Por 87 votos a favor, el Senado de la República aprobó modificaciones al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una nueva Ley General de Víctimas que establezca la concurrencia de la Federación, los estados, los municipios y las delegaciones de la Ciudad de México en este tema.

En el dictamen se precisó que al publicarse la Ley General de Víctimas, el 9 de agosto de 2013, se dio cumplimiento al objetivo de emitir un ordenamiento y se estableció que las legislaciones locales llevaran a cabo las modificaciones legales en 180 días naturales, pero no fue posible avanzar en esta materia.

Así lo señaló la senadora perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, al explicar los detalles de esta reforma que pretende que exista una sola ley general para todo el país y se imponga en aquellas entidades donde es “ley muerta”.

A su vez, la senadora Dolores Padierna, también del PRD, apoyó la iniciativa y advirtió que este mecanismo no sirva otra vez para dilatar la eficacia de la Ley General de Víctimas. Destacó la importancia para facultar al Congreso pues “la protección y garantía de derecho de las víctimas le corresponde al Estado mexicano en su conjunto, no sólo a una instancia como se pretende exponer ante la opinión pública”.

El senador priista Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, precisó que existe una doble implicación al facultar al Congreso con esta reforma: por un lado establecer el sustento para expedir normas generales y, por otro, delimitar la libertad de configuración legislativa de las entidades federativas en esta materia.

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