que, desde el año pasado, examinaron periodistas de más de cien medios de comunicación del mundo –Proceso el único escrito de México–, y aparecieron además los de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, y del cerebro financiero de Televisa, Alfonso de Angoitia.

Igual que narcotraficantes como Rafael Caro Quintero y empresarios como Amado Yáñez, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, además de Omar Yunes Márquez, hijo del candidato panista a gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, Hinojosa Cantú ocultó “una pequeña parte” de su fortuna –100 millones de dólares– en empresas offshore con el claro fin de no pagar impuestos, un delito contra la sociedad que no puede quedar sin castigo.

Pero todo apunta a que así será: Para empezar, Hinojosa Cantú es amigo y compadre del presidente de la República, a quien le obsequió la mansión de Las Lomas de Chapultepec a través de La Gaviota Angélica Rivera, a cambio de obtener multimillonarios contratos, desde 2005, en los gobiernos del Estado de México y el federal.

Luego, como en la Casa Blanca con Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, será también un subordinado de Peña, Luis Videgaray, secretario de Hacienda y responsable del Sistema de Administración Tributaria (SAT), quien eventualmente investigará los 100 millones de dólares que Hinojosa Cantú sacó del país y los depositó en paraísos fiscales.

Y además, en lo que también podría tipificarse como conflicto de interés, Videgaray es otro beneficiario de Hinojosa Cantú, quien le vendió una mansión en Malinalco, Estado de México, a precio de regalo de 7 millones de pesos y con todas las facilidades.

No sólo eso: El propio Aristóteles Núñez, jefe del SAT y subordinado de Videgaray, exoneró en los hechos a Hinojosa Cantú y todos los mexicanos que han optado por el esquema de crear empresas offshore, con el fin de ocultar sus fortunas y evadir el pago de impuestos.

Es verdad que no es ilegal tener recursos en el extranjero o en paraísos fiscales, como asegura Aristóteles, sino que la ilegalidad se materializa si esos recursos generaron dividendos y no se pagaron los impuestos correspondientes.

¿Pagaron impuestos? No lo sabemos, y pienso que no lo sabremos jamás, porque a cualquier solicitud de información la autoridad se amparará en el secreto fiscal para el ocultamiento, tal como lo han hecho los gobiernos más recientes con todas las grandes empresas que no pagan impuestos.

Y aun si, en el extremo, sabemos que no pagaron impuestos, y los magnates pueden acogerse al “programa de retorno de inversiones”, un esquema para que los contribuyentes regresen los recursos que mantienen en el extranjero no reportados en México, incluidos los de regímenes fiscales preferentes, y que estará vigente hasta junio de este año, como lo explicó el jefe del SAT.

¿Por qué digo que está garantizada la exoneración –y la impunidad– de los magnates que ocultan sus fortunas en paraísos fiscales? Porque, aun en el caso de que haya quienes se acojan a programa de retorno de inversiones”, el beneficio es el perdón: Se dan por cumplidas las obligaciones fiscales y no se generan multas ni recargos adicionales a las sanciones. Tantán…

A esta mecánica de impunidad en México –que también se produce en muchos países del mundo– debe contraponerse el periodismo, cuyo deber supremo es hacer pública la información que concierne a los ciudadanos, como en este caso los archivos del Grupo Mossack-Fonseca, de Panamá, uno de los principales proveedores en el mundo de compañías offshore.

Esta filtración de los archivos –#PanamaPapers– al periódico alemán Süddeutsche Zeitung fue compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con más de cien medios en el planeta, en lo que es la revelación más grande en la historia: Es 46 veces mayor que la de Wikileaks.

Proceso fue el único medio impreso de México convocado por el ICIJ en la investigación global de 11.5 millones de archivos internos de Mossack-Fonseca que duró casi un año y que, como se informó también, se realizó bajo estrictas medidas de seguridad del ICIJ por 376 reporteros alrededor del mundo…

Proceso

Panamá solicitará ayuda

Las autoridades del Ministerio Público y del Ministerio de Economía y Finanzas anunciaron ayer la apertura de investigaciones para deslindar responsabilidades, luego de las revelaciones sobre la actuación de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, protagonista de una investigación periodística internacional.

La Procuraduría General de la Nación dijo ayer que los hechos descritos en las publicaciones “serán objeto de investigación penal, con el propósito de comprobar la existencia del hecho punible, averiguar todas las circunstancias que sirvan para su calificación y consecuentemente, descubrir a los autores o partícipes, así como todo dato que contribuya a identificarlos e individualizarlos, determinando la extensión del daño económico causado por el delito”.

La dependencia dirigida por Kenia Porcell afirmó en un comunicado que utilizará los instrumentos y técnicas de investigación a su alcance “a fin de agotar las investigaciones y exigir la responsabilidad penal correspondiente”.

De acuerdo con la investigación del diario alemán Süddeutsche Zeitung y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), más de un centenar de políticos y funcionarios de todo el mundo, además de empresarios y figuras del deporte mundial habrían manejado fortunas de forma secreta a través de sociedades offshore constituidas por la firma panameña.

La Procuraduría dijo que cumplirá con los tratados y convenios de asistencia legal mutua, ratificados por la República de Panamá, y diligenciará todos los requerimientos de cooperación internacional.

Este instrumento se utilizará también para “obtener la información de otras jurisdicciones, que nos permitan cumplir con los objetivos legales del proceso”.

Por otro lado, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), iniciará auditorías a firmas de abogados para verificar el cumplimiento de la obligación de conocer a los clientes a los que les crean sociedades.

Así lo informó a este diario Ricardo Zubieta, jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas.

La junta directiva de la intendencia, entidad creada el año pasado como parte de la actualización del marco legal panameño para prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales, aprobó el inicio de auditorías para verificar los niveles de cumplimiento de las normas antilavado.

“Tenemos que asegurarnos de que las firmas de abogados están cumpliendo con la debida diligencia”, dijo Zubieta.

La creación de sociedades anónimas es legal. Es una práctica que se hace en muchos países del mundo.

El problema es cuando estas son utilizadas para lavar dinero o para ocultar un patrimonio por el que su propietario debe pagar impuestos en su país de origen.

Zubieta puntualizó que “no tiene absolutamente nada de malo constituir una sociedad, de hecho, es bueno en determinadas ocasiones, pero hay que hacerlo con los parámetros de la ley”.

En la misma línea, el primer vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, dijo que se debe precisar si se ha cumplido o no con las reglamentaciones de las que dispone Panamá, en relación con la prestación de los servicios para la creación de las corporaciones y el papel de los abogados dentro de ellas.

Solo así –agregó– se podrá determinar si Mossack Fonseca “cruzó los límites o no de lo que permite la ley”.

Panamá actualizó el año pasado su marco legal para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Las reformas abarcaron siete nuevas leyes que incluyen nuevos delitos, que impulsan la cooperación internacional y que regulan sectores no financieros como las firmas de abogados.

Como resultado de los cambios legales, entre los que también está la creación de un régimen de custodia para seguir el rastro de las acciones al portador, Panamá salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En esa relación se encuentran los países con deficiencias en sus marcos legales para combatir el lavado de capitales.

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, dijo ayer que “somos un país aliado en la lucha por la transparencia del sistema financiero y damos la bienvenida a cualquier publicación que proteja los sistemas financieros de Panamá y del mundo para que no puedan ser usados en ningún momento en actos ilícitos”.

Panamá salió de la lista gris del GAFI por las reformas en materia de blanqueo de capitales, pero en los últimos meses se han acentuado las diferencias con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sobre la implementación de estándares internacionales para combatir la evasión fiscal.

Ayer, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, arremetió contra Panamá.

“Las revelaciones han llevado luz sobre la cultura y la práctica del secreto de Panamá. Panamá es el último reducto importante que sigue permitiendo que los fondos se oculten de las autoridades fiscales”, afirmó.

Las reacciones locales al escándalo internacional que ha llevado el nombre de Panamá a los noticieros y diarios de todo el mundo se enfocan, principalmente, en exigir un mayor compromiso contra la corrupción y una defensa de la imagen de Panamá, que ha sido afectada.

Maruquel de Ramírez, coordinadora del equipo de trabajo de la plataforma de servicios financieros de Panamá, adscrita a la Cancillería, dijo que “es importante señalar que el sistema legal y financiero panameño no es corrupto. Es un error descalificar al país y la estructura legal que permite la creación de sociedades anónimas. Panamá no se prestará para ningún ilícito. Y si se ha hecho alguna actividad ilícitamente a través del sistema legal panameño no es tolerable”.

Felipe Chapman, presidente de la Bolsa de Valores de Panamá, consideró que están sufriendo la reputación y la marca país y que “tendremos que hacer un mayor esfuerzo para dar a conocer los aspectos positivos de nuestro país. También ayudaría adoptar una posición que refleje mayor percepción de compromiso con el combate a la corrupción negándose el Estado a contratar empresas señaladas por actos de corrupción”.

Sobre cómo afectará este escándalo a la industria panameña de servicios legales, el economista dijo que “no me sorprendería que sufra la actividad de constitución de sociedades. Es muy probable que la nueva Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros sea mucho más exigente con los agentes económicos que le toca supervisar, especialmente con la aplicación de controles y políticas de conozca a su cliente”.

Annette Planells, integrante del Movimiento Independiente (Movin), expresó su sorpresa ante el alcance de la investigación internacional y advirtió de que todavía “no hemos comprendido el alcance” que tendrá a nivel mundial este caso.

Planells consideró que con la investigación promovida por ICIJ se plantean dos situaciones: si Mossack Fonseca violó o no la ley, y cómo esto afecta la imagen de Panamá. “Allí es cuando todos los panameños nos tenemos que unir y exigirle al Gobierno que mande un mensaje claro de que en Panamá no somos lavadores de dinero”, expresó.

También reaccionaron al escándalo los principales gremios empresariales del país.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) reconoció que “esta denuncia de los medios internacionales afecta al país, toda vez que hace unos meses logramos salir de la lista gris del GAFI… Los panameños tenemos que defender las leyes y nuestra jurisdicción, sin importar quienes sean las personas involucradas, pues la justicia debe ser igual para todos y si algunas personas utilizan los instrumentos legales para fines ilícitos, deben ser investigadas y sancionadas”.

Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá cuestionó la investigación periodística. “Es inadmisible que, habiendo más de 20 países mencionados, se le haya bautizado con el nombre de Panamá, poniendo en entredicho la reputación de nuestro país, utilizando como fundamento documentos privados sustraídos de su fuente en forma ilegal”.
La industria de servicio ‘offshore’ y la empresa criminal conjunta

Rodrigo Noriega

El autor es abogado

Panamá tiene un régimen tributario de naturaleza territorial. Esto quiere decir que las personas naturales o jurídicas no pagan impuestos por los ingresos provenientes de sus actividades internacionales. Desde principios del siglo pasado, el país intentó aprovechar la territorialidad fiscal para promover el abanderamiento de naves y la creación de sociedades anónimas como una forma de atraer capitales.

En Suiza, con la Ley de Secreto Bancario de 1934, se garantizó la reserva de la identidad y la protección de activos de aquellas personas que eran perseguidas políticas por las dictaduras europeas. Esto demuestra la existencia de razones legítimas para los vehículos offshore. La principal es la protección de activos por razones políticas, por la identidad de sus dueños o, incluso, como una estrategia empresarial para limitar la responsabilidad civil frente a jurisdicciones que usan criterios exorbitantes de responsabilidad contractual y extracontractual. Además, las sociedades anónimas y otros vehículos similares, como los fideicomisos y las fundaciones de interés privado, permiten la innovación empresarial, ya que facilitan la formación de negocios internacionales en situaciones de alto riesgo o constante cambio.

La protección de activos y de identidades también tiene un elemento de afectación de la carga tributaria. No es lo mismo una corporación irlandesa que una sueca. La mayoría de los países miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) tiene un sistema tributario de carácter universal, es decir, que se paga impuestos por los ingresos nacionales e internacionales que tenga una empresa.

En el ámbito del derecho penal internacional, es donde los productos offshore presentan su mayor problemática. Si de forma sistemática estos productos son utilizados para la comisión de delitos transnacionales o para ocultar los bienes o caudales resultantes de otras actividades ilegales, se establece un nuevo criterio de responsabilidad. A esa nueva categoría de responsabilidad colectiva se le denomina como la Empresa Criminal Conjunta (ECC). Desde 1999, los distintos tribunales penales internacionales han establecido por vía jurisprudencial que si las partes de una conducta conocían que el resultado probable de su actividad facilitaba la comisión de un delito, su encubrimiento o el aprovechamiento del producto de ese delito, se estaba presente ante una ECC. Otros autores de corte anglosajón complementan la teoría de la ECC con el concepto de “ignorancia conveniente”, que es cuando una parte activa o beneficiaria de una conducta prefiere desconocer si la actividad de la que forma parte o se beneficia es ilegal, a pesar de que razonablemente exista una alta probabilidad de que así lo sea. Las sociedades anónimas panameñas son parte de la economía global y, como tales, tendrán que establecer los mecanismos para evitar que sean utilizadas para fines ilícitos. El que un jugador de fútbol disminuya sus impuestos no es una amenaza a la humanidad, como sí lo es que el presidente o jefe de Estado de un país con armas nucleares acepte coimas y esconda fondos públicos robados descaradamente.

Prensa

#PanamaPapers: Eduardo Cunha, Joaquim Barbosa e ex-presidente do PSDB estão entre os brasileiros citados

Uma lista de brasileiros conhecidos integra o #PanamaPapers, nome dado ao vazamento de 11,5 milhões de documentos do escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca, divulgados neste domingo (3). Vários políticos do País ou pessoas ligadas a personagens da política nacional integram o material, que pode contribuir com a Operação Lava Jato.

Dentro dos 2,6 terabytes de dados repassados aos jornal alemão Suddeutsche Zeitung aparecem nomes como o do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), do ex-ministro Edison Lobão e o filho Luciano Lobão, do lobista Milton Lyra (ligado ao presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB), e dos políticos João Lyra (PSD), Newton Cardoso Jr. e o pai Newton Cardoso (PMDB), Vadão Gomes (PP), e Sérgio Guerra (ex-presidente do PSDB, morto em 2014).

Os nomes brasileiros ainda contam com os nomes de Gabriel Nascimento Lacerda, filho do prefeito de Belo Horizonte (MG), Márcio Lacerda (PSB), e do ex-ministro Delfim Netto. O ex-ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, também é mencionado no material por supostamente ter sonegado impostos relativos a um apartamento de 70 metros quadrados do qual é dono em Miami (EUA).

No âmbito da Lava Jato, a Mossack operou para pelo menos seis grandes empresas e famílias citadas na Lava Jato, abrindo um total de 16 offshores. Nove delas são novas para a força-tarefa das autoridades brasileiras. As offshores são ligadas à empreiteira Odebrecht e às famílias Mendes Júnior, Schahin, Queiroz Galvão, Feffer (controladora do grupo Suzano) e a Walter Faria, do Grupo Petrópolis.

Segundo a lei brasileira, possui uma offshore – empresa constituída no exterior – não é ilegal. Entretanto, é preciso que essa empresa esteja declarada no Imposto de Renda. Dentro da lista divulgada neste domingo, há nomes de brasileiros que declararam as suas relações com a Mossack como manda a legislação, como o de Gabriel Junqueira Pamplona Skaf, filho de Paulo Skaf, atual presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Procurados pelo jornalista Fernando Rodrigues, do UOL, um dos brasileiros que tiveram acesso à relação, todos os brasileiros citados negaram qualquer irregularidade. No Twitter, Eduardo Cunha negou ter qualquer relação com a Mossack – que implicaria em mais uma offshore dentre as várias que o presidente da Câmara tem de explicar aos investigadores da Lava Jato.

Também na mesma rede social do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, refutou ter cometido qualquer ilegalidade na compra ou pagamento de impostos do seu imóvel nos Estados Unidos.

O nome da Mossack apareceu na 22ª fase da Lava Jato, intitulada Triplo X, que buscou informações sobre um tríplex no Guarujá (SP) que, reformado pela empreiteira OAS, seria de propriedade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com os documentos deste domingo, há perlo menos 107 offshores da firma panamenha ligadas a empresas e políticos vinculado à operação que não eram de conhecimento das autoridades brasileiras.

No Brasil, a Mossack negou ter cometido qualquer irregularidade em suas operações. Todavia, a força-tarefa da Lava Jato interceptou um e-mail no qual um empregado da firma panamenha orienta colegas a esconder documentos da empresa. “Não deixe nada. Eu os guardarei no meu carro ou na minha casa”, diz a mensagem.

Panama Papers

Repassados por um informante ao jornal alemão Suddeutsche Zeitung, o caso Panama Papers compila uma lista de 14 mil empresas offshore, abertas e fechadas em 21 países diferentes, entre 1977 e 2015, pela empresa panamenha Mossack Fonseca. Dos 14 mil intermediários da firma em todo o mundo, 403 operavam no Brasil – o que coloca o País em oitavo na relação liderada por Hong Kong.

Com um volume de informações 800 vezes maior do que os dados do caso Swissleaks (a lista de clientes que possuem/possuíam contas no HSBC na Suíça), o Panama Papers contou com a colaboração de 376 jornalistas – a maioria vinculada ao Consórcio Internacional de Jornalistas Investigados – ICIJ, de 109 veículos de imprensa de todo o planeta, em 76 países diferentes. Esse grupo de profissionais passou os últimos 12 meses investigando os dados divulgados neste domingo.

Fora do Brasil, vários líderes mundiais foram ou são clientes da Mossack. Constam na relação valores referentes aos atuais presidentes da Rússia, Vladimir Putin, da Argentina, Maurício Macri, e da Ucrânia, Petro Poroshenko; ao rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud; ao emir de Abu Dhabi, aos ex-premiês da Geórgia, do Iraque, da Jordânia, do Qatar e da Ucrânia, ao ex-presidente do Sudão, e ao premiê islandês Sigmundur Gunnlaugsson.

Familiares de figuras conhecidas, como o premiê britânico, David Cameron, o presidente sírio, Bashar al-Assad, o ex-premiê chinês Bo Xilai, o ex-rei Juan Carlos, da Espanha, o ex-secretário-geral da ONU, Koffi Annan, também estão implicados, assim como artistas e figuras do esporte, como o craque argentino Lionel Messi, do Barcelona.

À agência Reuters, o diretor da Mossack, Ramon Fonseca, disse em entrevista por telefone que sua empresa sofreu um bem-sucedido, porém “limitado”, ataque cibernético. Fonseca, cofundador da firma ao lado de Jürgen Mossack, e até março importante autoridade do governo do Panamá, disse que sua firma formou mais de 240 mil companhias, acrescentando que a “grande maioria” foi usada para “fins legítimos”.

Brasil Post