Gobierno pierde apoyos de la Nueva Mayoría para control de identidad y sanción a filtraciones

El miércoles, los diputados del PS realizaron, durante su almuerzo de bancada, un crítico análisis de los dos puntos más controversiales de la agenda corta antidelincuencia del gobierno: el control preventivo de identidad y la sanción penal en caso de filtraciones de información reservada de una investigación judicial.

La bancada manifestó una posición mayoritaria en contra de ambas medidas, aunque esperan oficializar un rechazo en bloque la próxima semana, luego que estos aspectos sean revisados en las comisiones de Seguridad y de Constitución. El escenario podría provocar que la agenda corta sufra un duro revés, obligando a que deba ser analizada en una comisión mixta para zanjar las diferencias, ya que ayer se comenzó a gestar un desmarque masivo e inusual de la coalición oficialista ante una iniciativa del Ejecutivo, poniendo en riesgo parte de una de las medidas principales a cargo de la cartera que lidera el ministro Jorge Burgos.

La posibilidad de que las policías revisen la identidad de las personas, si es que existen antecedentes que permitan inferir que existe una orden de detención pendiente, genera reparos no sólo en el PS, también en el PC y sectores del PPD, PR y DC.

Los diputados PS Osvaldo Andrade -presidente de la Cámara- y Marcelo Schilling apuntaron al parecido con la detención por sospecha, criterio que ha permeado al resto del oficialismo. “Fui parte de la indicación que, entendíamos, mejoraba la redacción que nos hizo la Comisión de Seguridad, que era abusivo, pero mi impresión es que incluso esa formulación (que aprobó el Senado) es abusiva. Se está pareciendo mucho a la detención por sospecha”, dijo Andrade, mientras que René Saffirio, de la Democracia Cristiana, acusó un “Estado policial”.

Ya en el Senado parte importante del oficialismo se restó de esta iniciativa. Los legisladores socialistas y gran parte del PPD votaron en contra. Solo gracias a respaldos de la DC y Chile Vamos, el texto sorteó con éxito ese trámite legislativo.

Pero el mayor riesgo de rechazo está concentrado en la norma antifiltraciones. El papel del titular del Interior detrás de esa medida fue analizado ayer en la bancada del PS. Esto, ya que esta sanción surgió por planteamientos de Felipe Harboe (PPD), que fue secundado por otros legisladores y el fiscal Andrés Montes, en su rol de fiscal nacional subrogante. Finalmente, fue firmada por Burgos, ya que necesitaba patrocinio del Ejecutivo. Marcando un contrapunto, el vocero, Marcelo Díaz, dijo ayer que “hay tiempo en el proceso legislativo si es que se estima hacer ajustes”.

El presidente de la Comisión de Constitución, Guillermo Ceroni (PPD), logró ayer acuerdo para invitar al presidente de la ANP, Ricardo Hepp; al Colegio de Periodistas; y a la Asociación de Fiscales. Estos tres organismos han liderado las críticas a la norma que penaliza a los particulares que realicen las filtraciones, acusando un perjuicio para la labor de la prensa, que inicialmente establecía penas de cárcel para cualquier persona que revelara información, pero que los senadores se vieron obligados a corregir -excluyendo a los periodistas- debido a las críticas públicas.

Uno de los argumentos es que esto implicaría un amedrentamiento contra quienes entregan información a la prensa sobre investigaciones. Así, diputados dicen que se minimizaría la información pública sobre, por ejemplo, el caso SQM, justo la investigación en la que están involucrados prácticamente todos los partidos políticos, según consignó el fiscal Pablo Gómez en un oficio enviado a EE.UU. para solicitar colaboración.

En este contexto, a la resistencia en bloque que anunciaría el PS (que cuenta con 16 diputados) se suma la resistencia del PC (6 diputados) y del PPD (15 integrantes). “Sería ridículo que alguien sea condenado a tres años por filtrar su propia declaración, y luego sea declarado inocente en su proceso por evasión tributaria o cohecho”, dijo Pepe Auth.

A ellos se agregan los diputados del PR (6 legisladores), partido que emitió una declaración pública. También, la mitad de los diputados DC se sumaría a esta posición, es decir, 11 parlamentarios. “En los hechos implica afectar la libertad de prensa. Avizoramos un rechazo”, dijo el vicepresidente de la Cámara y militante de la falange, Gabriel Silber.

También se podrían plegar algunos de RN (cuya bancada tiene 15 integrantes). El timonel Cristián Monckeberg transmitió ayer en privado a sus cercanos que no está asegurado que vaya a votar a favor, mientras que el jefe de bancada, Germán Becker, dijo que “tenemos dudas, así que lo lógico es que se analice en una comisión mixta”. En la misma posición están los independientes Vlado Mirosevic, Giorgio Jackson, Joaquín Godoy y Pedro Browne. Y, finalmente, se suma un rechazo del diputado UDI José Antonio Kast.

Considerando los votos oficialistas en contra, se podría llegar a 54. Con los cuatro independientes mencionados se llega a 58, sin considerar los posibles rechazos de RN y de otros independientes que también han sugerido, en privado, que podrían votar en contra. Para ser aprobada, requiere mayoría simple.

La Tercera