En el camino al antiguo campamento de La Caucha, en el páramo de Sumapaz, donde vivían Marulanda, Jacobo y otros comandantes, hay un sitio llamado Tripa de Yeguas, una laja resbaladiza y peligrosa. Otro sitio, lejos de allí, donde se da cita el establecimiento a conversar y también a mandar, se llama Mesa de Yeguas. Hay tierra de por medio entre unas y otras yeguas. Hoy parece que esos dos puntos pueden llegar a cruzarse en La Habana.

El 13 de mayo, día de la Virgen María y del cumpleaños de Marulanda, la mesa de negociaciones de La Habana dio a conocer públicamente el acuerdo que hará posible el blindaje de lo que se firme y ponga fin a la larga y sangrienta guerra que hemos sufrido. Es un acuerdo trascendental porque siendo la negociación de la agenda difícil, más difícil eran –y siguen siendo– las garantías de cumplimiento.

Así como el Gobierno ha trazado gruesas líneas rojas, también la guerrilla ha impuesto las suyas, una de las cuales es el fin del paramilitarismo como condición para hacer posible la dejación de armas. El Gobierno ha mostrado voluntad de controlar ese engendro creado al mando de Lleras Restrepo cuando permitió que el Ejército armara la población civil para combatir a la guerrilla. Santos ha dicho que tiene presas mil unidades de lo que ahora se llama Grupos Armados Organizados (GAO), cuyo nuevo estatus permite al Gobierno bombardear sus campamentos. Un paso avanzado –y valiente, lo reconozco– frente a la complacencia que la fuerza pública había venido mostrando. Pero una cosa es atacarlos y otra desmantelar sus estructuras, y para eso se deberá llegar más adentro: hasta las “manzanas podridas”, que son su resorte vital. Es ahí donde Santos necesitará del total apoyo y la colaboración de EE. UU. porque, al fin y al cabo, es allá donde saben dónde ponen las garzas. Sus poderosos aparatos de inteligencia y contrainteligencia son el instrumento más afilado para meterle la mano de una vez por toda a ese mecanismo que ha hecho imposible todo acuerdo de paz.

La figura de Acuerdo Especial hace posible que lo suscrito en La Habana sea parte del bloque de constitucionalidad y puesto, además, bajo la vigilancia del Consejo Federal Suizo y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un gran logro de las partes. Contradice una arraigada tradición de incumplimiento de los gobiernos desde lo acordado con los Comuneros en Zipaquirá a fines del siglo XVIII hasta los firmados con las Dignidades Campesinas hace tres años.

El esquema es simple: la gente se organiza y sale a la calle; hay muertos, pero se negocia. Y una vez los manifestantes vuelven a sus casas, se desconoce de hecho lo pactado. Si bien las Farc aceptan la legitimidad del Congreso para tramitar el acuerdo, el Gobierno reconoce su propia debilidad para hacer cumplir los pactos al poner lo que será firmado en La Habana bajo el paraguas del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra. La voluntad de las partes es, pues, manifiesta.

El senador Uribe y su guardia pretoriana están furiosos, ardidos y, sobre todo, asustados. La tal resistencia civil que hace recordar la Acción Intrépida de Laureano Gómez que terminó en la defensa a “sangre y fuego” de la policía chulavita puede empujar al país a prolongar la guerra y a condenar a la muerte y al dolor a miles de colombianos con el perverso pero baboso argumento de que el Gobierno pactó con el cartel de la cocaína un golpe de Estado a la democracia. Teme el señor Uribe, con toda razón, que al desaparecer las Farc desaparezcan de la vida política él y sus conmilitones. ¡Que así sea!

*Sociólogo, periodista y escritor colombiano.