El Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura implementaron el martes el certificado de antecedentes del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (Sippase), que inhabilitará a las personas a acceder a cargos público cuando tengan sentencia ejecutoriada.

Para implementar el certificado se trabajó entre el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Justicia cumpliendo con la ley 348 para obtener los antecedentes penales a través del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (Sippase), dijo la ministra de Justicia, Virginia Velasco.

Explicó que de acuerdo con el artículo 13 de la ley 348, que sanciona la violencia contra la mujer, se menciona que “para el acceso a un cargo público de cualquier órgano del Estado o nivel de administración sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación, además de las previstas por ley, se considerará como un requisito inexcusable el no contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada”.

Además, el Sippase del Ministerio de Justicia certificará los antecedentes referidos a violencia para lo cual, deben depositar en el Banco Unión la suma de 25 bolivianos en la cuenta 1-8830932 del Órgano Judicial DAF Recursos Propios y 10 bolivianos a la cuenta 10000020459281 del Ministerio de Justicia.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, indico que con la implementación del sistema Sippase se podrá solicitar directamente de forma electrónica cualquier antecedente penal, para conocer rápidamente si algún individuo tiene sentencia condenatoria ejecutoriada, en delitos cometidos contra la mujer.

Recordó que las personas que tienen sentencias condenatorias ejecutoriadas, no podrán acceder a ningún cargo público. Instó a las mujeres a denunciar “sin miedo y no callar” maltratos físicos y psicológicos, para vivir libres de violencia.

Además, tendrá la facultad de crear datos de personas que ejerzan violencia contra su familia y certificará los referidos.

El Deber