Macri será denunciado ante la Justicia por las sociedades offshore

El abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat, adelantó que ya está preparando una denuncia contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri, por su participación en distintas sociedades offshore dadas a conocer por la investigación periodística conocida publicamente como “Panamá papers”.

“Voy a esperar al día lunes para ver si no lo hace un fiscal de oficio, que es su obligación”, dijo Barcesat en diálogo con el diario económico Ámbito Financiero.

Hasta ahora se conoce la participación de Macri en las sociedades Fleg Trading Ltd. y Kagemusha S.A., ambas registradas en el paraíso fiscal de Panamá. En ellas también aparecen los nombres de su padre, Franco Macri, y otros de sus familiares.

La sociedad Fleg Trading fue constituida en 1998, radicada en las Bahamas, y disuelta en 2009. En ella también aparece el nombre del hermano del Presidente, Mariano. Por otro lado, Kagemusha fue creada en 1981 y tiene estatus de activa, por lo cual no comparte la característica de no seguir operando, como la primera. En esta última está mencionado otro hermano de Macri, Gianfranco.

“Hay un delito base que es evasión fiscal agravada, que es bastante importante, y luego viene lavado de dinero proveniente de actos ilícitos. Habrá que ver cuáles son los actos ilícitos, si contrabando, tráfico de armas, narcotráfico, todo dependerá de la investigación”, dijo Barcesat a Ámbito Financiero. Además, el constitucionalista pedirá que se verifique si el Presidente está vinculado o no a otras sociedades. “Eso está pedido en otra actuación de hace tres años radicada en el juzgado de Luis Rodríguez y no hizo nada. Ahora con esta información nueva podría activarse”, informó.

Info News

Macri aseguró que está “tranquilo” por el Panamá Papers

El presidente Mauricio Macri pidió en la provincia de Córdoba “dejar de criticar por criticar” y subrayó que “en la Argentina se terminó la impunidad”, aunque eludió referirse a la polémica por la filtración de los Panamá Papers y se limitó a resaltar que está “tranquilo”.

“Hay que dejar de criticar por criticar y dejar de obstruir por obstruir”, sostuvo el mandatario al participar del Foro de Intendentes Radicales en el distrito cordobés de Río Ceballos.

Anteriormente, el Presidente había encabezado por la mañana una reunión de Gabinete en la Casa Rosada y luego se había trasladado a la planta industrial de la empresa FIAT-Chrysler en la Ciudad de Córdoba, en donde anunció inversiones de la firma automotriz.

Al ingresar al predio donde se realizó el encuentro radical, Macri destacó que está “muy lejos de un ilícito” y ratificó que se siente “tranquilo”.

En su breve discurso ante casi 300 jefes comunales enrolados en el la Unión Cívica Radical, su socio en el frente Cambiemos, el jefe de Estado destacó que “es muy importante decir que en la Argentina se terminó la impunidad”.

“Cada uno va a ser responsable de las cosas que haga”, agregó Macri, quien se retiró para volver a Balcarce 50 y reunirse con la vicepresidenta, Gabriela Michetti; el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; y los jefes de bloques del Senado Miguel Ángel Pichetto (PJ-Frente para la Victoria); Ángel Rozas (UCR); Adolfo Rodríguez Saá (Peronismo Federal).

Sin pronunciarse sobre el denominado Panamá Papers, ni dialogar con la prensa, Macri manifestó que “tiene que funcionar la independencia del Poder Judicial” e indicó que su gestión avanza en que “toda la información pública esté abierta para que cualquier ciudadano pueda controlar”.

En su discurso ante el Foro de Intendentes Radicales, Macri remarcó que los gobernantes tienen obligación de “responder a todos los requerimientos de la Justicia para que las causas avancen”.

Después de la reunión matutina con su equipo de trabajo en la Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había respaldado al mandatario: “Estamos está tranquilos de que el Presidente no tiene ningún activo no declarado”.

“Dejamos claro y estamos convencidos de que el Presidente ha declarado todos los activos suyos siempre. El Presidente no tiene ningún activo que no haya sido declarada”, había destacado el ministro coordinador.

Diario UNO

Panamá no es un paraíso fiscal

El Gobierno estudiará la implementación de políticas de retorsión contra los países que incluyan a Panamá en listas de paraísos fiscales, tras conocerse la trama de corrupción mundial a través de sociedades offshore creadas por la firma Mossack Fonseca.

La medida apunta en primera instancia contra Francia, que anunció que incluiría a Panamá en una lista discriminatoria, dado que, según el ministro de Economía galo, Michel Sapin, el país no ha cumplido con compartir información fiscal, como se había comprometido en un acuerdo bilateral.

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, fue el primero en responder. ‘Panamá tiene leyes para responder a estos atauqes con medidas de retorsión y vamos a estudiarlas’, dijo en una rueda de prensa este martes, junto con el minsitro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia; el canciller encargado, Luis Miguel Hincapié, y Gian Castillero, asesor legal de Relaciones Exteriores.

La aplicación de una norma de retorsión, establecida en la Ley 58 de 2002, es un proceso que bien se podría extender seis meses, dado que debería ser consultada con el Estado al que se sancionará.

Una vez decidido, debe ser aprobada, en primera instancia, por los ministerios de Comercio e Industrias, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas, y en segunda instancia, por el Consejo de Gabinete y el presidente de la República.

La medida implica que las empresas francesas no puedan participar en licitaciones públicas panameñas. Si es en sociedad, las empresas galas no podrían tener más del 10% del consorcio que postula por un contrato.

Así las cosas, compañías como Alstom, que provee de trenes a la Línea 1 del metro de Panamá, serían inhibidas de competir nuevamente.

Una eventual medida de este corte afectaría más el flujo del comercio de Francia a Panamá que viceversa. De acuerdo con la Contraloría, el país importa 109 veces más lo que exporta a París.

En los tres primeros trimestres de 2015, se vendieron productos a los franceses por el valor de apenas $1.5 millones, mientras que el comercio desde Francia hacia Panamá representó $163.8 millones.

Antes de tomar la decisión, el Ejecutivo convocó al embajador de Francia Phillipe Cassenova, a una reunión en Cancillería este miércoles, para confirmar si la intención de su gobierno es real.

‘No se trata de citar ni de convocar’, replicó la Embajada a través de redes sociales, lo único que cabe es el diálogo, añadió.

Por lo pronto, el Ejecutivo no sólo convocó a Francia, sino a todo el cuerpo diplomático acreditado en Panamá para atender el tema.

Evidentemente molesto, el ministro de Economía y Finanzas desestimó la argumentación de su homólogo parisino. Según él, de 32 solicitudes de intercambio de información fiscal, 30 han sido resueltas (aunque nunca aclaró si a favor o no), y solo las dos restantes, que ingresaron en enero, siguen pendientes. El Gobierno aseguró también que el escándalo —cuyo nombre, ‘Papeles de Panamá’, cuestionan— no motivará cambios en la política fiscal del país.

‘Cada país es soberano de establecer sus leyes fiscales… y Panamá no es un paraíso fiscal, tres cuartas partes de los ingresos del Estado provienen de los impuestos que pagan nacionales y extranjeros residentes en el país’, insistió De La Guardia.

El Gobierno insiste en que Panamá no es el único involucrado en la denuncia periodística. ‘Se mencionan otras 21 jurisdicciones que no son cuestionadas. Esto no se trata sobre Panamá. Esta es una responsabilidad compartida entre todas’, replicó Gian Varela, quien representa a Panamá en las negociaciones con la OCDE, que reclama mayor colaborción.

Los principales partidos políticos de oposición urgieron al Gobierno a responder con firmeza, y a abrir camino para la investigación que el Ministerio Público ha empezado contra Mossack Fonseca.

Cambio Democrático instó a unas pesquisas ‘profundas’ y descartó que la investigación internacional sea un ataque contra el Centro Financiero, mientras el PRD exigió a la administración Varela a dejar a un lado sus vínculos políticos con Ramón Fonseca Mora y aclarar el caso.

ADOLFO LINARES

‘El camino correcto es mantenerse firmes’

‘Es un asunto de soberanía’, expresó el abogado Adolfo Linares, quien en forma tajante indicó a La Estrella de Panamá que el istmo no debe doblegarse ante las presiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

‘El punto es que hay que defenderse porque al final la diplomacia es reciprocidad. Escuchar al director de la OCDE decir que Panamá no ha cumplido con ninguna norma, cuando tenemos más de 20 años tratando de ser cooperadores -a pesar de que no nos sirva la información que recibimos- te das cuenta de que no estamos siendo valorados por nuestro esfuerzo, sino simplemente por intereses mezquinos de ellos mismos. Los países no tienen amigos’, dijo el abogado.

Linares criticó la actuación de potencias como Francia y el Reino Unido, países que, asegura, son los que presionan a la OCDE porque sus políticas fiscales han fracasado.

A Panamá no le conviene doblegarse como lo hizo Suiza, que tuvo que desclasificar nombres de los cuentahabientes de varias nacionalidades que guardaban sus fortunas en ese país.

Linares calificó la postura de la OCDE como un ataque al corazón del sistema financiero panameño.

RESPUESTA

Fonseca Mora: ‘el único delito aquí es que se violó información confidencial’

El abogado Ramón Fonseca Mora demeritó la investigación mundial que revela las miles de sociedades offshore que su firma, Mossack Fonseca creó para políticos, empresarios, artistas y deportistas de todo el mundo, y aseguró que el único delito demostrado ‘es el de violación a la privacidad’ de su compañía.

Según Fonseca Mora, la mayor parte de las sociedades a las que hacen mención los reportajes fueron creadas antes de 1980, cuando aún no estaba contemplado por ley el protocolo de ‘due dilligience’ o conozca a su cliente. De todos modos, dijo en una entrevista con la estadounidense CNN en Español, ninguna autoridad le ha solicitado información sobre las compañías que ha creado. Su planteamiento fue respaldado por el Colegio Nacional de Abogados, que consideró como ilegal la ‘sustracción’ de información de la firma del exasesor del presidente Juan Carlos Varela.

En un comunicado, el gremio exigió al Gobierno interponer procesos penales y civiles contra los Estados que hayan participado en este ‘crimen’ contra la imagen del país.

La Estrella

Perú: Las corporaciones del sobrino de Yoshiyama en EE.UU. y sus aportes a Keiko Fujimori

Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del exministro Jaime Yoshiyama y aportante a la campaña de Keiko Fujimori, no solo constituyó dos compañías offshore en las Islas Vírgenes Británicas y las islas Seychelles, como evidencian los Panama Papers. Además, ha domiciliado tres compañías y entidades legales en Miami a pesar de no residir en EEUU.

Entre ellas se encuentra Lukestar LLC, una entidad legal que ya no está activa y que fue constituida en 2006 junto a Juan Carlos Luna Frisancho, quien desde 2011 ha aportado a Fuerza Popular más de medio millón de soles y además es el apoderado de una entidad legal constituida en el estado de Delaware (LVF Liberty Institute) para derivar aportes al fujimorismo.

En diciembre de 2015, LVF Liberty Institute aportó 65 mil dólares a Fuerza Popular sin consignar quiénes son sus socios y aportantes, algo que a la fecha sigue siendo un misterio, ya que el estado de Delaware permite abrir una entidad legal solo a nombre de una tramitadora.

Si bien los socios de Luna en LVF siguen en la sombra, cada vez hay más luz sobre la relación entre su apoderado y el sobrino del ex ministro.

El propio departamento de Juan Carlos Luna en Miami figura como domicilio legal de Lukestar en los registros, evidenciando el grado de cercanía entre ambos socios.

Al respecto, Luna Frisancho admitió por fin a La República que el sobrino del ex ministro y él son amigos muy cercanos, y que debido a ello aceptó domiciliar Lukestar en su propio departamento.

Bajo el mismo argumento, aceptó que se convirtió en uno de los apoderados en los papeles de una de las empresas de Yoshiyama Sasaki en Perú, Laboratorios Roster. Sin embargo, mantuvo su versión de que los aportes que ha realizado a Fuerza Popular provienen de su propio bolsillo.

Esta no es la única entidad legal constituida en Miami a nombre de Jorge Yoshiyama. El 9 de junio de 2009 fue constituida Yoon Guhn Enterprises Corp, que continúa activa en la actualidad según la base de datos de libre acceso del Estado de Florida.

La más reciente es AEI Trading LLC, constituida también en Florida. En este caso, Jorge Yoshiyama tiene como socio a Maurice Winter Zussman, hijo de Mendel Winter, sentenciado junto a su hermano Samuel por la venta de acciones de Canal 2 al ex presidente Alberto Fujimori y condenado al pago de 4 millones de dólares como reparación civil.

Según el registro de deudores por delitos de corrupción del Ministerio de Justicia, los hermanos Winter deben al Estado casi el monto íntegro de la reparación civil que les impusieron los tribunales, que en total suma 8 millones de dólares.

Yoshiyama Sasaki es el actual representante legal en Perú de la empresa madre de la filial en Miami.

En nuestro país esta empresa tiene el nombre de Agro Export Ica SAC y fue constituida por Winter y su esposa, Adriana Abusada, el 2009. Esta empresa agroexportadora ha tenido como apoderado en 2012 a Yoshiyama Sasaki.

Empresario en Perú

En Perú, el sobrino del ex ministro es socio o representante legal de 7 empresas, entre ellas promotoras inmobiliarias y sociedades de inversiones. Entre ellas se encuentra Laboratorios Roster, en la que figuró también como apoderado Juan Carlos Luna Frisacho.

Llama la atención el caso de St. Gallen SA, fundada en 1997 y cuyos socios en registros públicos son el ex ministro Jaime Yoshiyama, su hijo Jaime Ernesto y su sobrino Jorge Yoshiyama. Desde esa fecha, según registros públicos, esta empresa no presenta movimientos, ya que no ha hecho ningún aumento de su capital social (de 10.000 soles).

La República comprobó que en el Estado de Delaware, en EEUU, existe una sociedad homónima (St. Gallen LLC) que fue constituida en 2012 por la misma tramitadora (Harvard Business Services) que constituyó también en Delaware LVF Liberty Institute.

Debido a la legislación del estado de Delaware, no es posible conocer quiénes son los socios de esta entidad legal, inscrita sólo a nombre de la tramitadora.

Entrevistado por La República, Luna Frisancho, el apoderado de LVF, negó haber constituido St. Gallen en Delaware y dijo no conocer a esta empresa. La República intentó sin resultado contactar en su domicilio y a través de Luna a Jorge Yoshiyama Sasaki para que informe si esta empresa es filial de la peruana.

La República es consciente de que tener empresas offshore y entidades legales en el extranjero no es ilegal siempre y cuando paguen impuestos y no existan indicios de dinero ilícito camuflado en ellas. Sin embargo, se considera que esta información es de interés público cuando los socios de estas empresas son aportantes a un partido político.

Más aún si se tiene en cuenta que, tal y como reveló La República, los ex ministros Jaime Yoshiyama y Efraín Goldenberg constituyeron en 1990 una offshore en Aruba que nacionalizó el 2012 y cuyo capital social fue absorbido por las empresas de ambos.

Hasta el momento, más de 1 millón 800 mil soles donados a Fuerza Popular desde 2011 están a nombre de los Yoshiyama y sus socios. Es el caso del propio ex ministro, su sobrino y la esposa de su sobrino (Joon Lim Lee), quienes en total han donado 630.531 soles desde 2011. También Juan Carlos Luna Frisancho, socio y amigo de Jorge Yoshiyama, ha donado medio millón de soles, y LVF Liberty Institute, que donó 217 mil más.

A ellos se suma ahora el ex congresista Carlos Blanco Oropeza, que el 2013 se convirtió en gerente de Kuresa, la empresa peruano-suiza propiedad de los Yoshiyama y los Goldenberg. Carlos Blanco y sus hijos aportaron 494.950 soles desde el 2006.

El ex ministro Yoshiyama es socio de su sobrino en St. Gallen SA

El ex ministro Jaime Yoshiyama envió una carta a La República en la que asegura no tener relación con Juan Carlos Luna Frisancho y tampoco con la corporación LVF Liberty Institute.

“Tampoco conozco todas las sociedades en las que participa el Sr. Jorge Yoshiyama Sasaki, que es un profesional solvente -dice sobre su sobrino-. Ni tampoco sé quiénes son sus socios”.

Sin embargo, él mismo es socio de su sobrino en la empresa St. Gallen SA, constituida en Perú en 1997 y que tiene como socios fundadores al ex ministro, a su hijo (Jaime Ernesto Yoshiyama Sasaki) y su sobrino. Esta empresa no registra movimientos en registros públicos desde su fecha de constitución y tiene una homónima en Delaware constituida en 2012 por la misma tramitadora que fundó LVF Liberty Institute.

El exministro hasta el momento se ha negado a ser entrevistado por La República.

La República

Gobierno y Asamblea Nacional de Ecuador investigarán vinculaciones locales de Panamá Papers

El gobierno de Ecuador y la Asamblea Nacional realizarán sendas investigaciones sobre personas o empresas que tuvieren capitales en paraísos fiscales, informó la secretaria de Gestión Política, Paola Pabón.

En tanto, el presidente de la República, Rafael Correa, reiteró que su gobierno realizará un análisis sistemático y objetivo de los 10,5 de documentos de la filtración revelada por el consorcio de periodistas de investigación ICIJ (por sus siglas en inglés) sobre los papeles de la firma panameña Mosack Fonseca.

“Seremos nosotros los que revisaremos esos papeles y estamos seguros, convencidos, que habrá no uno sino varios que para no tributar, para no dejar los recursos de ecuatorianos y ecuatorianas a través de off shores, de fideicomisos, han sacado los dineros al extranjero”, dijo Pabón a periodistas.

Explicó que la investigación se realizará desde el Ejecutivo y que conocía que la Asamblea Nacional “está generando un proceso” de análisis, aunque no dio más detalles.

“Vamos a, sistemáticamente, analizar más de diez millones de datos porque eso es lo que hay, y pese a que ellos escudriñaron todo y no encontraron nada contra el gobierno, nosotros sí vamos a decirle al país toda la verdad y quién es quién”, advirtió.

El presidente Correa destacó que la inmensa mayoría de medios, incluso con una postura de oposición, había dado un tratamiento adecuado y responsable al tema.

Anunció que se está evaluando cuál es el organismo que tiene la capacidad técnica para iniciar el análisis de los documentos, aunque adelantó que podrían ser la Secretaría Nacional de Inteligencia o la Unidad de Lavado de Activos.

“Vamos a ver quién es quién, los que tanto hablan de inversión, de amar a la patria. Vamos a ver dónde tienen su dinero, vamos a ver si pagan impuestos o no”, manifestó el mandatario desde la localidad de Pifo, al nororiente de Quito.

El director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, informó que Ecuador consta noveno a nivel mundial entre más de 300 países que tenían empresas que intermediaban a través de la firma panameña Mosack Fonseca.

El banquero y autoproclamado candidato presidencial Guillermo Lasso adelantó que él tiene una empresa dociciliada en Panamá aunque defendió la legitimidad de su acción.

El precandidato afirmó que solo una empresa está activa y es un banco formalmente establecido en la ciudad de Panamá, de nombre Banisi, debidamente autorizado por la Superintendencia de Bancos, por lo tanto no tiene nada que ocultar o no pueda explicar con absoluta transparencia, según informó diario El Universo.

Andes

México: Poderosas familias cercanas a Peña Nieto, en #PanamaPapers

Las familias Alcántara y Doporto, presentes en los más altos niveles de la política y en negocios millonarios de transporte y farmacéuticos, tienen ahora vínculos estrechos a través de por lo menos fideicomisos registrados en Nueva Zelanda y una empresa domiciliada en Hong Kong, que les ha permitido hacer todo tipo de operaciones empresariales e inversiones en diversas partes del mundo.

En su propio campo de acción y por separado, las dos familias manejan intereses de grandes alcances y tienen una agenda de relaciones con múltiples personajes y empresarios que se han traducido en mayor poder político y económico desde el arranque del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La convergencia de las dos familias quedó expuesta con la filtración de once millones y medio de archivos de la firma panameña experta en la creación de empresas en paraísos fiscales Mossak Fonseca. Los documentos, a los que Proceso tuvo acceso como parte de la investigación periodística global #PanamaPapers, muestran la comunión de intereses de las dos familias.

Los archivos de Mossack Fonseca fueron entregados de forma anónima al diario alemán Süddeutsche Zetung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, a más de cien medios de todo el mundo.

La coincidencia de las familias Alcántara y Doporto se dio a partir de la integración legal de dos fideicomisos registrados en Nueva Zelanda a nombre del abogado Luis Doporto Alejandre, y su esposa Melissa Flores Alcántara, hija de Aurora Alcántara Rojas.

Aurora Alcántara es esposa del exgobernador de Oaxaca, el priista José Murat, quien a su vez es padre del actual candidato a gobernador de ese estado por el PRI, Alejando Murat, exfuncionario de Enrique Peña Nieto.

La esposa de José Murat es hermana de Roberto Alcántara Rojas, dueño de VivaAerobús en México, director general Grupo Toluca, dedicado al transporte terrestre, y el mayor accionista minoritario de la española Prisa, editora del periódico El País.

Roberto Alcántara alcanzó esa posición en el diario español luego de que al inicio del sexenio, el gobierno de Peña Nieto le otorgó tres contratos por cuatro mil millones de pesos para el cobro electrónico del peaje en las carreteras operadas por Caminos y Puentes Federales (Capufe).

De acuerdo con los archivos de Mossack Fonseca, en septiembre y diciembre de 2012 el despacho panameño incorporó los fideicomisos Maximus Trust y Cabita Trust en Nueva Zelanda, en los que Luis Doporto Alejandre y Melissa Flores aparecen como beneficiarios finales. Para ello, Mossack Fonseca recurrió a Orion Trust (New Zealand) Limited, su fiduciario en Auckland, y puso a sus empleados de Panamá como administradores.

En ambos fideicomisos aparecen Héctor Doporto Ramírez, María del Rocío Alejandre Castillo y Aurora Alcántara Rojas –respectivamente padres y suegra de Doporto– como protectores sustitutos.

Un fideicomiso es una herramienta financiera mediante la cual se administran activos financieros en beneficio de otra persona física o jurídica. Los fideicomisos son muy utilizados para evitar el pago de determinados impuestos, sin que sus activos puedan ser perseguidos legalmente por los acreedores del fideicomitente ni de la entidad fiduciaria.

Maximus Trust sirvió a los Doporto Alcántara como beneficiarios de la empresa World Tactic Limited en Hong Kong. Esta empresa es propietaria de la marca de ropa de niños Livanna, que diseña Melissa Flores Alcántara Rojas.

En un correo fechado del 17 de diciembre de 2012, un empleado de Doporto solicitó a Mossack Fonseca abrir una empresa en las Islas Vírgenes Británicas que dependiera de Maximus Trust. También solicitó que “se abriera una cuenta con un banco Europeo, por lo que sugirieron Barclays Europa”.

Doporto utilizó ese fideicomiso para manejar directa e indirectamente algunas entidades holandesas, como Maxim Enterprises C.V., Maxim Investments y Warwick Enterprises C.V., según los archivos de Mossack Fonseca.

En los documentos de “diligencia debida”; es decir, de revisión de antecedentes, de Maxim Enterprises, que Doporto firmó en junio de 2012, el abogado indicó que necesitaba la empresa para “planeación fiscal y sacar ventajas del acuerdo de doble tributación entre México y Holanda”.

Precisó que la empresa sería utilizada para mover dinero desde y hacia México, Eslovaquia, Holanda y Suiza. Estimó que la empresa realizaría entre 11 y 100 transferencias mensuales, a través de las cuales movería entre 10 mil y 100 mil euros o dólares.

El segundo fideicomiso, Cabita Trust, fue utilizado para incorporar estructuras –con empresas y fundaciones en Suiza, Holanda y Malta, entre otros—durante las operaciones de reestructuración del sector farmacéutico mexicano.

Luis Doporto Alejandre nació en 1974 en la Ciudad de México. Estudió en la Universidad Iberoamericana, con especialidad en materia mercantil y estudios superiores en Estados Unidos y Francia. Es fundador del despacho de asesores jurídicos y financieros Doporto & Asociados, establecido en el exclusivo edificio Parque Reforma sobre Avenida Campos Elíseos, en la Colonia Polanco de la Ciudad de México. Es cliente de Mossack Fonseca desde julio de 2012, según su ficha en los archivos internos.

A diferencia de otros intermediarios del sistema offshore, Doporto & Asociados no sólo incorpora estructuras en paraísos fiscales para sus clientes, entre otros a través del despacho panameño Mossack Fonseca.

Se dedica también a buscar oportunidades de inversiones, llevar las ofertas a empresarios y otros inversionistas potencialmente interesados en participar en ellas, y eventualmente participa en la negociación y la elaboración de los contratos.

Entre su cartera de clientes destacan importantes empresarios mexicanos, como el magnate del acero Guillermo Francisco Vogel Hinojosa, director del Grupo Collado y primo hermano de Lupita Hinojosa, la difunta primera esposa de José Murat. En los documentos obtenidos por el ICIJ, Vogel Hinojosa aparece en dos estructuras incorporadas por Doporto & Asociados.

El propio Luis Doporto ha participado en algunas de los esquemas que ha creado con Mossack Fonseca, sobre todo en la reestructura del sector farmacéutico, de acuerdo con los documentos.

Es hijo de Héctor Doporto Ramírez, actual coordinador general del sector patronal del Consejo Técnico del IMSS y exsecretario de la junta directiva de la Lotería Nacional a mitades de los 90.

En septiembre pasado, a través de una estructura offshore armada por Mossack Fonseca, Doporto adquirió –por lo menos en el papel– el Grupo Marzam, número dos en la distribución de medicamentos en México.

Para la adquisición de Marzam, Doporto recibió un préstamo de 90 millones de dólares de Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón Cusi, quien es dueño del Grupo Nadro, el principal distribuidor de medicamentos en el país.

Doporto declaró a Proceso que en efecto obtuvo recursos de esa fuente, pero aseguró que la mujer no tiene ningún control sobre Marzam, pues se limitó en prestar el dinero para su adquisición. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) no supo que Matarazzo estuvo involucrada en la compra, por lo que no consideró la operación como una concentración.

Héctor Doporto Alejandre, el hermano del abogado, es el encargado de conseguir medicamentos de importación para Alianta, una filial de Savi Distribuidores, la cual estuvo inhabilitada durante cinco años para participar en licitaciones públicas, a denuncia del órgano interno del IMSS por haber falseado el registro sanitario de un medicamento suizo.

En una investigación periodística publicada en febrero del año pasado, el diario The New York Times aseguró que la familia del exgobernador de Oaxaca, José Murat tenía millonarias propiedades en el exclusivo condominio Time Warner, que domina el Parque Central de Nueva York.

Según el diario estadounidense, Melissa Flores Alcántara había comprado un departamento en el mismo condominio, colindante con otro que adquirió Ivette Morán, la esposa de Alejandro Murat, el hijo del exgobernador y ahora candidato del PRI para el gobierno de Oaxaca.

Además, el Times señaló que Vogel Hinojosa era propietario de otra vivienda en el edificio. Los inmuebles fueron valuados en más de 6 millones de dólares en conjunto.

De acuerdo con el diario, el condominio fue adquirido en 2004, cuando Murat estaba terminando su gobierno, por Nivea Management, una empresa fantasma incorporada en las Islas Vírgenes Británicas.

En los documentos internos de Mossack Fonseca aparece una compañía llamada Nivea Management Corp., que el despacho panameño creó en 2002 e incorporó al registro comercial de las Islas Vírgenes Británicas en 2004.

Esta empresa fue establecida con acciones al portador, lo que significa que no existe ningún propietario legal registrado: quién tiene las acciones entre sus manos se vuelve su dueño. En la última década, la regulación internacional sobre las acciones al portador ha endurecido mucho; se considera que son una de las herramientas más utilizadas para lavar dinero.

El mismo día que el Times publicó la investigación periodística –en la que participó la mexicana Alexandra Xanic, ganadora del Pulitzer en 2013–, Vogel Hinojosa envió un comunicado a los medios de comunicación mexicanos.

Reconoció que él era dueño del departamento 57F en el condominio Time Warner. Subrayó que su relación con Murat era “exclusivamente familiar” –“a través de mi prima Lupita Hinojosa, difunta esposa de José Murat y madre de mis sobrinos”– e insistió que “no existe ni ha existido ninguna relación de negocios ni propiedad en común”.

Húesped del Pacto por México

Al terminar su mandato en Oaxaca, Murat se dedicó a dar asesorías a varios gobernadores del PRI. Pero tras el triunfo del PRI en la elección presidencial de 2012, Peña Nieto lo designó para coordinar el acuerdo político para firmar el Pacto por México.

Con ese acuerdo, Peña Nieto logró generar un consenso entre los principales partidos políticos del país para adoptar las reformas hacendaria, laboral, educativa y energética.

Además de los condominios de Time Warner, la familia del exgobernador posee otro en la calle 55 West de la misma ciudad, así como casas en Utha y condominios en Florida a nombre de su hija Lorena Murat.

De acuerdo con el New York Times (NYT), Lorena Murat Hinojosa es la cabeza visible de la empresa de sociedad responsable Edlo LLC, con el registro L14000006743 y que actualmente se encuentra activa, a través de la cual se crearon empresas para la compra de inmuebles. La dirección con la que aparece registrada corresponde al bufete Robert Allen Law, en Miami, Florida dentro del edificio de oficinas del Four Seasons.

Según el diario Reforma, José Murat transfirió en diciembre del año pasado sus dos casas valuadas en más de 500 mil dólares cada una en Park City, Utah, en favor de dos sociedades de responsabilidad limitada (LLC) creadas en Boca Ratón, Florida, a nombre de sus cuatro hijos.

Poder mexiquense

El exgobernador impugnó la información del NYT y aseguró que esa fortuna viene de una herencia y negocios de familia. Para este trabajo se le buscó infructuosamente.

Su hijo Alejandro Murat fue nombrado integrante del equipo de transición de Peña y luego director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (NFONAVIT) desde donde se catapultó a la candidatura al gobierno de Oaxaca, siguiendo los pasos del jerarca de la familia. Alejandro Murat inició su campaña el domingo 3 de abril, el mismo día en que se dieron a conocer los principales hallazgos de #PanamaPapers.

Con su reciente boda con Aurora Alcántara, José Murat quedó muy cerca de una de las familias más favorecidas del gobierno de Peña Nieto. El exgobernador oaxaqueño se convirtió en cuñado de Roberto Alcántara Rojas, considerado como uno de los empresarios del sexenio peñista por la multiplicación de sus inversiones millonarias que han alcanzado hasta ser socio del grupo editorial PRISA que publica el diario El País.

Jefe del clan, Roberto Alcántara Rojas, es cercano a la familia Peña desde hace muchos años. Nacido en Acambay, Estado de México, el 19 de abril de 1949, es hijo de Jesús Alcántara Miranda, quien fuera presidente municipal de Acambay, dos veces diputado federal y senador (1988-1991).

Actualmente Roberto Alcántara es presidente del Grupo Toluca, principal accionista del GRUPO IAMSA, la cual tiene un portafolio de diversas empresas de transporte terrestre como Omnibus de México, ETN y Caminante. Además, es dueño de la cuarta aerolínea más grande de México, VivaAerobus que opera una flota de 19 aviones Boeing 737-300.

Fue presidente del Consejo de Administración del Banco Bancrecer entre 1991 y 1999, el cual quebró a causa de la crisis financiera de diciembre de 1994 y que fue rescatado por el FOBAPROA.

En abril de 2014, junto con su hermano el ex-diputado priista Arturo Alcántara, ganaron la concesión del gobierno federal para administrar la gestión del cobro electrónico del 49% de las casetas de México a pesar de que se denunciaron irregularidades.

El empresario del sexenio recibió en mayo del 2014 tres contratos de Capufe por 4 mil millones de pesos mediante una licitación plagada de irregularidades. En sendos reportajes publicados, Proceso (1974 y 1975) documentó el favoritismo del gobierno peñista para que Roberto Alcántara se quedara con el negocio millonario de cobro electrónico de 3 mil 800 kilómetros de autopistas.

Un mes después, el millonario empresario mexiquense que empezó hace medio siglo con el negocio familiar del transporte público, se convirtió en el mayor accionista individual de la empresa española de comunicaciones PRISA al invertir de su fortuna personal 100 millones de euros.

Su hermana María Guadalupe Alcántara Rojas es actualmente diputada plurinominal del PRI e integrante de la comisión legislativa de Transporte. Ella fue la que presuntamente vendió la casa de Manzanos 333, Bosques de las Lomas, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como lo escribió la reportera Jesusa Cervantes en el número 2025 de Proceso, en agosto del 2015.

Roberto Alcántara ha sabido invertir en política desde que el 2000 apoyó al mismo tiempo al candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, y al del PAN, Vicente Fox; desde que dio trabajo a uno de los hijos de Martha Sahagún y de esa amanera ganarse espacios en el gobierno federal.

Requeridos para esta investigación, la familia Alcántara Rojas, se negó a responder a Proceso.

El abogado Luis Doporto aseveró que solamente tiene lazos familiares y cordiales con su suegra –no mencionó el resto de la familia Alcántara Rojas– y aseguró que prácticamente no convive con Murat, el nuevo esposo de Aurora Alcántara Rojas. Insistió también en que sus relaciones con Vogel Hinojosa son estrictamente de negocios.

Proceso