El lanzamiento de la propuesta del Diálogo Nacional para la Reformas a la Justicia en Guatemala comienza a generar expectativa entre grupos sociales que ven efectiva la participación de los integrantes de la Secretaría Técnica.

Edgar Celada, jefe de la División de Justicia y Seguridad Ciudadana, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), consideró que la convocatoria a un diálogo nacional para la reforma del sector justicia es una noticia alentadora, pues representa una nueva oportunidad para que el Estado guatemalteco avance en el cumplimiento de compromisos ya adquiridos en esta materia, así como para poner en orden un área de la cual nace gran parte de la impunidad que aqueja a la sociedad guatemalteca.

Destacó que la iniciativa de este diálogo nazca con el apoyo de los tres poderes del Estado y el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig); el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Recordó el frustrado Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia (ANASJ), suscrito en 2009 por los presidentes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por el fiscal general.

Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), manifestó que es una propuesta “muy adecuada” y que espera sea una transformación práctica del marco jurídico guatemalteco “que permita transformar la justicia, modernizarla y hacerla accesible para los guatemaltecos”.

Indicó que “ojalá” este diálogo no quede en acuerdos que llevan a nada. “Esperamos que el compromiso sea real para la transformación de la justicia en Guatemala”, enfatizó.

METODOLOGÍA

Eleonora Muralles, presidenta de Familias y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), manifestó que “la Cicig ya tenía la iniciativa de convocar a nivel nacional a un diálogo en ese sentido, como de las leyes que tienen relación con la justicia”.

Recordó que antes de la renuncia del expresidente Otto Pérez hubo esa idea, “pero el Ejecutivo se opuso”.

Aparte, Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, declaró que será de importancia la definición de la metodología y de contenido, y que el proceso sea ágil. “Que los presidentes de los tres poderes tomen decisiones en un plazo prudencial para que sea una realidad pronto”, sugirió.

Siglo 21