El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunció el sábado un amplio programa de vivienda y acogida de damnificados en la zona costera del país, que el pasado 16 de abril fue asolada por un potente terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter.

El mandatario, en su habitual informe de los sábados, indicó que el programa incluye un plan de corto plazo para que los damnificados, ahora en albergues temporales, puedan alquilar viviendas o ubicarse en hogares de familias que los acojan.

Un segundo plan, de medio plazo, supone la entrega de bonificaciones para la construcción de viviendas permanentes en zonas seguras y con todos los servicios básicos.

Correa señaló que el programa se financiará con fondos de contingencia ofrecidos por organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Además, indicó que los beneficiarios deberán constar en un censo, denominado “Registro Único de Damnificados” por el terremoto, que se ha levantado en los últimos días.

Asimismo, enfatizó en que las personas que habitaban en zonas de riesgo, deberán ser reubicadas a sitios seguros. “Arreglamos ahora o nunca este gravísimo problema del país”, apostilló Correa.
El mandatario recordó que hay unas 7.000 familias de zonas urbanas devastadas que ahora se encuentran en albergues temporales, a los que se intenta beneficiar para que cuenten con una “vivienda digna” y abandonen cuanto antes los refugios.

El albergue temporal debería ser “el último recurso” y perentorio para mantener a los afectados, señaló el gobernante tras señalar que si hay personas que quieren quedarse en esos refugios, lo hagan “por el menor tiempo posible”.
Indicó que el Gobierno entregará un bono de 10.000 dólares a las familias damnificadas para la construcción de “viviendas sociales”, con un “co-pago” de 1.000 dólares por parte del afectado, que dispondrá de facilidades de pago a 36 meses y un año de gracia.
Para familias que tengan personas con discapacidad, el bono ascenderá a 11.200 dólares y un “co-pago” o contrapartida del afectado por 1.000 dólares.

Asimismo, el Estado ofrecerá un bono para reparación de viviendas, que hayan sufrido daños menores, de máximo 4.000 dólares, con un “co-pago” de 400 dólares por parte del afectado, pues se considera que un monto mayor supondría que sería mejor construir una nueva casa.
Además, se ofrecerá un bono de hasta 9.000 dólares para familias de clase media o alta que deseen adquirir viviendas de hasta 70.000 dólares.

Correa indicó que las casas edificadas por iniciativa de organizaciones no gubernamentales (ONG) o municipios, para donación a los damnificados, deben ser antisísmicas, ubicadas en zonas seguras y contar con todos los servicios básicos.

El mandatario señaló que como soluciones a corto plazo también se incluye el plan para alquiler de viviendas o pisos, en cuyo caso el Estado aportará con un bono de hasta 135 dólares.

Si los damnificadas optan por ir donde familiares, se dará a la familia que los acoja dicho bono por alquiler y 15 dólares más por los servicios básicos, además que los afectados contarán con un bono de 100 dólares mensuales por tres meses para alimentación, financiado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Correa también hizo un llamamiento a los damnificados que se encuentran aún en albergues improvisados por ellos mismos, generalmente cerca de la zona donde perdieron sus viviendas, a que acudan a los refugios oficiales que cuentan con todos los servicios básicos, incluida la seguridad.
El terremoto del pasado 16 de abril, que asoló un sector de la costa norte de Ecuador, dejó 660 muertos, 7.633 familias albergadas y multimillonarias pérdidas materiales.

El potente sismo devastó la provincia de Manabí y el sur de su vecina de Esmeraldas, donde el Gobierno planea acometer un amplio programa de reconstrucción y reactivación económica.

ElDiario


A un mes del terremoto en Ecuador, aún se cuantifican daños totales

En lo alto de la pared cuarteada de un edificio que lleva casi la mitad derrocado, un reloj público marca las siete menos un minuto. Está parado desde hace un mes y se halla en el corazón de la denominada zona cero de Portoviejo, la parte más arrasada por el terremoto de las 18:58 del pasado 16 de abril. Con una magnitud de 7,8 y una duración de 55 eternos segundos, el sismo afectó, sobre todo, a Manabí y una parte de Esmeraldas.

Aquel reloj, ubicado en el ala derecha de lo que era el centro comercial municipal de Portoviejo, señala la hora fatídica para los familiares de las 661 víctimas mortales del terremoto; para las 33.757 personas registradas como damnificadas, para los dueños de 10.924 edificaciones caídas o con daños, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

A un mes de la catástrofe, aquellas cifras, sin embargo, no son definitivas ni cuadran. La destrucción aún no ha sido contabilizada en su totalidad y según funcionarios del Gobierno central y de gobiernos municipales de la zona afectada, tomará algunos meses.

Así, por ejemplo, el informe de la Sectetaría da cuenta, hasta el pasado fin de semana, de que en Portoviejo se han inspeccionado 2.240 viviendas, de estas han detectado 279 colapsadas y 739 con daños parciales. Pero Johnny Quijano, director de Gestión y Control Territorial del Cabildo, dijo a este Diario que en esa ciudad se han inspeccionado unos 4.000 inmuebles, de 60.000 existentes. De esos, 195 colapsaron, 393 corren peligro de caer, 610 tienen daños parciales y 507 están sin afectación.

En Manta, la Secretaría de Gestión de Riesgos da cuenta de que se han evaluado 295. Hay 146 colapsadas y 124 con daños parciales. Pero el alcalde, Jorge Zambrano, explicó que hasta el jueves 12 tenían más de 500 órdenes de demolición y que la cifra aumentará porque hay más pedidos de asistencia.

Portoviejo y Manta tienen sus zonas cero. En la primera ciudad, esta comprende 32 manzanas y allí está la mayoría de las edificaciones colapsadas, algunas ya borradas. El área es totalmente restringida y es resguardada por 150 militares. Maquinaria y volquetes de dos constructoras trabajan en medio de una densa polvareda.

La demolición también avanza en las otras localidades afectadas, desde Muisne en Esmeraldas hasta Calceta, en el noreste manabita, pasando por Jama, Canoa, Bahía de Caráquez, Charapotó, Rocafuerte, Tosagua, Chone, Jaramijó. Es lo común en estos días,

A un mes del infausto suceso, el panorama que se repite en las localidades afectadas también es el de miles de personas durmiendo en veredas, en terrenos baldíos o en parques, mientras que el Gobierno se encuentra enfocado en llevarlos a albergues específicos, una especie de campos de refugiados, donde se concentra la atención.

La ministra de Inclusión Económica y Social, Lídice Larrea, dijo el jueves a este Diario que son 8.500 familias damnificadas y que el Gobierno busca llevarlas, hasta fin de mes, a los albergues organizados.

Pero aquello no lo aceptan cientos, miles de refugiados, como Omar Figueroa y casi una decena de vecinos del barrio 8 de Enero, de Manta, quienes tienen una hilera de camas en la acera. “Aquí al frente está nuestra casa caída. Si nos vamos, no hallamos nada”, afirma.

También descartan ir a un albergue María Merino y su hija. Duermen en una covacha de plástico y en el día se guarecen en una carpa, donde tienen unas sillas, un escritorio y una bandera del Ecuador en un palo. Es lo que les queda luego de que su edificación de tres plantas quedara inhabitable y la derrocaran. Tenían una imprenta y alquilaban dos cuartos. La pérdida la estiman en $ 400 mil y esperan planes de ayuda.(I)

Opiniones
Planes estatales
Bonos para reconstruir a la espera de informes
El vicepresidente de la República, Jorge Glas, anunció el jueves en Portoviejo, junto a la ministra de la Vivienda, María Duarte, la entrega de bonos de un promedio de $ 10.000 para vivienda nueva en planes estatales, en terrenos del damnificado, entre otros. No obstante, la construcción de casas no tiene fecha, pues, según Glas, depende de la inspección y aprobación de los terrenos donde se harán lotizaciones con todos los servicios y fuera de las zonas de riesgo. (I)

Registro de damnificados
Ministerio con sistema para informe unificado
El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) encabeza la articulación gubernamental para tener el denominado Registro Único de Damnificados. Este concentrará la información sobre damnificados, sobre quienes perdieron viviendas o tuvieron daños y otras consecuencias del terremoto. Uno de los requisitos para acceder a los bonos es el constar en ese registro. Las brigadas que recorren las zonas afectadas ingresan la información al sistema.(I)

Manual de demoliciones
Afectados deben seguir norma para derrocar
Para la demolición, existe un protocolo determinado que establece la gestión que debe cumplir el dueño del inmueble y los lugares donde se arrojan los materiales. Este trabajo lo ejecutan los cabildos y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Antes del derrocamiento de la casa o edificio, el dueño debe aprobar esta acción basada en un análisis técnico que indique que el inmueble no se puede recuperar; luego el Municipio emite la orden de demolición.(I)

Diversos campos
Evaluaciones se hacen por áreas específicas
Los diversos ministerios se encuentran realizando evaluaciones en sus respectivos campos de acción para determinar las afectaciones. No obstante, hasta esta semana no se han entregado informes definitivos. Pero hay sectores como el comercio formal e informal que manifiestan de que no se los está tomando en cuenta, pues según dueños de negocios, de Portoviejo, por ejemplo, que no han pertenecido a gremios y temen no estar en el registro de afectados.

ElUniverso


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