Las organizaciones indígenas del Estado Amazonas agrupadas en la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (Coiam), solicitaron al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, mediante comunicación escrita de fecha 4 de abril de 2016, adoptar medidas urgentes frente al grave y creciente problema de la minería ilegal en la Amazonía venezolana”.

Los dirigentes manifestaron preocupación por la creciente actividad minera ilegal de oro en varias zonas del estado Amazonas, la cual afecta a numerosos pueblos y comunidades indígenas de la región, por lo que hacen un llamado para que se tomen medidas efectivas que protejan la Amazonía venezolana de los severos impactos ambientales y socioculturales.

En el petitorio entregado al mandatario nacional las agrupaciones manifiestan textualmente, señalan que “durante los últimos años se ha observado un incremento de la minería ilegal en los cauces de numerosos ríos y zonas de selva alta, incluyendo la utilización de máquinas motobombas y embarcaciones con máquinas chupadoras, que utilizan métodos de dragado de las aguas de los ríos para la extracción de oro”.

Entre las múltiples preocupaciones manifiestas por las organizaciones indígenas, destaca la suma de muchas otras ilegalidades que surgen amparadas bajo la explotación aurífera, entre ellas “el contrabando de productos nacionales, el tráfico de combustible, la prostitución, la delincuencia organizada, la entrada ilegal al territorio nacional de personas foráneas sobretodo de Colombia y Brasil, la presencia de grupos armados generadores de violencia y el tráfico de sustancias prohibidas por la ley”.

El comunicado resalta que “en el estado Amazonas hay numerosas áreas protegidas como los Parques Nacionales Yapacana, Parima Tapirapecó, Duida Marawaka, La Neblina, la Reserva de Biósfera Alto Orinoco Casiquiare, Zonas Protectoras, Reservas Forestales y Monumentos Naturales, y existe el Decreto Presidencial N° 269 del año 1989, que prohíbe la minería en todo el territorio de Amazonas.

Las organizaciones manifiestan la necesidad de sentarse con el Gobierno Nacional para dialogar sobre estos problemas, especialmente con la Presidencia de la República, a los efectos de que desde el Gobierno Nacional, se puedan coordinar acciones efectivas y medidas concretas que permitan controlar y erradicar la minería ilegal en Amazonas.

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