México y países de Centroamérica son los más expuestos al cambio climático y medidas restrictivas no resolverán la contingencia ambiental, considera la investigadora y académica del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Úrsula Oswald.

Durante la presentación del “Modelo Mexicano de Beneficios Compartidos en Energías Limpias” refirió que se requieren consensos entre Estado, empresas y ciudadanía, a fin de generar sustentabilidad y bienestar en la calidad de vida de los habitantes, donde las energías renovables juegan un papel crucial.

Destacó que México y países de Centroamérica ocupan la zona más expuesta al cambio climático, ya que al estar situados entre dos mares generan un enorme calentamiento que ocasionará desastres naturales, por lo que se requiere una población con mejores condiciones financieras en energías renovables.

En cuanto al transporte, resaltó, no se resolverá el problema de la contingencia ambiental “quitando carros”, se requiere mejorar el trasporte y cambiar a nuevos elementos energéticos, que nos lleve a una transición sustentable donde tendríamos por un lado mitigación, readaptación y desarrollo y por otro ciencia, tecnología y finanzas, a fin de resolver proyectos de desarrollo ambiental.

La presidenta de esta instancia legislativa, Georgina Trujillo Zentella, comentó que México tiene “una gran ventana de oportunidades” y eventos como este ayudarán a difundir la mejora al medio ambiente y a la salud, así como a brindar la oportunidad de fortalecer los resultados de la reforma energética.

Mencionó que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos consideró que dicha reforma podría aportar hasta el 0.3 por ciento adicional al crecimiento del PIB anual de México; en tanto, el conjunto de reformas en esta administración podrían representar hasta 2 por ciento más de crecimiento.

Aunado a la reforma energética, continuó, este Congreso aprobó en las leyes secundarias el uso de instrumentos como las evacuaciones de impacto social y la reglamentación de los procesos administrativos y judiciales para la resolución de diferencias entre empresas productivas del Estado, privadas y los sujetos de derecho agrario.

Sin embargo, acotó, la historia nos ha mostrado que los mercados dependen no sólo de leyes, sino de confianza entre los que participan en ellos.

Para crear un nuevo mercado es prioritario construir esa confianza y “el Estado lo logra al establecer reglas claras y ordenadas como se hizo en el inicio del mercado mayorista de corto plazo de energía eléctrica”, el cual, dijo, mostró que México tiene un gran potencial para el desarrollo de proyectos de energías renovables competitivas.

Todo ello se suma a una tendencia mucho más amplia de inversión para la modernización del sector eléctrico, añadió.

“Ahora toca a todos los sectores involucrados en el aprovechamiento de los recursos naturales construir los pilares del entendimiento entre comunidades y empresas públicas y privadas y, de este entendimiento, generar una visión compartida hacia el futuro local, regional y nacional hacia un desarrollo energético fructífero”, apuntó.

Destacó que en el tránsito de las instituciones del siglo XX a las del XXI se mantiene un mismo propósito: “garantizar el cumplimiento de una agenda cada vez más amplia en derechos humanos, así como ofrecer mayores oportunidades para el desarrollo económico y social de los mexicanos”.

El presidente del Consejo Consultivo de la Fundación para el Desarrollo Sustentable, Hilario Valenzuela Robles, explicó que el Modelo Mexicano de Beneficios Compartidos ayudará a cumplir metas de participación de las energías renovables establecidas en los programas del sector energético, al dotar de una visión social integrada y atraer inversiones que beneficien a las comunidades menos desarrolladas.

El objetivo, dijo, es brindar herramientas metodológicas, económicas y sociales para asegurar que los impactos de las inversiones para el aprovechamiento sustentable de las fuentes renovables de energía tengan un efecto positivo en el desarrollo local.

“Desmenuza la parte técnica de proyectos acerca del empleo, impacto en el desarrollo humano, producción y lo que tenemos qué hacer para que se cumpla, ya que entidades como Tabasco, que han dejado miles de millones de dólares al país, tienen comunidades que aún padecen deficiencias en su desarrollo”, enfatizó.

Dicho modelo, continuó, es un instrumento de análisis económico-financiero y social para fortalecer la toma de decisiones respecto de las aportaciones al desarrollo sustentable de las inversiones que, al mismo tiempo, le permite a los grupos de interés contar con elementos para un diálogo basado en el respeto integral a los derechos humanos.

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