La magnitud del fenómeno paramilitar

Uno de los motivos principales del congelamiento en la mesa de negociación de La Habana entre el Gobierno y las Farc es que la guerrilla reclama que se le brinden garantías de seguridad y se reconozca la magnitud del fenómeno del paramilitarismo. Una petición que no es de poca monta, pues el crecimiento de estas organizaciones es innegable y hasta se han dado el lujo de decretar paros armados como muestra de su poderío y control territorial.

Este complejo panorama lo refleja el último informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), sobre la presencia de grupos paramilitares en los tres primeros meses de 2016, en los que se ha hecho evidente la arremetida de estas organizaciones ilegales. Aunque se habla de los Úsuga, los Rastrojos y de Autodefensas Gaitanistas, en realidad hay identificados 14 bloques de reductos paramilitares que operan en diferentes zonas del país (ver infografía).

Otro dato relevante del informe de grupos narcoparamilitares es que su presencia se ha extendido de forma sostenida y son 146 municipios en 22 departamentos donde se ha detectado su operación. Aunque no en todos se puede hablar de control territorial o de fuertes arremetidas armadas, sí se ha identificado su presencia y la participación en economías ilegales como el narcotráfico, microtráfico, contrabando, minería ilegal, extorsión y captura de rentas públicas a través de vínculos con políticos, lo que en su momento se llamó la parapolítica (ver infografía 2).

Eso extiende la publicación de este informe a un escenario que va más allá de la semántica. En La Habana, las Farc sostienen que se trata de paramilitares. Por el contrario, el Gobierno afirma que se trata de bandas criminales y que no se les puede dar ningún tipo de reconocimiento.

Para el coordinador de la Unidad Investigativa de Indepaz, Leonardo González, “el que ha sido paramilitar dejará de serlo el día que desmonte su estructura completa, no sólo la militar sino también la económica y la política. Hoy por hoy, siguen siendo funcionales a los intereses del capital privado, usurpan la democracia con sus agentes en instituciones públicas y actúan con el apoyo, en ocasiones, de las Fuerzas Militares y de Policía, características de los que se desmovilizaron”.

El cruce de mapas de presencia de estas organizaciones coincide en gran medida con los lugares donde operaban las autodefensas desmovilizadas durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. En conclusión, ocupan las mismas zonas, tienen las mismas relaciones económicas y políticas, y se dedican a los mismos negocios ilegales. Por eso, desde Indepaz ratifican que se trata del mismo fenómeno más allá de que el Gobierno pretenda presentarlas como pequeñas organizaciones criminales que actúan de forma aislada.

En esta coyuntura, la principal preocupación es el proceso de paz. No sólo por las dudas de las Farc de que luego de firmado el acuerdo con el Gobierno puedan ser víctimas de un exterminio sistemático, como ocurrió en su momento con la Unión Patriótica. Está también en juego la implementación de los acuerdos en temas como sustitución de cultivos ilícitos, restitución de tierras y derechos de las víctimas. En este caso se reproduciría la espiral de violencia que ha tenido el país y la idea de acabar con 50 años de guerra sería una utopía.

Con base en ese panorama nada halagüeño, la pregunta es: ¿qué se debe hacer con estas organizaciones ilegales? Para el director de Indepaz, Camilo González, es necesario plantear una negociación: “Ya cuando se dio con los paramilitares en el gobierno Uribe y quedó claro que no se les podía tratar como actor político. Así las cosas, se deben negociar garantías y beneficios penales para el sometimiento a la justicia”.

Y concluye: “Puede sonar extraño que se plantee una negociación, pero esta es la única alternativa si se quiere realmente el fin del conflicto. Está claro que la simple acción armada puede generar que caigan los objetivos de alto valor de estos paramilitares, pero siempre llega un sucesor. Hay que desarticularlos teniendo en cuenta su entramado, que va más allá de los ejércitos ilegales. Es necesario cortar sus vínculos con políticos y negocios criminales”.

Se trata de un tema que ha generado preocupación en el Gobierno en donde se ha anunciado que las bandas criminales como un objetivo de alto valor y los resultados se han venido dando, pues los máximos cabecillas han venido cayendo en la arena del combate o han sido capturados. No obstante, no se han dado los pasos suficientes en procura de desarticular sus redes políticas y económicas.

El Espectador

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