El Gobierno de Ecuador levantará un registro único de damnificados por el terremoto que azotó en abril la costa norte del país, con el objetivo de elaborar políticas y programas dentro del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por la catástrofe.

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), José Rosero, indicó ayer que ese organismo recabará información para cuantificar daños y pérdidas sufridos por el sector productivo, pero también se evaluarán los que afectan a las familias.

Se prevé tomar información de 1.696 empresas de las zonas más afectadas así como de 97 albergues y refugios y de 6.748 familias y 28.785 personas, agregó la fuente.

El terremoto, de magnitud 7,8 en la escala de Richter, sacudió el 16 de abril un sector de la costa norte del país y dejó 660 muertos y 22.754 personas albergadas.

La labor del INEC se inscribe en el “Plan para reconstruir mejor las zonas afectadas”, que lidera la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y en el que colaboran también agencias de la ONU.

En una conferencia de prensa para dar a conocer aspectos del programa de reconstrucción, el coordinador de la Unidad de Desarrollo Sustentable y Desastres de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal), Omar Bello, señaló que el equipo de evaluación de ese organismo ya está en el terreno y confió en que el 3 de junio se tenga un informe del plan de reconstrucción.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, indicó tras la catástrofe que los daños podrían alcanzar unos 3.000 millones de dólares, aunque advirtió que esa cifra era puramente orientativa y deberá ser precisada por medio del estudio que dirige Senplades.

Correa anunció el sábado que se estudia la venta de varios activos del Estado, entre ellos la hidroeléctrica Sopladora y el Banco del Pacífico, y mencionó también a la aerolínea pública TAME y Fabrec, una empresa pública de textil y calzado.

Además, mencionó medios de comunicación en manos del Estado y señaló que en el caso de compañías como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), se considera “tratar de abrir el capital, si se puede legalmente, hasta el 49 por ciento, para que haya una alianza pública-privada”.

Al respecto, la titular de la Senplades, Sandra Naranjo, recordó hoy el anuncio hecho por el presidente y señaló que, en el caso de los medios de comunicación, como Gama TV y TC Televisión, “también están a la venta y la idea es que sirvan como medidas complementarias para financiar toda la reconstrucción que viene”.

Naranjo consideró que el plan de reconstrucción debe ser “una política de Estado y no de Gobierno” y apeló a la implicación del sector privado, de los gobiernos locales y de la ciudadanía en ese proceso.

Señaló que se maneja la idea de trabajar con mano de obra local y empresas nacionales, ya que se trata de “una oportunidad para reactivar la economía”.

En cuanto a los fondos para la reconstrucción recordó que se dispone de 630 millones de dólares de líneas de contingencia procedentes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Naranjo señaló que de esos recursos ya se han desembolsado 170 millones del BID y explicó que los fondos procedentes de estas entidades están disponibles “para iniciar” acciones.

“Cuando empecemos la etapa de reconstrucción seguramente se completarán y se reforzarán esos programas”, apostilló.

El coordinador residente de Naciones Unidas en Ecuador, Diego Zorila, indicó que ya han sido “movilizados siete millones y medio de dólares del fondo de emergencia central de respuesta” de ese organismo y existen “depósitos en firme en materia de salud por importe de por lo menos 200.000 dólares”.

Indicó que, asimismo, varios países “han anunciado ya compromisos que todavía no se han materializado en trasferencias”.

La Hora