Desde tempranas horas de la mañana de este lunes, más de 150 miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), llegaron a la Casa Presidencial para continuar con su demanda de justicia y el esclarecimiento del asesinato de Berta Caceres Flores, pero fueron brutalmente reprimidos por elementos de la Policía Nacional, militares y la Guardia de Honor Presidencial, con bombas lacrimógenas y chorros de agua a presión.

La lideresa indígena y defensora de derechos humanos fue asesinada el pasado 2 de marzo por la defensa del territorio indígena y por exigir la salida de DESA y la cancelación del Proyecto Agua Zarca.

La protesta del Copinh era pacifica, sin embargo, fueron recibidos de forma violenta por la Guardia de Honor frente a Casa Presidencial, lanzándoles bombas lacrimógenas, hasta el momento de la emisión de esta nota, se reportaban seis personas detenidas y varias heridas, de acuerdo a un informe de la Red de Defensores de Derechos Humanos.

Miembros de la comunidad Lenca reiteran que atrás de este asesinato está la famlia Atala, el mayor de las Fuerzas Armadas, Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar del Orden Público, miembro de las Fuerzas Especiales y asesor de la empresa DESA; Gladis Aurora López y un alcalde auxiliar.

Tomás Gómez relató que, “llegaron a las seis de la mañana con la intención de hacer un plantón pacífico frente a la casa de gobierno y el señor Juan Hernández con lo que nos ha respondido con bombas lacrimógenas, golpes y agresiones por parte de la policía, el ejército y los miembros de la Guardia de Seguridad Presidencial”.

Gómez calificó el hecho como una represión hacia los miembros del Copinh y señaló al presidente junto a Gladis Aurora López de ser responsable directo del asesinato de Berta Cáceres.

Gómez no pudo seguir siendo entrevistado porque los militares llegaron a tirar mas bombas lacrimógenas cerca de él para que no siguiera dando declaraciones a los medios.

Los defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales condenan el ataque perpetrado contra los manifestantes indígenas que no hacían otra cosa que exigir el esclarecimiento de la muerte de Berta Cáceres y que se dé a conocer quiénes son los autores intelectuales del vil asesinato contra su lideresa.

Además exigen respeto a la integridad física de las y los defensores miembros del Copinh.

El pasado 2 de mayo las autoridades detuvieron al mayor activo de las Fuerzas Armadas, Mariano Díaz Chávez; el teniente en condición de retiro, Douglas Geovanny Bustillo; el técnico ambiental Sergio Ramón Rodríguez Orellana y los hermanos Edilson Atilio y Emerson Eusebio Duarte Meza, por delitos de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres y tentativa de homicidio contra del testigo, Gustavo Castro Soto. El viernes fue presentado otro individuo como un 5to implicado en este caso.

A nivel internacional al menos 55 congresistas de los Estados Unidos en una carta al secretario de Estado, John Kerry solicitaron demandar al gobierno hondureño para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos participe en las investigaciones del crimen de Berta Cáceres. Actitud que mantienen aún después de los arrestos.

Criterio


Gobierno dice no permitirá protestas violentas e investigan participación de extranjeros en marchas

El Gobierno hondureño denunció este lunes agresiones de varios manifestantes contra elementos de los cuerpos de seguridad, al tiempo que reafirmó su respeto a los derechos humanos y advirtió que no permitirá protestas violentas.

Así lo expusieron el ministro Coordinador General de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, y el ministro de la Presidencia, Reinaldo Sánchez, en una comparecencia ante la prensa luego de incidentes protagonizados por manifestantes cerca de Casa Presidencial.

Hernández Alcerro afirmó que hoy “Casa Presidencial fue víctima de agresión por un grupo de personas que se identificaron pertenecientes al Copinh” (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).

Indicó que “como Gobierno hemos demostrado ser respetuosos del derecho legítimo que tiene la población hondureña a manifestarse de manera pacífica, y el Gobierno de la República quiere reiterar ese compromiso con el respeto al derecho ciudadano de manifestación pacífica”.

Sin embargo, Hernández Alcerro expuso que el Gobierno también quiere “afirmar con mucha energía que no vamos a permitir las manifestaciones violentas, los actos de agresión en contra de la autoridad y en contra de los edificios públicos”.

“No permitiremos manifestaciones violentas que atenten contra los derechos humanos de la ciudadanía ni contra la libre locomoción y el derecho de transitar libremente a que tienen los pobladores”, sentenció.

Hernández Alcerro, asimismo, expuso que “lo que vimos el día de hoy fue una acción violenta de un pequeño grupo de personas que creen que a través de este tipo de manifestaciones pueden lograr el objetivo de victimarse y producir el objetivo de provocar una reacción en contra del Gobierno de la República a nivel nacional e internacional”.

Identificación de extranjeros

El ministro Coordinador General de Gobierno también informó que se han girado instrucciones, tanto a la Dirección Nacional de Inteligencia, como al Instituto Nacional de Migración, para que procedan a identificar a los extranjeros que han estado participando en este tipo de manifestaciones violentas o incitando a la violencia.

“Pedimos que se aplique a ellos los procedimientos que la ley indica”, dijo Hernández Alcerro.

Investigación efectiva

Por su parte, el ministro de la Presidencia hizo “énfasis en algo importante, y en lo que el pueblo hondureño y los medios nacionales e internacionales han sido testigos, y ha trascendido alrededor del mundo, sobre los resultados que ha obtenido el Ministerio Público sobre el caso de (el asesinato de) Berta Cáceres”.

Sánchez destacó que “es más que evidente la labor que las autoridades han venido haciendo, y la reconocemos públicamente. (Los hondureños y la comunidad internacional) han sido testigos que hay cinco capturados, de los que cuatro han sido declarados con auto de formal procesamiento, están en prisión, mientras las investigaciones siguen su curso”.

“A este punto, no se puede decir que es derivado de la falta de voluntad o de resultados” en el caso de Cáceres “que hechos como estos que se dieron en la mañana puedan volver a repetirse”, aseveró el ministro de la Presidencia.

El ministro de la Presidencia destacó que el Gobierno ha sido muy tolerante al derecho de manifestarse de todas las personas en Honduras, lo cual se ha podido comprobar en manifestaciones grandes, medianas y pequeñas.

Empero, aseguró que lo que no se va a permitir es que marchas violentas vengan a llevarse la tranquilidad que Honduras ha tenido.

Esta determinación, dijo, tiene como objetivo evitar que se repitan “todos esos sucesos que se presentaron hoy, hasta llegar al extremo de golpear a las fuerzas del orden, e inclusive ver extremos que no se miraban hace mucho en el país”.

Recalcó que “el Ministerio Público ha estado haciendo su trabajo y hay resultados de esa labor y las investigaciones sobre el asesinato de Berta Cáceres. Hay procesados, la investigación sigue su curso y según las autoridades se va a llegar hasta los resultados que la población nacional e internacional espera”.

El ministro Coordinador, Hernández Alcerro, dijo que “el Gobierno se mantiene firme en el respeto de los derechos humanos, con el respeto del derecho a manifestación pacífica”.

Pero dejó claro que “no vamos a permitir manifestaciones violentas, que vamos a aplicar los instrumentos con los cuales la ley dota a las autoridades y que, además, no vamos a permitir que extranjeros vengan a nuestro país a incitar a la violencia, y a participar en actos violentos”.

Proceso


Con un revólver calibre 38 asesinaron a Berta Cáceres

La autopsia que se le practicó a Berta Cáceres arrojó que sus asesinos utilizaron una pistola calibre 38 para dispararle y quitarle la vida, informó Julissa Villanueva, la directora general de Medicina Forense.

Villanueva dijo que en el cuerpo de la ambientalista se recuperaron una “gama de indicios” y se le aplicaron de 25 a 30 exámenes criminalísticos. La doctora confirmó además que solo un arma se utilizó para ultimar de tres balazos a Cáceres.

“Siempre creemos que el cuerpo habla. Doña Berta tenía en el cuerpo indicios balísticos que nadie los podía contaminar, ni iba poder contra la ciencia. Andábamos buscando un revólver calibre 38. La Atic trabajó incesantemente con una serie de investigaciones y se logró identificar el arma, no siempre se logra identificar, los grandes crímenes se resuelven encontrando las armas”, aseguró Villanueva.

Según las investigaciones, quien tenía la pistola con la que le dispararon y le quitaron la vida a la coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares (Copinh), es Emerson Eusebio Duarte Meza, capturado en La Ceiba el pasado lunes y quien inicialmente se había acusado por portación ilegal de armas.

A la pistola decomisada al imputado se le hizo el peritaje y coincidió con los indicios hallados en el cadáver de Cáceres.

La doctora desvinculó al mexicano Gustavo Castro en el crimen de la defensora del ambiente diciendo que “científicamente, desde la escena del crimen, desde la reconstrucción balística que se hizo se desvinculó al señor Gustavo en ese tema. Hicimos trabajos conjunto con jueces, fiscales, balísticos y expertos peritos en la reconstrucción del hecho y determinaron conforme a la ciencia que Gustavo Castro no había participado en eso, por eso después del tiempo prudencial se logró que el señor saliera del país”.

Gustavo Castro se encontraba la noche del 3 de marzo, día en que fue ultimada Berta Cáceres, en su casa y resultó con rosones de bala en la mano y la oreja. Por el asesinato de la coordinadora del Copinh están acusados Douglas Geovanny Bustillo, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Mariano Díaz Chávez, Edilson Atilio Duarte Meza, quienes guardan prisión en Támara.

La Prensa