Ha terminado la primera vuelta de un proceso electoral con dos lecciones fundamentales: el grave descalabro del sistema de elecciones y el ascenso fulgurante de la candidata de izquierda Verónika Mendoza, que pasó del 2 al casi 19% de la votación. Pero el voto de protesta no solo se ha expresado votando por la izquierda sino también en el alto número de ausentes, blancos y nulos que suman ocho millones de los 23 que tiene actualmente el registro electoral, casi el 35% del mismo. Asimismo, se mantiene la hegemonía de la derecha neoliberal, ya que las dos candidaturas que disputarán la elección en segunda vuelta pertenecen a estos predios.

Esto nos debe llevar a una reflexión profunda. A la vez que se confirman tendencias centrales que vienen de 25 años atrás, el país no es el mismo que antes del 10 de abril. Por una parte, tenemos que una mayoría de quienes se han expresado por alguna alternativa sigue creyendo que la solución a sus problemas viene por el lado del actual modelo en funciones, convicción en la que ha jugado un papel fundamental el oligopolio mediático imperante. Pero, por otra, el voto de protesta, en sus diversas variantes, de los que no se sienten representados por los que pasan a segunda vuelta se acerca a la mitad de la población electoral. El virus de la antipolítica que inocularon Fujimori y Montesinos parece entonces gozar de buena salud.

Esta situación reitera una crisis de representación que ya era latente en las votaciones de Ollanta Humala el 2006 y el 2011, pero que hoy tiene la gravedad de los desafectos con todo, aquellos que simplemente se alejan de la política rechazando tomar opción por tal o cual candidato e incluso —en número inédito que supera los cinco millones— ausentándose del acto electoral mismo. Gane quien gane en la segunda vuelta la crisis de representación continuará existiendo y siendo más profunda que nunca. Si a esto agregamos la crisis del modelo económico neoliberal que no tiene visos de mejorar por las condiciones del mercado mundial, tenemos la mesa servida para una crisis general de la gobernabilidad neoliberal.

A diferencia de lo que dicen Steven Levitsky de Harvard o Luis Almagro de la OEA, no hemos pasado de democracia a “semidemocracia”, teníamos y tenemos lo mismo: una democracia precaria. Tenemos lo que puede producir como política el “capitalismo de amigotes”, heredado de la dictadura de Fujimori y Montesinos, un sistema político cerrado que reprime la protesta social. Esta no fue, ciertamente, la promesa de la transición que lideró entre el 2000 y el 2001 Valentín Paniagua, pero ha sido la realidad que se han esmerado en afirmar los gobiernos de Toledo, García y Humala. No hay entonces razones para pensar que el nuevo piloto del continuismo cambie de camino.

El tiempo entonces es paradójicamente propicio. Triunfo inmediato del continuismo neoliberal pero a la vez crisis de su gobernabilidad. Toca por ello, como nunca antes, levantar la bandera de la reforma política. Esta supone reingeniería de la ley electoral y de la ley de partidos, es lo mínimo que debemos exigir para salir de la exclusión actual, pero no nos podemos quedar en ello. Debemos avanzar decididamente en la lucha por una Nueva Constitución. A pesar de las mayorías formales en el nuevo Congreso la crisis permitirá un nuevo momento constitucional en el que el debate sobre otra democracia estará nuevamente presente.

Al respecto ya aparecen dos puntos de vista que pueden llevarnos por caminos equivocados. Los que piensan que es un tema de reingeniería electoral y punto y los eternos partidarios de cualquier orden que temen a la discusión constitucional. Si nos quedamos en los afeites no lograremos nada y tendremos a la vuelta de cinco años una crisis más aguda, quizás sí definitiva de la democracia peruana. No se merece esto la celebración del bicentenario de la Independencia, pongámonos a la altura de las circunstancias.

La República