«Panamá Papers» y la región: gobierno panameño revisará sus prácticas legales y jefe negociador de paz colombiano admite que tuvo sociedad en el extranjero

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Panamá revisará sus prácticas legales

El Gobierno de Panamá creará un comité independientes de expertos nacionales e internacionales para que evalúe “nuestras prácticas vigentes y proponga la adopción de medidas que compartiremos con otros países del mundo para fortalecer la transparencia de los sistemas financieros y legales”, manifestó este miércoles, 6 de abril, el presidente Juan Carlos Varela, luego de reunirse con 45 representaciones diplomáticas.

En el mismo acto, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, comentó que se revisará “la estructura de los servicios financieros panameños”, puesta en entredicho mundialmente tras la publicación de una investigación periodística global que revelaría la creación de entramados por la firma de abogados panameña Mossack Fonseca para supuestas actividades ilícitas.

Por el momento no se ha definido quiénes serán los miembros de este comité, pero De La Guardia apuntó que “serán personas de muy alto perfil a nivel local e internacional”. Los representantes del Gobierno rechazaron las presiones sobre Panamá a través de declaraciones mediáticas y se mostraron dispuestos a negociar con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

‘NO HAY DIFERENCIAS INSALVABLES CON LA OCDE’

El Gobierno de Panamá mostró su disposición a dialogar con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para “alcanzar acuerdos que contribuyan al desarrollo económico de nuestros países”.

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, dijo este miércoles, poco después de reunirse con 45 representantes diplomáticos en Panamá, que solicitó a la canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado que se ponga en contacto con los países miembros del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Fiscal y la OCDE para acercar posiciones.

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, explicó en el mismo acto que “Panamá hará todos los esfuerzos por negociar y transparentar su sistema financiero y legal. No hay diferencias insalvables con la OCDE. Es cuestión de sentarse a negociar y buscar puntos en común”.

El pasado lunes, el secretario general de la organización, José Ángel Gurría, se refirió en un comunicado a Panamá como “el último gran bastión que continúa permitiendo que los fondos sean escondidos de autoridades fiscales”.

Dijo que a través del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Fiscal se ha advertido sobre los riesgos de países que, como Panamá, no cumplen con los estándares internacionales de transparencia fiscal e instó al país a “poner la casa en orden, implementando inmediatamente estos estándares”.

Esto sucedió luego de hacerse pública una investigación global sobre los entramados de sociedades creados por la firma panameña de abogados Mossack Fonseca para supuestamente cometer actos ilícitos.

Además, el Gobierno francés dijo que volvería a incluir a Panamá en su lista de paraísos fiscales y pidió al resto de países que integran la OCDE que hicieran lo mismo.

Según explicaron a La Prensa fuentes del Centro de Políticas Fiscales y Administración del ente internacional –encargado de promover políticas de transparencia financiera– en estos casos “nunca se toman decisiones de emergencia” promovidas por un solo país.

La organización hará oídos sordos ante las presiones del ministro de Finanzas, Michel Sapin, para reinscribir a Panamá en la lista de territorios no cooperativos en materia fiscal, confirmó la fuente.

Preguntados sobre si iban a tomar en consideración las declaraciones del titular de economía francés, detallaron que no hay ningún movimiento en esta dirección, porque “no es una tarea que compete exclusivamente a la organización. Son decisiones consensuadas entre los 133 países que pertenecen al Foro Global”, agregaron desde la entidad con sede en París.

La opinión de la OCDE no ha cambiado, pero podría hacerlo durante la reunión del G20 en Washington, Estados Unidos, de la semana que viene, que coincide con las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. “Este será el escenario perfecto para hablar de Panamá”, según confirmaron las fuentes.

Varela hizo una fuerte defensa de los avances de Panamá en los últimos años para mejorar su sistema legal y financiero. Recordó que desde enero, con una modificación al régimen de acciones al portador, “atendimos la necesidad de dar certeza a la identificación de los propietarios de las acciones de las sociedades anónimas”.

En febrero, el país salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional y anteriormente había superado la fase 2 de la revisión paritaria del Foro Global, “con lo cual, la comunidad internacional validó que nuestro marco legal cumple con los estándares internacionales”.

Por su parte, el ministro Alemán dijo que se han hecho múltiples modificaciones con miras a dar más transparencia al sistema legal y financiero. “Estamos abiertos a perfeccionar nuestros instrumentos jurídicos”, apuntó.

Para lograrlo, a través de la Cancillería se creará un comité de expertos para evaluar las prácticas vigentes y la estructura de servicios legales del país.

La Prensa

Colombia – ‘Panama Papers’: jefe negociador De la Calle acepta que tuvo sociedad en el extranjero

Las revelaciones de los ‘Panama Papers‘ han causado revuelo a nivel global. Desde políticos hasta deportistas y artistas de varias partes del mundo han figurado en la lista de clientes de la firma panameña Mossak Fonseca, los mismos que están ahora bajo el escrutinio público por usar paraísos fiscales para, presuntamente, evadir el pago de impuestos en los países de origen de las personas que hicieron uso de sus servicios.

En ese marco, en la noche de este miércoles hubo un pronunciamiento inesperado. Fue por parte del jefe negociador del Gobierno en el proceso de paz, Humberto de la Calle, quien señaló que dadas las recientes noticias sobre los «vínculos de colombianos con sociedades panameñas» quiso hacer unas aclaraciones.

El alto funcionario aceptó que en el pasado constituyó una sociedad familiar llamada Davinia, que tenía como fin servir de tenedora de su patrimonio familiar.

Aseguró que la estableció por razones de seguridad y de confidencialidad y que al momento de hacerlo la registró ante el Banco de la República, a principios de 2009.

Según De la Calle, la sociedad también fue declarada anualmente ante la Superintendencia de Sociedades y la autoridad tributaria.

Agregó que Davinia «no tuvo cuentas bancarias, ni generó ingresos de ninguna índole, ni hizo préstamos, ni realizó operaciones lucrativas». Y aclaró que los impuestos relacionados con ese patrimonio «fueron pagados en su totalidad y de forma oportuna».

Asimismo, señaló que la sociedad no existe en la actualidad y que su patrimonio fue incorporado a una colombiana que pertenece a su núcleo familiar y está legalmente registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Ante el escándalo de los ‘Panama Papers‘ el alto funcionario indicó que si bien apoya el trabajo periodístico dirigido a hacer pública toda la información que arrojó la investigación, considera que se ha «creado una situación injusta que viola los derechos de algunas personas reportadas» porque se han «puesto en el mismo costal delincuentes con personas honradas que solo buscaron proteger la discreción de sus bienes».

Según la organización Connectas, en los ‘Papeles de Panamá‘ aparecen 850 colombianos. Algunos nombres se han conocido en los últimos días. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, el de Humberto de la Calle no ha figurado en la lista.

Vea el comunicado expedido por el jefe negociador del Gobierno en el proceso de paz, Humberto de la Calle:

7 de abril de 2016

Con respecto a las recientes noticias sobre los vínculos de colombianos en sociedades panameñas, me permito informar lo siguiente:

-Hoy no tengo ninguna relación con sociedades panameñas ni con ninguna otra sociedad extranjera actualmente vigente.

-Por razones de seguridad y confidencialidad, en el pasado constituí una sociedad familiar denominada Davinia con el único fin de servir de tenedora de mi patrimonio familiar, la cual fue registrada al momento de su constitución ante el Banco de la República (principios de 2009) y declarada anualmente ante la Superintendencia de Sociedades y la autoridad tributaria.

-La mencionada sociedad extranjera Davinia no tuvo cuentas bancarias, ni generó ingresos de ninguna índole, ni hizo préstamos, ni realizó operaciones lucrativas. Durante su existencia los impuestos relacionados con ese patrimonio, ubicado íntegramente en Colombia, fueron pagados en su totalidad y de forma oportuna. Tales impuestos se liquidaron de acuerdo a la ley colombiana por tratarse de bienes en Colombia. Por lo tanto, aun si la sociedad hubiese sido colombiana, los impuestos habrían sido iguales.

-Dicha sociedad extranjera no existe en la actualidad y su patrimonio fue incorporado a una sociedad colombiana, a la cual pertenece únicamente mi núcleo familiar, la cual también se encuentra legalmente registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá.

-Al ser consultado por los investigadores de Connectas, plataforma de medios que lidera la investigación sobre el tema; y otros medios de comunicación, entregué toda la información relevante y respondí a todas las inquietudes, incluso puse a disposición mi declaración de renta.

-Apoyo el trabajo periodístico dirigido a hacer pública toda esta información. Pero considero que se ha creado una situación injusta, que viola los derechos de algunas de las personas reportadas, ya que en el entorno que se ha creado, se mezclaron situaciones diferentes, poniendo en el mismo costal delincuentes con personas honradas que solo buscaron proteger la discreción sobre sus bienes, con mayor razón en un país donde han existido amenazas permanentes a la seguridad, como es mi caso.

-En cualquier caso, toda la información relacionada está disponible para las autoridades competentes si lo consideran pertinente.

Semana

Argentina: Denuncian a Macri por la sociedad offshore

El diputado nacional Darío Martínez (FpV) presentó una denuncia ante la justicia federal para que se investigue si el presidente de la Nación Mauricio Macri cometió algún ilícito en su participación en las sociedades off shore, que se conocieron a partir del informe periodístico conocido como ‘Panamá Papers’.

En la denuncia que recayó ante el Juzgado Correccional y Criminal Federal N° 7, a cargo del Sebastián Casanello, el diputado neuquino solicitó que se investigue si Macri -en su condición de vicepresidente o director de las sociedades Fleg Trading LTD y/o Kagemusha S.A.- y el actual intendente Néstor Grindetti -usando el poder especial para manejar la empresa Mercier International- «conocieron, colaboraron, decidieron o aprobaron maniobras de lavado de dinero o evasión impositiva».

Al respecto, Martínez afirmó al canal C5N que «la gran duda para que crear cuentas en paraísos fiscales».

«Está clara, comprobada y admitida la participación de Macri como director y vicepresidente de dos sociedades en Bahamas y Panamá, que son paraísos fiscales que habitualmente se usan para el blanqueo de capitales y evasión de impuestos», agregó Martínez. El legislador propuso como prueba sendos artículos periodísticos que publicaron los diarios Perfil y La Nación.

Además, el legislador kirchnerista señaló que «la investigación periodística expuso también que el actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti, quien fue ministro de Hacienda de la gestión de Macri en la Ciudad y ex ejecutivo del grupo SOCMA-SIDECO, también tiene estrecha vinculación con una sociedad registrada en Panamá, con cuentas en Suiza.»

En esa misma línea, Martínez aseguró que «no alcanzan las vagas aclaraciones dadas oficialmente hasta el momento».

Ámbito

El oficialismo bloqueó un pedido para citar a Mauricio Macri al Congreso por Panamá Papers

De manera previsible, el debate por los «Panamá Papers» llegaron al Congreso. A poco de iniciada la sesión en la Cámara baja, una parte de la oposición puso el tema a consideración. El FIT, con Myriam Bregman como vocera, acometió contra el presidente Mauricio Macri por la revelación de que participaba de una sociedad offshore radicada en las Bahamas, vía Panamá.

«No se puede ocultar el sol con las manos. Los diarios del mundo hablan de cómo el presidente está involucrado en las sociedades off shore, esa noticia tienen en vilo a la sociedad. La Argentina está viviendo un brutal ajuste. Por eso pedimos que se discuta en el recinto la prohibición de despidos y suspensiones en vez de esta vergonzosa sesión, en la que se discutan los DNU del verano que permitieron a Macri gobernar de forma ilegal», advirtió Bregman al plantear una moción de orden que reclamaba la presencia de Macri en el Congreso.

Desde el Partido Obrero, Néstor Pitrola también reclamó que comparezca el presidente ante la Cámara de Diputados para «que dé explicaciones por sus empresas off shore y que esta cámara tenga el total de las actuaciones para conocer el conjunto de la información».

El pedido requería un apartamiento del temario previsto para la sesión, cuestión que requería el apoyo de tres cuartas partes, un número al que ninguna fuerza parece en condiciones de llegar. Tal situación mereció una observación del radical Mario Negri, jefe del interbloque Cambiemos, quien advirtió la demora que ocasionarían solicitudes de esa naturaleza en el futuro.

La votación de salirse del orden del día no dejó margen a dudas: 89 diputados apoyaron la moción de Bregman, mientras que 131 positivos y 16 abstenciones, según consignó el sitio Parlamentario.

InfoBae

“Panamá Papers”: Brasil é o pais lusófono com mais casos referenciados

O Brasil é o país lusófono com o maior número de empresas referenciadas nos 11,5 milhões de documentos da investigação conhecidos como “Panamá Papers” sobre ‘offshores’, de acordo com os dados divulgados pelo jornal Irish Times.

O Brasil surge com 1.399 companhias referenciadas nos documentos da sociedade de advogados Mossack Fonseca, uma empresa especializada na gestão de capitais e de património, que estão na base de uma investigação jornalística e contêm informações sobre mais de 214 mil ‘offshores’ em mais de 200 países e territórios.

De acordo com os mesmos documentos, a empresa do Panamá tem no Brasil 40 clientes, havendo ainda neste país 292 “beneficiários” e 1.659 “accionistas”.

Segue-se Portugal, com 244 empresas, 34 beneficiários, 23 clientes e 255 accionistas, e Angola, com dez empresas, um cliente, 18 beneficiários e 40 accionistas.

Moçambique aparece referenciado com três empresas, três clientes, dez beneficiários e 18 accionistas, enquanto Cabo Verde somente com accionistas (27) e a Guiné-Bissau com um beneficiário e um accionista, tal como sucede com a Guiné Equatorial.

São Tomé e Príncipe e Timor-Leste não são referenciados no mapa-mundo interactivo produzido pelo Irish Times, que apenas apresenta os números sem detalhes.

Macau, recorde-se, aparece referenciado com 25 empresas, quatro clientes, 22 beneficiários e 233 accionistas nos dados divulgados pelo Irish Times, jornal que integra o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ, na sigla inglesa), com sede em Washington.

Os “Papéis do Panamá” são o resultado da maior investigação jornalística da história e foi divulgada no domingo, pelos membros do ICIJ. Na investigação são destacados os nomes de 140 políticos de todo o mundo, entre eles 12 antigos e actuais líderes mundiais.

Ponto Final

El Salvador: En el entorno de Funes hay Socios de “Offshores”

Dos personas del entorno del expresidente Mauricio Funes Cartagena son parte de la lista de salvadoreños con empresas “offshore” en el escándalo denominado “Panamá Papers”.

Se trata de José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, a quien Funes nombró como presidente del Cifco, y de Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, quien es la madre del hijo menor del exmandatario. Ambos, según la publicación del periódico digital El Faro, inscribieron empresas “offshore” en el bufete Mossack Fonseca y hasta comparten prestanombre en una de ellas.

Mecafé, quien fue uno de los financistas y de los rostros más notables de “los Amigos de Funes”, movimiento que lo impulsó y contribuyó a llevarlo a la presidencia para el quinquenio 2009-2015, contrató los servicios de Mossack Fonseca para crear en 2012 la sociedad Headford Business S.A., con un capital autorizado de $10,000.

En El Salvador, Miguel Menéndez, es el propietario de la empresa Cosase, compañía de seguridad privada que obtuvo millonarios contratos con el Estado por un aproximado de $24 millones durante la administración de Mauricio Funes.

Tres meses después de crear la primera empresa offshore en Panamá, Menéndez creó Rayne Services Corp., asegura El Faro, que tuvo acceso a los millones de documentos extraídos del bufette Mossack Fonseca y que fueron analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), e iniciada por el diario alemán Süddeustche Zeitung.

Rayne Services Corp. “fue creada a partir de las sociedades panameñas Dubro Limited S.A. y Aliator S.A, otras empresas shell de Mossack Fonseca que permiten comprender el esquema de prestanombres, e indirectamente la conexión hasta el spa de Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, una mujer que mantuvo una relación personal con el expresidente Funes durante sus años de gobierno, para el que éste gestionó un pasaporte diplomático en aquellos años y que, según reflejan las declaraciones de Probidad del exmandatario, tiene un hijo con él”, señala el reportaje de El Faro.

De acuerdo a la investigación, la empresa offshore Latin American Spas Inc. está a nombre de Guzmán Sigüenza, pero el bufete salvadoreño Rusconi, Medina y Asociados, socio de la firma regional Central Law, contratado por Mecafé acá en el país para realizar esos trámites en Panamá, contrató un prestanombre ligado a la empresa deGuzmán Sigüenza.

“A finales de 2013, Medina solicitó a Mossack Fonseca el cambio de agente residente -la administración de la sociedad- para Headford Business. La sociedad pasó a ser controlada por el bufete CPA/Tax Chambonett y Asociados. El acuerdo, incorporado al registro panameño en enero de 2014, muestra como nuevo presidente de la junta directiva a Raúl Elías Berrío Castillo, un empleado de CPA”, explica El Faro.

Berrío Castillo también aparece como directivo en Latin American Spas Inc, la empresa de Guzman Sigüenza.

Ese acuerdo quedó guardado en los registros de Mossack Fonseca y en octubre de 2015; es decir, dos años después, cuando Mauricio Funes ya no era presidente, otra ejecutiva de Mossack Fonseca inició un trámite para incorporar una sociedad administrada por CPA a la lista de clientes de Mossack Fonseca.

Estaba previsto que utilizaran a las mismas sociedades Dubro Limited S.A. y Aliator S.A, con las que se creó Rayne Services, para recibir a la offshore panameña World Product Supply Corp.

No obstante hubo un reparo dentro de Mossack Fonseca.

“El departamento de Quejas de la firma panameña encontró una coincidencia que requería más papeleo: la operación incluía a una persona que, según los registros de Mossack Fonseca, estaba expuesta políticamente: Ada Mitchell Guzmán Sigüenza”, refiere El Faro.

“Según estos correos, en poder de El Faro, Medina quería una solución para enviar dinero desde empresas offshore en Luxemburgo y Panamá a empresas offshore en Panamá y una regular en El Salvador…”, añade.

Medina explica con detalle el uso estimado anual que tendría la cuenta.

“Seis transacciones internacionales con cantidades máximas de $900,000, dos transferencias locales con cantidades máximas de $600,000 y transferencias internas -entre sociedades- de hasta un máximo de $50,000”, revela el reportaje periodístico.

Un dato interesante que se revela en el reportaje, es que el 11 de septiembre de 2012, tres meses después de haber adquirido la sociedad offshore Headford Business S.A., y otorgado el poder a nombre de Mecafé, el abogado Medina solicitó un nuevo poder a nombre de Luis Roberto Sandoval Ayala, a quien la junta directiva de Headford le autoriza a “administrar la sociedad sin limitación alguna”, dice la publicación.

Esta persona, según el mismo reportaje, es un motorista, originario de Candelaria de la Frontera (Santa Ana), y que según la misma investigación periodística, fue uno de los directivos fundadores de la empresa Subes El Salvador, que tiene participación en el Sistema de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss), que se impulsó durante la administración de Funes.

El Salvador

Perú: Fiscalía y Sunat confirman investigación a involucrados en Panama Papers

Si bien invertir en una offshore no es un delito, hay quienes aprovechan los nulos controles al origen de los capitales de este tipo de operaciones para llevar dinero ilícito a paraísos fiscales y así evitar el control de los gobiernos. Por lo que tras las revelaciones de los Panama Papers, la Fiscalía de la Nación y también la Sunat decidieron investigar formalmente a los peruanos involucrados en este tipo de operaciones.

De acuerdo con el jefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Martín Ramos, en el ente recaudador se ha creado un equipo especial para revisar los documentos filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca pues algunas de las personas mencionadas coinciden con los casos de incremento patrimonial no justificado que ya se han identificado en el Perú.

El año pasado, la Sunat detectó a 17 mil personas con indicios de patrimonio sin justificación con base a información del impuesto a las transferencias financieras (ITF), predios, notarios y cruces con otras instituciones nacionales y extranjeras. Ramos precisó, al portal Ojo Público, que los ingresos vienen del exterior, así como de rentas no declaradas.

“Tenemos conocimiento de algunos gerentes de empresas transnacionales que recibían sus bonos de éxito en el exterior, muchas veces en paraísos fiscales. Además, los hemos listado y detectado que desde territorio nacional han salido 212 millones de soles hacía paraísos fiscales del extranjero, dinero procedente de personas naturales. Por ejemplo, el principal destino es Islas Caimán con 197 millones de soles enviados”, detalló.

En el caso del Ministerio Público, la pesquisa estará a cargo de la Fiscalía de Lavado de Activos. Según el diario Perú21, Yovana Mori es la magistrada que ya dirige la indagación preliminar sobre los ciudadanos peruanos involucrados con Mossack Fonseca.

La citada instancia recurrirá a mecanismos de cooperación internacional para pedir a las autoridades panameñas mayor información que ayude en la investigación. En el proceso, la indagación también involucrará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintedencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Los Panama Papers han revelado los nexos con paraísos fiscales de los financistas de la campaña de Keiko Fujimori, de los socios y exministros del expresidente Alan García, del candidato a la reelección parlamentaria Virgilio Acuña (hermano de César Acuña) y además mencionan al expremier y candidato presidencial, Pedro Pablo Kuczynski.

Poder

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