Representantes de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la República Dominicana acordaron impulsar el proceso de armonización de la legislación penal para la lucha contra el crimen organizado transnacional y la narcoactividad.

La decisión fue adoptada por los representantes y delegados de las Cortes Supremas de Justicia, Ministerios de Justicia, los Ministerios Públicos, Gobernación y Seguridad Pública, Ministerios de Relaciones Exteriores, Policías Nacionales, Asambleas Legislativas de las repúblicas Dominicana, de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Asimismo, representantes de la Corte Centroamericana de Justicia (CCI), del Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), de la Secretaría General del SICA y la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).

Reconocen el compromiso asumido por cada país en el proceso de adecuación de los tipos penales y los instrumentos procesales, e instan a continuar las acciones encaminadas a culminar la armonización de las legislaciones nacionales.

Urgen a los Ministerios de Relaciones Exteriores de los países del SICA a promover la suscripción de la propuesta del Tratado Internacional relativo a la Orden de Detención y los procedimientos de entrega entre los países miembros y la del Convenio Centroamericano de cooperación reforzada en materia de lucha contra la criminalidad organizada.

Reconocen los avances en el proceso de incorporación de los tipos penales armonizados en el marco del nuevo Código Penal de República Dominicana.

El objetivo del proyecto es reforzar la institucionalidad regional y nacional en materia de Justicia y Seguridad para el combate contra el crimen organizado transnacional, mediante la mejora y creación de herramientas jurídicas consensuadas y armonizadas por los países del SICA.

El proyecto forma parte de la Estrategia de Seguridad Centroamericana (ESCA), registrándose entre sus resultados más visibles la aprobación de un marco normativo que refleja los criterios para armonizar nueve tipos penales y trece instrumentos procesales directamente implicados en la criminalidad organizada que sufre la región.

Adicionalmente, se han elaborado dos instrumentos regionales orientados a mejorar la cooperación jurídica entre los países de la región, que son la Orden de Detención Centroamericana y el Convenio de Cooperación Reforzada contra crimen Organizado.

Durante los debates, el juez de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, doctor Francisco Antonio Jerez Mena, consideró que la criminalidad organizada tiene a los países preocupados por su forma de actuar, que se torna más sofisticada cada día, situación que amerita a que sea impulsada la aprobación de estos tratados.

Por ello propuso a los organismos del SICA, remover todos los obstáculos que impidan la suscripción de esos convenios para una vez aprobados por los causes constitucionales de los distintos países miembros se pueda contribuir eficazmente a combatir el crimen organizado en la región. Dicha propuesta fue asumida por las distintas delegaciones e incluida en el acta final de la actividad.

Los países del SICA y República Dominicana celebraron un taller para el establecimiento de una estrategia de formación y difusión sobre el marco normativo armonizado en materia penal y los instrumentos jurídicos internacionales del SICA, durante una reunión celebrada los días 29 y 31 de marzo en Tegucigalpa, Honduras.

Los países participantes consideraron necesario elaborar estrategias regionales y nacionales para abordar un proceso de capacitación y formación de los operadores del sector justicia y seguridad de los países beneficiarios del proyecto para lograr la implementación eficaz de las normas armonizadas.

Destacan que con el fin de lograr la firma y ratificación de los instrumentos internacionales, se considera necesario definir la voluntad política de los Estados y rescatar el valor jurídico de los mismos, ya que brinda herramientas adicionales a los procesos existentes que cumplen con el objetivo de estrechar los espacios de impunidad que se puedan crear en atención a la internacionalización de estos delitos.

La delegación dominicana que participó en el foro estuvo encabezada por el juez de la SCJ, doctor Francisco Jerez Mena, la directora de la Escuela Nacional de la Judicatura, doctora Gervasia Valenzuela, el director de Prensa y Comunicaciones del Poder Judicial, Federico Méndez Nova; el procurador general adjunto Andrés Chalas Vásquez; la directora de la Escuela Nacional del Ministerio Público, Gladys Sánchez, la encargada de Prensa de la Procuraduría General de la República, Noemí Herrera; el encargado de Integración para Asuntos de América Latina de la Cancillería dominicana, Marcelo Alberto Salazar; el Subcomandante del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Policía Nacional, Anderson Peña Suárez, y el analista de la Oficina Técnica de Apoyo a Grandes Casos Criminales, Gilson Jáquez.

El Nuevo Diario