Femicidios y violencia intrafamiliar: la débil estructura que protege a las mujeres en Chile

A Nabila Rifo (28) la encontraron tendida en la vía pública. Con el cuerpo hipotérmico, azotado por los 9 grados y el viento de Coyhaique. Esa madrugada del 14 de mayo, le faltaban piezas dentales, tenía fracturas de cráneo. Le habían arrancado los ojos.

Su cuerpo abandonado en la calle, abultaba una cifra negra en la región. La tasa de casos policiales por violencia intrafamiliar, es decir, el número de casos con ese motivo por cada 100 mil habitantes, es la cifra que la Subsecretaría de Prevención del Delito usa para comparar regiones entre sí.

En 2005 –a nivel país– se registraron 587 casos vinculados a violencia dentro de las familias por cada 100 mil habitantes. El mismo indicador en 2015 arrojó 682,4. En Aysén la cifra fue de 1.053 casos, muy superior al promedio nacional.

En lo que va de este año, se han producido 14 femicidios. ¿Qué hace que el problema de fondo no se detenga, que no exista una cultura diferente respecto a la violencia de género, que los medios aún cometamos el error de decir que una mujer es asesinada por celos o por amor? Para quienes trabajan en el tema hace años, la red que ha tejido políticas públicas para proteger a las mujeres sigue siendo un hilo –siempre– a punto de cortarse.

Las críticas al sistema

 Si se analiza el presupuesto que el Servicio Nacional de la Mujer destina a la Violencia contra la mujer, nos encontramos con esto: el año 2014 se entregaban para este ítem 9.086.749 (en miles de millones de pesos). El año 2015 fue de 12.328.558 (también en miles de milllones).

Si se trata de analizar las cifras, Thelma Gálvez, economista especialista en temas de género, revisa las partidas presupuestarias entre los años 2012 y 2016: “Dentro de los gastos presupuestados por el servicio para la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, las transferencias que se hicieron en 2012 al sector privado fueron de $6.889.591. En 2013 y 2014 el presupuesto se mantuvo estable cerca de los $7 millones y medio y en 2015 hubo un gran salto que superó los $11 millones. En 2016 los traspasos realizados por el mismo concepto ascendieron a $12.411.587”, detalla.

Dentro de la misma glosa –prevención y atención de la violencia de género– se indica que en 2012 las trasferencias al sector público fueron de $834.267 y en 2016 de $938.000.

Thelma Gálvez destaca el notable aumento en las transferencias al sector privado y que los montos anuales aumentaron en términos reales –es decir, más que el IPC– mientras que los traspasos al sector público fueron muy pequeños y no aumentaron en términos reales. “Es positivo que haya aumentado el dinero para el sector privado, porque la mayoría de las entidades que se hacen cargo del problema son ONG”, explica Gálvez.

Sin embargo, las críticas, que tienen distintos orígenes, estriban en que al momento de hablar de presupuesto, el cambio de escenario no puede ser sostenido solamente desde un servicio.

La economista asegura que los casos que atiende el Sernam son solo una parte pequeña de lo que ocurre en violencia. “Una mujer golpeada va al sistema de salud, recibe apoyo de Carabineros, y todo eso no pasa por el Sernam. Cuando una denuncia pasa por el sistema judicial y llega a Carabineros que atiende a la mujer violentada, lo hace con plata de su propio presupuesto, con dineros que no están destinados específicamente a atender casos de violencia intrafamiliar”, señala Gálvez, quien también señala que muchas de las mujeres que son apremiadas, por miedo o vergüenza, no denuncian a sus agresores.

La economista agrega que debería existir en el presupuesto de las instituciones que apoyan la prevención y atención de la violencia intrafamiliar un ítem específico para ello, por ejemplo, en los casos de Carabineros, la PDI y el Poder Judicial. “A veces Carabineros debe hacerse cargo de que se cumpla una orden de restricción por agresiones, pero no tiene los recursos suficientes para hacerlo”, explica.

De acuerdo a un estudio hecho por DOMOS para el Sernam en 2010, el presupuesto del servicio en violencia ese año era el 20% de la estimación hecha para el gasto total por el sector público en el tema. Así, distintos organismos públicos hacen aportes para combatir la violencia, pero no están dentro del presupuesto del Sernam.

El problema, según Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, es por qué, si los recursos vía Sernam parecen haber aumentado, “no están siendo eficaces”.

A más de dos años del Gobierno de Bachelet, el retraso en las promesas contenidas en el programa gubernamental molestan a quienes buscan disminuir a cero las cifras de violencia contra la mujer. Se prometió llegar a 48 casas de acogida para las víctimas de violencia grave y sus hijos(as). También, crear al interior de 150 comisarías del país las denominadas salas de familia, “que serán atendidas por funcionarios llamados al servicio, de modo de no afectar el desvío de personal activo policial, destinadas a la atención de casos de violencia intrafamiliar y temas de niños, niñas y adolescentes como programa 24 horas”. El programa también señalaba que se realizaría capacitación a policías, Poder Judicial y al sector salud “en la sensibilización de la problemática de la violencia de género para mejorar la eficiencia, eficacia y acogida de las familias”.

De acuerdo a datos del Servicio Nacional de la Mujer, en 2008 en Chile se registraron 59 femicidios. En 2011, cuando se registró el número más alto de casos policiales contra la mujer en Chile, se registraron 40 asesinatos a mujeres. En 2015, 45 y en lo que va de 2016, 14.

Las tasas de casos policiales por violencia intrafamiliar demostraron este panorama en el país: las regiones de Arica, Tarapacá, Atacama, O’Higgins, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén estaban –a diciembre de 2015– todas por sobre el promedio nacional.

Maturana cree que los recursos no están siendo útiles porque hay algo dentro de esta espiral de violencia que se mantiene intacto. “El Ministerio del Interior no es consistente con los derechos fundamentales en juego. Frente a una percepción de inseguridad por portonazos, la reacción es enorme, pero frente a un femicidio o a un ataque como el de Coyhaique es de un mutismo… Y estamos viendo que no solo se trata de femicidios, esto está escalando a crímenes de odio contra las mujeres. Están quemando los cuerpos, mutilándolos y ese es un mensaje para todas las mujeres, es decir, tú eres de mi propiedad, y el Estado no está respondiendo frente a esa inseguridad”.

Las tareas pendientes

La reacción, tanto del Sernam como de la propia Presidenta Michelle Bachelet, por el criminal ataque a Nabila, llegó a tiempo. “En Chile ya no hay espacio para los cobardes que atacan a las mujeres”, dijo la Mandataria. La imagen contrasta con lo vivido en ocasiones anteriores, ya que la evaluación por parte de organismos de derechos humanos es que las autoridades en general llegan tarde, “no solo porque no son reactivas a la coyuntura, sino por la mirada a corto plazo”.

En el Gobierno explican que el tema del femicidio es de alta sensibilidad, puntualmente para la ministra Claudia Pascual y que su decisión de no ser tan mediática en este tema se debe a esquivar salir en la prensa dando cuñas al respecto –salvo casos muy específicos– y eso responde a un diseño interno que busca evitar la”revictimizacion” de las mujeres afectadas.

“Ella tomó la decisión de que el Sernam sea más efectivo que efectista en este tema”, puntualizan. En el Gobierno explican que existe un plan a mediano plazo que apunta a dar un giro al tratamiento del tema, que sea más efectiva la prevención y que como Estado se pueda ir más allá de la mera condena pública.

A eso apunta el Proyecto de Violencia Intrafamiliar, que personalmente está trabajando la ministra Pascual, ya que su objetivo es que no solo se considere violencia contra la mujer aquella que sucede bajo el techo común, sino que cubra y penalice el maltrato en todo tipo de relaciones. Esta iniciativa, explicaron en el Ejecutivo, es parte de los ejes centrales de la gestión de Pascual, junto a la creación del ministerio, la despenalización del aborto y el proyecto de sociedad conyugal que pretende sacar la obligación de la autorización del marido para la administración de los bienes.

El proyecto de violencia intrafamiliar se trabaja en coordinación directa con el Ministerio de Justicia. Desde el Gobierno reconocen que hasta ahora uno de los principales escollos a sortear es la “falta de sensibilidad de género entre los abogados”, porque muchos no consideran necesaria la existencia de una Ley de Femicidio, si ya existe el homicidio como delito. “Esa es la pelea que está dando el Sernam a mediano plazo”, afirmaron en La Moneda.

A más de dos años del Gobierno de Bachelet, el retraso en las promesas contenidas en el programa gubernamental molestan a quienes buscan disminuir a cero las cifras de violencia contra la mujer. Se prometió llegar a 48 casas de acogida para las víctimas de violencia grave y sus hijos(as). También, crear al interior de 150 comisarías del país las denominadas salas de familia, “que serán atendidas por funcionarios llamados al servicio, de modo de no afectar el desvío de personal activo policial, destinadas a la atención de casos de violencia intrafamiliar y temas de niños, niñas y adolescentes como programa 24 horas”. El programa también señalaba que se realizaría capacitación a policías, Poder Judicial y al sector salud “en la sensibilización de la problemática de la violencia de género para mejorar la eficiencia, eficacia y acogida de las familias”.

Desde el Sernam señalan que durante el 2015 se crearon 8 nuevas casas de acogida, en Vallenar, Ovalle, Rancagua, Victoria, Puerto Natales, Peñaflor, Los Ángeles y Río Bueno, con lo que, sumando las 4 casas inauguradas en 2014, se ha logrado llegar a 12 de las 25 casas “que inauguraremos en estos 4 años de Gobierno”.

En el Servicio Nacional de la Mujer también señalan que han laborado con sectores estratégicos que trabajan con las mujeres que viven violencia en distintos momentos. “Así se capacitó a más de 9 mil personas de sectores prioritarios como educación, salud, justicia y las policías en talleres presenciales donde estos funcionarios y funcionarias conocieron los conceptos de violencia contra las mujeres, cómo identificar la violencia y cómo actuar frente a ella”. Además, el año pasado realizaron un piloto de una capacitación e-learning denominado “Herramientas para el abordaje de la violencia contra las mujeres”, donde 125 funcionarios y funcionarias se capacitaron. Se proyecta que este año se incremente esa participación.

“Además, hace solo un par de semanas lanzamos el Decálogo de los derechos de las mujeres que viven proceso de violencia de género, que es un afiche de gran tamaño que estará instalado en todas las salas de atención de público de instituciones como Carabineros, PDI, juzgados, Corte Suprema, Sernam y otros servicios públicos que atienden a mujeres. Con esto, además de informar a las mujeres en sus derechos, estamos sensibilizando a diario y de manera constante a los y las funcionarias que deben atender a las mujeres que han vivido violencia”, manifiestan en el Sernam, donde también defienden que este año se aumentó a 103 el número de Centros de la Mujer a nivel nacional, con 6 nuevos, en el marco de un sistema que llega más de 33 mil mujeres de todo el país.

A pesar de esto, Camila Maturana retruca que el programa de Gobierno apunta a materias que se mantienen retrasadas. “La violencia contra las mujeres es un tema de Estado. La comunidad internacional ha señalado que constituye una violación a los Derechos Humanos y el Estado de Chile es parte, por lo tanto, no se trata de evaluar el desempeño de un servicio público. Todos los organismos están involucrados en esto y es esa respuesta estatal la que hace falta. Que involucre a todos los poderes del Estado”, concluye Maturana.

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