Los generales José Luis Muñoz Licona y José Ricardo Ramírez del Cid, quienes según un informe de la Inspectoría General de la Policía Nacional publicado por el diario The New York Times participaron en los crímenes de Arístides González y Alfredo Landaverde, han calificado como “montaje” y “desinformación” todas las acusaciones que hacen en su contra.

El 15 de abril, el diario The New York Times sacó a la luz los nombres de 54 miembros de la Policía Nacional implicados en crímenes de alto impacto e involucrados activamente en los carteles de la droga.

El diario neoyorkino informó que “al general Arístides González lo mandaron a matar dos directores generales de la Policía de Honduras que dirigieron la institución entre 2010 y 2013, los generales José Luis Muñoz Licona y José Ricardo Ramírez del Cid, que, según la investigación de la propia Policía, trabajaban para el cartel del Atlántico junto con más de dos docenas de oficiales de diversos rangos”.

Muñoz Licona

En declaraciones ofrecidas ayer a periodistas, Muñoz Licona lamentó, desde San Pedro Sula, la información publicada por el diario extranjero “porque no es un trabajo que realmente se haya investigado, yo lo llamo, a veces, libelo, una desinformación (…)”.

Al ser consultado sobre si temía una orden de captura, Muñoz Licona manifestó que lo que sí le preocupa “es que no se haga bajo los procedimientos legales, que se haga de forma ilegal”.

“Para hacer un requerimiento fiscal, emitir una orden de captura, tiene que haber indicio racional de determinadas personas que hayan cometido delito, en este caso, yo estoy totalmente ciento por ciento seguro que no tengo nada que ver, no hay nada de cierto en todo lo que salió publicado”, agregó.

El medio estadounidense, basado en el informe policial, vincula a los dos altos jefes policiales con Wilter Blanco, “un tipo gordito, rudo, de pelo rapado, prófugo de la justicia y jefe del cartel del Atlántico”.

De acuerdo con The New Yok Times, Muñoz Licona recibió “bultos” de dólares que Blanco le envió desde la aldea de Planes en el departamento de Colón, para pagar a los sicarios que mataron al zar antidrogas Arístides González.

Al ser consultado por periodistas sobre si su hermano había trabajado para Blanco, Muñoz Licona no se refirió al tema y se limitó a responder que “hay cosas que hay que buscarlas dentro del informe que ellos tienen”.

Ramírez del Cid

El informe divulgado por The New Yok Times afirma que la orden de ejecutar el asesinato (contra Alfredo Landaverde) salió del general Ramírez del Cid y que el operativo era similar al del asesinato del general Arístides González”.

Ramírez del Cid, al igual que Muñoz Licona, negó su participación en el hecho delictivo.

“Bueno, para mí es una sorpresa, en el sentido de que son informes manipulados, informes elaborados de forma fraudulenta, porque ahora aparecen en un periódico internacional con fotografías, eso llama la atención y para mí eso es delicado”, dijo.

A criterio de él, “hay una mala intención” y eso le está haciendo daño.

“Detrás de esto hay algo feo, y si publican las fotografías es porque tienen algo más fuerte atrás”, agregó.

Acusa a Óscar Álvarez. Ante los medios de comunicación, Ramírez acusa al exsecretario de Seguridad ó scar Álvarez (durante el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa) de haber montado y publicado la trama.

“Puedo decir que Óscar Álvarez está detrás de todo esto” como venganza porque lo denunciaron ante el presidente Lobo Sosa.

“A nosotros, como oficiales de la institución, no nos parecía lo que Óscar Álvarez estaba haciendo (…) eran cosas irregulares, fuera de ley, se le presentó -la denuncia- al presidente Pepe Lobo y él lo cortó”, dijo.

Del Cid explicó que Óscar Álvarez “en la Secretaría hacía despilfarro de dinero y colocaba gente en las estaciones de la capital, daba miedo, había secuestros, asaltos, montón de situaciones, muertes (…).

Murillo López

El informe elaborado por la Inspectoría de Policía y que publicó The New York Times, también implica a José Murillo López en la planificación del asesinato de González y en el tráfico de drogas.

En un comunicado de prensa emitido ayer, Murillo, ahora en condición de retiro, calificó de “malévolo” el informe.

“Si hubiese tenido nexos oprobiosos con criminales, mi estilo de vida fuera otro, mis hijos hubiesen estudiado en universidades privadas o en el extranjero y mi menor hija estuviera estudiando en la Pinares”, dijo.

“Estoy a disposición del Ministerio Público para acudir a cualquier citación donde lo estimen conveniente con la esperanza de que sean transparentes y coherentes jurídicamente y que este penoso hecho criminal se esclarezca contundentemente”, dijo.

Reunión

LA PRENSA le consultó al Ministerio Público (MP) sobre si giraría requerimientos fiscales contra los oficiales señalados en el informe; pero los voceros dijeron que no estaban al tanto.

“De existir un requerimiento fiscal en contra de ellos se enviará a los juzgados competentes”, aclaró Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público.

En horas de la tarde, Ricardo Castro, director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), estuvo reunido con el fiscal general de la república, Óscar Chinchilla, pero no rindieron ninguna información respecto a lo que discutieron.

La Prensa