Las indígenas lencas, durante un plantón frente a las instalaciones del Ministerio Público (MP), exigieron este martes que se esclarezca el crimen de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en su residencia en La Esperanza, Intibucá, el pasado 3 de marzo.

El grupo de mujeres del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), desde muy tempranas horas se instalaron frente al MP con mantas y carteles con mensajes de exigencias de justicia.
“Estamos manifestándonos para exigir el nombramiento de una comisión internacional con independencia y autonomía que investigue el asesinato de la compañera Berta Cáceres”, afirmó una de las hijas de la ambientalista asesinada, Laura Zúniga Cáceres.

Las mujeres indígenas se encadenaron y pronunciaron consignas pidiendo una investigación exhaustiva para castigar a los responsables, tanto materiales como intelectuales, del crimen de la defensora de derechos humanos y ambientalista Berta Cáceres.

“No ha habido voluntad política” del Ministerio Público y del Gobierno de investigar el crimen y “se limitan a dar comunicados de prensa y no tenemos confianza en las autoridades de que puedan investigar el asesinato”, sostuvo Zúniga Cáceres.

“La protesta es para pedir justicia por que el Ministerio Público no ha dado ninguna respuesta. Lo único que están diciendo es que las huellas se manipularon”, recordó.

Por su parte, Esperanza López, miembra activa del Copinh, dijo que han llegado hasta el Ministerio Público a ver si las escuchan, porque esa institución se ha mostrado ser inoperante.

Agregó que “no se ha hecho justicia, se equivocaron pensando que quitando a Berta esta lucha se había terminado”.

Las mujeres indígenas anunciaron que la manifestación será permanente, que estarán ahí en el Ministerio Público por tiempo indefinido.

Las protestantes consideran que ya se cumplió un mes del asesinato de Berta Cáceres y no han capturado a los responsables.

Se espera que en el transcurso de las horas y de los días, que más personas se unan a la lucha, especialmente del interior de Honduras, que llegarán a la Capital para apoyar las acciones de exigencia de justicia en este crimen de la ambientalista y defensora de los derechos humanos.

El Ministerio Público a través de un comunicado emitido el jueves 31 de marzo informó que ha identificado la participación de Didier Enrique Ramírez Acosta alias “El Eléctrico”, miembro de la pandilla MS; en el asesinato de Nelson Noé García Laínez dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Asimismo anunció que se presentó un escrito para que se le suspendiera la medida impuesta al ciudadano mexicano, Gustavo Castro Soto, para que pueda salir del país por haberse agotado todas las investigaciones y pruebas científicas, relacionadas al asesinato de la dirigenta indígena lenca, Berta Cáceres perpetrado el pasado 3 de marzo de 2016. Gustavo Castro abandonó el país el viernes 1 de abril.

En el comunicado el Ministerio Público, sostiene que en colaboración con el COPINH, se están haciendo verificaciones de algunos eventos donde la señora Bertha Cáceres recibió amenazas, dichas diligencias son parte de las ejecuciones llevadas a cabo por los expertos involucrados en la investigación, reiterando al pueblo hondureño que todas las acciones que el Ministerio Público hace están bajo el control jurisdiccional a efecto de asegurar y preservar las fuentes de prueba, respetar los derechos fundamentales de las víctimas, testigos y sospechosos.

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Mis hermanas o yo en cualquier momento podemos ser asesinadas: Olivia Zúniga Cáceres

Olivia Zúñiga alertó que en cualquier momento sus hermanos y ella pueden ser asesinados porque el Estado hondureño no ha ofrecido hasta la fecha una respuesta por el homicidio de su madre, la líder indígena Berta Cáceres.

Desconfían de que el Estado pueda ofrecerle seguridad porque las acciones demostraron la indiferencia y exclusión del proceso investigativo. Además, “manipularon la escena del crimen”, denunció Zúñiga.

En entrevista exclusiva para teleSUR, la hija mayor de Cáceres considera que este asesinato es un abanico de otras muertes violentas. De hecho, recordó que días después del crimen, mataron al líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Nelson García, quien recibió cuatro impactos de bala en el rostro.

Zúñiga denunció la manipulación del Estado con respecto al asesinato de Cáceres. “Dijeron que se trataba de un crimen pasional”.

“Tampoco enviaron comunicado en el que se descartara la hipótesis del asesinato”, indicó.

Reiteró que el Estado no se ocupa de la seguridad de los activistas porque aún cuando había medidas cautelares sobre el peligro que corría la vida de la dirigente indígena, “declararon (el Estado) que conocían el plan de asesinarla” pero no evitaron el delito.

A pesar de la fuerte presion nacional e intrenacional a un mes de la muerte de Cáceres no hay un informe oficial del Estado de Honduras

Ante el plan de las autoridades y los grandes grupos económicos para opacar el caso y no hacer justicia, “la única arma que tenemos es la de las ideas”.

Zúñiga informó que se quedaron a la espera de una respuesta del presidente Juan Orlando Hernández.

Exigencias puntuales

Una de las exigencias del Copinh es que de manera inmediata se cancelen los proyectos extractivistas concesionados a las empresas transnacionales, porque va contra los pueblos indígenas que se enfrentan al despojo y el conflicto territorial.

Aseguró que este no es el primer conflicto, al contrario, “se avecinan más batallas”.

Otro de los pedidos es la creación de una comisión investigadora internacional e independiente que tenga acceso al peritaje y que, además, sea vinculante para que pueda servir en juicio. Zúñiga explicó que cuando lo proponen el Estado sabotea para que con el silencio favorezcan a la impunidad.

Corrupción y narcotráfico

La militante y joven hondureña detalló que se enfrentan al narcotráfico y la corrupción con la extradición de funcionarios públicos a Estados Unidos (EE.UU.) Esto demuestra que esas figuras de poder tienen más control del que se imaginan.

Hizo énfasis en las decenas de asesinatos en medio de una supuesta lucha contra el narcotráfico. De esta manera, el país continuará sumido en un contexto de más violencia. Se necesita de la justicia para “vivir sin impunidad y donde se pueda vivir el libre pensamiento”.

“Está institucionalizada la persecución contra los derechos de los indígenas. Nosotros sabemos que más de 57 millones de dólares fueron destinados al triángulo norte de Centroamérica para el tema medioambiental y seguridad nacional donde se entrenan a las tropas”, agregó.

En el caso de Río Blanco había tropas entrenando, pero “realmente son dirigidas en contra de los defensores de derechos humanos. Satanizan y criminalizan” a los indígenas, denunció Zúñiga.

“Ahora les queda el reto de la organización y generar nuevos mecanismos de defensa”, indicó.

Indefensión de los líderes indígenas

Para Zúñiga esa defensa debe ir de la mano con la convicción de que el pueblo salva al pueblo, porque “lo que quieren (potencias de Occidente y grandes grupos económicos locales) es militarizar nuestras vidas” sin atacar la raíz de los problemas territoriales.

Buscan “meter presas a las personas que cometieron un crimen y no aprehender a los de cuello blanco”, dijo.

En ese orden, calificó de urgente crear mecanismos de defensa para la gente que merece vivir en paz. “Tenemos derecho a defender nuestros derechos sin que nos persigan”.

Las comunidades indígenas lencas, que habitan el occidente del país centroamericano, luchan en defensa de su territorio ancestral que se ve amenazado por proyectos hidroeléctricos y mineros aprobados por el Gobierno sin previa consulta.

En varias oportunidades, Cáceres denunció la expropiación de sus territorios y las carencias en los sistema de salud y agrícola. A su vez, rechazó la creación de bases militares estadounidenses en el territorio Lenca.

Berta Cáceres, recibió el premio Goldman para América Latina en el año 2015.(tomado de TeleSur)

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