Ley de nuevos impuestos convoca a ecuatorianos de vuelta a las calles

Adeptos y detractores de un proyecto económico enviado a estudio del Parlamento ecuatoriano se manifestarán hoy en Quito y otras ciudades, ante la posibilidad de elevar ciertos impuestos, que unos consideran que afectarán al pueblo, en tanto otros aseguran que buscan la equidad.

A principios de mes el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, formuló un llamamiento a sus simpatizantes a reunirse mañana jueves en la Plaza de la Independencia, frente al Palacio de Gobierno en Quito, para “defender a la patria” de una protesta opositora convocada para ese mismo día.

Opositores y críticos al Gobierno convocaron a la protesta una vez que el Ejecutivo envió a la Asamblea un proyecto de ley que, entre otras cosas, propone fijar nuevos impuestos a los cigarrillos, a los licores y a las bebidas azucaradas.

El gobernante defiende la “Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas” que presentó a la Asamblea para un trámite urgente, pues dice que esta no solo busca ingresos, sino mejorar los hábitos de consumo en la población.

Según Correa, la reforma beneficiará a los sectores populares y permitirá redistribuir los ingresos, en un momento en que el país afronta una difícil situación económica por la caída drástica del precio del petróleo, su principal producto de exportación.

El excandidato presidencial Guillermo Lasso, líder del movimiento CREO, la mayor fuerza de oposición del Parlamento ecuatoriano, ha pedido retirar el proyecto de ley de la Asamblea.

“Quiero decirle al Presidente: no provoque más a los ecuatorianos. Gobernar correctamente es aceptar errores. ¡Retire su Ley del Ahorcado!”, escribió Lasso en su cuenta de twitter.

En esa red social añadió que “la solución de los problemas económicos del Ecuador es un cambio político” y apuntó que en caso de ganar las elecciones presidenciales del próximo año, en las que quiere participar, derogará el “paquete tributario”.

También, algunos sectores empresariales han criticado el proyecto impositivo y han asegurado que este perjudicará al pueblo y encarecerá la producción, extremos que ha negado el Ejecutivo.

Como en las protestas del año pasado, las redes sociales han sido el mecanismo de críticos y opositores para convocar a una concentración en la avenida de Los Shyris, en el centro norte de la capital, donde está la sede de Alianza País, para rechazar ahora el proyecto tributario del Ejecutivo.

En la red social twitter, el asambleísta opositor Andrés Páez, ha sugerido que en lugar del cambio en los impuestos, se cierren algunas instituciones públicas, con lo que considera que “tendrán más dinero del recaudado con impuestos”.

“#nomasimpuestos mejor cierren el ministerio de felicidad (en referencia a la Secretaria del Buen Vivir), consejo de igualdad intergeneracional, Agencia Espacial y tienen suficiente dinero”, escribió.

También el oficialismo y sus seguidores han usado las plataformas virtuales para defender el proyecto de ley y secundar el llamado de Correa a la concentración en la Plaza de la Independencia.

El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, recordó en su cuenta de twitter la cita para juntarse “en la Plaza Grande y defender las reformas tributarias, que buscan equidad para todos”.

La República

Empresas alertan despidos y AP no cede en alza tributaria

Los integrantes de Alianza PAIS (AP) en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea no están dispuestos a retirar la propuesta del Ejecutivo para incrementar los impuestos a bebidas gaseosas, energizantes y de malta carbonatada, pese a que ayer acudieron representantes de los sectores azucarero, cervecero, comercial y fabricantes para anunciar pérdidas de puestos de trabajo.

Al contrario, Rosana Alvarado (AP), integrante de la mesa, insistió en que se analiza incluir a otro tipo de bebidas azucaradas, a las que se podría gravar el impuesto de acuerdo con la cantidad de azúcar, exceptuando los lácteos y productos con pulpa o fruta natural.

Sobre el impacto de las reformas en empleo y ventas anunciado por los empresarios, Alvarado respondió que siempre que se plantean reformas tributarias esos son los argumentos. “No es nada nuevo lo que hemos escuchado”, agregó.

Por la Federación Nacional de Azucareros de Ecuador, Miguel Pérez expresó que 1.700 puestos de trabajo se perderían, habría $ 18 millones en pérdidas porque se dejaría de vender 2,2 millones de sacos y cerca de ocho mil personas serían afectadas indirectamente con el alza tributaria a gaseosas.

Christian Whali, de la Asociación de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, dijo que es un impuesto más en una economía en recesión que provocará desinversión y pérdida de trabajo: 22 mil puestos de trabajo afectados.

De Cervecería Nacional, Vinicio Troncoso indicó que la cerveza es preferida por los “estratos más bajos de la población” y que, con la caída que están teniendo en ventas en los últimos meses, tendrían en juego 450 plazas de empleo por la reducción de turnos de producción, unas 7 mil tiendas se pueden ver afectadas (más de 10 mil familias). Planteó que las bebidas de bajo contenido alcohólico (de 0 a 5 grados) paguen $ 8 por litro de alcohol; las de 5 a 20 grados $ 12, las 20 a 100 grados $ 14 y que no haya alza en la cerveza de malta que afectaría la cadena de producción. Así la empresa absorbería la medida y mantendría precios.

Miguel González, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, dijo que en recesión, las empresas venden menos y el enfoque debe ser cómo reactivar la economía.

Enrique Pita, de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, hizo dos propuestas: que la transitoria que establece como fecha para la exoneración de multas y recargos y el diferimiento del pago de obligaciones al Servicio de Rentas Internas y al Seguro Social a los contratistas que no han podido cobrar se pase de octubre de 2015 (como lo establece el proyecto) a enero de 2014.

Y planteó una reforma a la Ley de Contratación Pública para que si el contratista le debe al Estado por anticipo no devengado y el Estado le debe al contratista por lo menos un 25% de lo no devengado, el contratista pueda entrar en mora respecto a los plazos y no como sería ahora que no pueden paralizar la obra y se ven obligados a conseguir dinero de su bolsillo para seguir.

Alvarado ratificó que sacarán del proyecto el impuesto a la renta (IR) las pensiones jubilares, que es inconstitucional, y se aclarará que el presupuesto de la seguridad social se exceptúa del manejo del Estado.

La Comisión prevé entregar mañana el informe para primer debate y el pleno lo trataría entre el lunes y el martes. (I)

Fe de erratas

En la edición del 6 de abril hubo un error al calcular lo que representaría la recaudación por ICE de la telefonía celular y fija. Se indicó que sería 64,48% de la meta total, y en realidad sería 35,52%. Pedimos disculpas a nuestros lectores.

El Universo