Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Cuando se vive en una democracia se pretende que ninguno de sus ciudadanos quede rezagado, que ninguno viva en desventaja, que nadie esté por encima de nadie ante la ley, que las minorías sean defendidas por las mayorías y que no sean los preceptos religiosos ni las morales personales ni las jerarquizaciones de tiempos monárquicos, sino, para empezar, los artículos de la Constitución los criterios fundamentales para conducir a la sociedad. De eso, de respetar los derechos de los ciudadanos, de reivindicar a las mujeres que han reclamado lo mínimo durante siglos –o sea, la igualdad–, se trata la conmemoración de los diez años de la despenalización del aborto.

Si en algo ha sido muy claro y muy liberal el actual gobierno, ha sido justamente en su vocación de descargar de dilemas morales e ideológicos las discusiones sobre la salud pública. En el tema del aborto, que jamás dejará de ser doloroso, las convicciones religiosas pueden conducir a que se pierda de vista que no se está hablando de una obligación, sino apenas de un derecho: nadie tiene que abortar acá en Colombia, pero, si necesita hacerlo, si su decisión guarda relación con alguna de las tres causales contempladas por la ley (cuando el embarazo constituye un peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando existe malformación del feto y el embarazo es resultado de violación o de incesto), entonces es su prerrogativa, su potestad.

Se están cumpliendo diez años de la sentencia C-355 de la Corte Constitucional, que dio paso al aborto en los tres casos citados. Y en este país, cuyo gran talón de Aquiles ha sido la enorme desigualdad en muy diversos sentidos, en esta Colombia a la que tanto le ha costado enfrentar el drama del embarazo adolescente, tendría que celebrarse como un logro que las parejas que se vean en la penosa necesidad de abortar –por salud: es por eso siempre– no terminen escondiéndose de la justicia ni exponiéndose a procedimientos clandestinos que podrían cobrarles la vida, sino acogidas por una sociedad compasiva que entiende bien que quien toma la personalísima decisión de interrumpir el embarazo lo está haciendo siempre por razones de fuerza mayor.

Es evidente que, no obstante todo lo que se ha avanzado en estos últimos diez años, aún estamos lejos de conseguir que los jóvenes tengan claro que pueden acudir al aborto cuando se encuentran en alguna de aquellas tres situaciones; estamos lejos de que todos los médicos se quiten de encima el peso moral a la hora de cumplir con la interrupción voluntaria de un embarazo (IVE), como con cualquier operación en beneficio de su paciente; estamos lejos de conseguir una sociedad en la que los menores de edad reciban verdaderas clases de orientación sexual, claves en un país de hijos no deseados, y tengan a la mano toda la información necesaria para que la ignorancia en materia de derechos reproductivos no les signe la vida desde tan temprano.

Gracias a la Corte Constitucional, a organizaciones de ciudadanos como la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres o Women’s Link Worldwide se ha estado avanzando de modo innegable, pero aún falta mucho para que la IVE deje de ser un peligro y la intimidad de las mujeres, un ‘ring’ de discusión.

El Tiempo