En Contexto
El 5 de junio se realizará en Perú la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, quien en la primera vuelta obtuvo el 39,85% de los votos, y Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Kambio (PPK), quien alcanzó el 21%.

Keiko Fujimori insiste en defender a Joaquín Ramírez pese a pruebas

Keiko Fujimori sigue defendiendo a Joaquín Ramírez, congresista electo por su partido, que viene siendo investigado por la fiscalía por el delito de lavado de activos. Además, el Ministerio Público considera que su fortuna es sospechosa.

La candidata fujimorista afirmó esta mañana desde Juliaca, Puno, que las compras realizadas por Ramírez han sido bancarizadas, por lo que su enriquecimiento puede ser investigado.

Sin embargo, Joaquín Ramírez fue denunciado en el 2014 por lavado de activos. Además, su familia también es investigada por el mismo delito debido a movimientos económicos inusuales.

Keiko Fujimori también fue cuestionada por el uso de propiedades de Ramírez como locales de campaña. Ella afirmó que su partido usa bienes inmuebles de propiedad de Ramírez para sus reuniones a cambio de un pago efectuado por Fuerza Popular.

El semanario ‘Hildebrandt en sus trece’, dio a conocer que Joaquín Ramírez omitió consignar dos millonarias propiedades compradas en Miami en la declaración jurada presentada ante el Congreso.

Además, el congresista es investigado por la DEA. Ya que en el comunicado emitido por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos no se niega que se esté llevando a cabo una indagación sobre el caso de Joaquín Ramírez.

Como el mismo José Chlimper afirmó en la conferencia de prensa que brindó Fuerza Popular, la noche del lunes, la DEA no se pronuncia nunca sobre los casos que está investigando.

La República


Fiscalía investiga a Joaquín Ramírez por presunto lavado de US$ 7 millones

El secretario general de Fuerza Popular, congresista y financista de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez Gamarra, acusó a la prensa de haber montado un “psicosocial” en su contra, en alusión al reportaje de la cadena norteamericana Univisión sobre una investigación que le sigue la agencia de lucha antidrogas estadounidense (DEA) por presunto lavado de activos.

“Yo he salido de abajo […]. Yo no hice mi plata de la noche a la mañana, mientras algunos se levantaban a las 10 de la mañana, yo me levantaba a las 4 de la mañana para trabajar […] A mí nadie me regaló nada. La diferencia es que no soy parte de la gentita limeña […] Lo que pasa es que soy un cholo con plata y para algunos el cholo con plata solo puede ser narcotraficante o corrupto. Eso es prejuzgar. Soy un cholo chambeador”, explicó Ramírez.

Lo que no dijo es que desde 2014 las autoridades locales lo investigan por lavado de activos. Y que el caso se encuentra inexplicablemente estancado.

En efecto, desde que la ex procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe Trujillo, denunció ante el Ministerio Público a Joaquín Ramírez Gamarra, el 9 de setiembre de 2014, y el fiscal Marco Antonio Cárdenas resolvió iniciar investigación, el 3 de diciembre del mismo año, hasta ahora no se le ha levantado el fuero parlamentario al congresista fujimorista como corresponde.

La responsabilidad recae en la fiscal Rosana Villar Ramírez.

El 19 de octubre de 2015, la fiscal Villar solicitó a la Sala Penal Nacional que gestione ante el Congreso el levantamiento del fuero a Ramírez.

Pero su pedido fue rechazado por un formulismo legal, lo que benefició al secretario general de Fuerza Popular.

La Sala Penal Nacional arguyó entonces que en el requerimiento de la fiscal Rosana Villar no existía fundamento de que Joaquín Ramírez era parte de una organización criminal, lo que significaba que la investigación había concluido.

La fiscal Villar ha organizado una nueva estrategia. Ahora investiga a los familiares de Joaquín Ramírez para llevar adelante el caso ante el Poder Judicial. Entre estas personas se encuentran su esposa, Rosa Castañeda Cubas, y su hermano recientemente elegido congresista por Fuerza Popular, Osías Ramírez Gamarra, entre otros.

Para el fiscal Marco Antonio Cárdenas, quien acogió la denuncia de la ex procuradora de lavado de activo Julia Príncipe, existen contundentes indicios que ameritan someter a investigación a Joaquín Ramírez. Pero mientras este se escude en su condición de congresista, las pesquisas avanzarán poco o nada.

Cuando el fiscal Cárdenas dispuso que se inicie la indagación a Ramírez, lo hizo porque encontró indicios de que el secretario general de Fuerza Popular registra “un incremento inusual de su patrimonio desde 2003 hasta la fecha (2015), lo que se desarrolló principalmente en el ámbito inmobiliario a través de sus empresas, cuando en sus inicios solo se desempeñaba como cobrador de transporte público”.

La fiscalía le atribuye a Ramírez un supuesto desbalance patrimonial que alcanza la cifra de US$ 7 millones.

La pista del dólar

En efecto, el 14 de setiembre de 2014 el congresista fujimorista Joaquín Ramírez afirmó al programa de televisión “Sin peros en la lengua”: “Claro, por supuesto, desde los 19 hasta los 20 años (fui cobrador de combi). Yo estudiaba en la universidad en las tardes y en las mañanas de todos los días cobraba. Trabajé año y medio en la combi. Dormía en una cochera donde se guardaba la combi. Así es como empieza mi vida. (La combi cubría la ruta de) La Punta hasta La Molina, por las avenidas La Marina y Javier Prado, La Marina, todas esas rutas. Yo estudiaba y trabajaba”, explicó.

De acuerdo con el fiscal especializado en lavado de activos, Marco Antonio Cárdenas, existe suficiente evidencia para que se le inicie proceso por lavado de activos.

En su informe al que tuvo acceso La República, el fiscal indica que el incremento patrimonial sospechoso radica en operaciones de sus empresas Capricornio Import, Lima Igeniería y Construcción y Promotora Inmobiliaria Primavera.

a) Por intermedio de Lima Ingeniería y Construcción adquirió 25 inmuebles por 3 millones 487 mil 650 dólares y 23 vehículos por 235 mil 958 dólares. Entre las propiedades de esta firma, se encuentra la casa de la calle Bucaré, en Monterrico, desde donde Keiko Fujimori dirige la campaña presidencial de Fuerza Popular.

b) Mediante la compañía Promotora Inmobiliaria Primavera compró 6 propiedades inmobiliarias por 1 millón 580 mil dólares.

c) A nombre de Capricornio Import, Joaquín Ramírez adquirió 7 inmuebles por 1 millón 321 mil dólares y 29 vehículos por 428 mil 690 dólares.

Para la fiscalía, existe sospecha de lavado en la compra de 38 inmuebles y 34 vehículos por un total de 7 millones 053 mil 298 dólares, entre 2001 y 2013.

El caso de la fiscalía contra el secretario general de Fuerza Popular no incluye las propiedades que la revista Hildebrandt en sus Trece descubrió en Miami. Ramírez debió incluir en sus declaraciones juradas dichas propiedad, pero no lo hizo. Para las fuentes del Ministerio Público, encontrándose Ramírez bajo investigación por lavado de activos, debió declarar dichos bienes:

a) El 11 de noviembre 2012 compró por 2 millones 075 mil dólares un departamento en 9703 Collins Avenue.

b) El 12 de diciembre de 2014 adquirió otro departamento por 527 mil dólares en Brickell Bay DR.

Las fuentes de la fiscalía consideran que Ramírez debe aclarar el origen lícito de los fondos con los que adquirió dichos inmuebles.

Lavadora fácil

El secretario general de Fuerza Popular arguyó que estaba limpio: “¿Ustedes creen que un banco americano de los Estados Unidos me hubiera prestado un dólar a una persona que esté vinculada al narcotráfico o si acaso tuviera alguna investigación en la DEA? Por supuesto que no”, señaló.

“Para llevar adelante una investigación por lavado de activos es necesario levantar el secreto bancario, pero mientras el Poder Judicial no autorice hacerlo vamos a avanzar muy poco”, señalaron fuentes de la fiscalía.

No obstante la denuncia de la ex procuradora de lavado de activos Julia Príncipe y la apertura de la investigación fiscal, la candidata Fujimori respalda a Joaquín Ramírez, no lo ha separado de la bancada y lo mantiene en el cargo.

Es más, en el reporte de gastos de campaña de Fuerza Popular, se ha consignado como aporte de Joaquín Ramírez la cesión de una residencia en la calle Bucaré, que es de propiedad de Lima Ingeniería y Construcción, una de las empresas bajo investigación por lavado de activos.

El inmueble de la calle Bucaré es usado por Keiko Fujimori como el cuartel general de su campaña.

Además de dinero, y del inmueble de Bucaré, Joaquín Ramírez ha aportado camionetas para el desplazamiento de la candidata Keiko Fujimori en el interior del país.

No es el único caso que enfrenta Ramírez.

El fiscal de lavado de activos, Ernesto Chávez Rodríguez, abrió investigación a 60 dirigentes de la Federación Peruana del Fútbol (FPF), entre ellos a Joaquín Ramírez, dueño del equipo Universidad Técnica de Cajamarca (UTC), entre otros equipos.

El fiscal Chávez, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público, plantea como hipótesis de trabajo que algunos empresarios usaron dinero de origen sospechoso para adquirir la propiedad de algunos clubes de fútbol, entre ellos Joaquín Ramírez.
Caso por caso

De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, Joaquín Ramírez se ha valido de su condición de congresista para zafarse de la investigación fiscal.

“Si no tiene nada que ocultar, debió facilitar la investigación proporcionando la información, pero no fue así. Al contrario, impuso obstáculos para que no lo toquen”, dijeron fuentes de la fiscalía de lavado de activos.

En el tercer informe financiero de campaña que presentó Fuerza Popular a la ONPE, se registró que Lima Ingeniería y Construcción SAC cedió en uso para los años 2013, 2014 y 2015, la casa de la calle Bucaré, el centro de operaciones de la candidata presidencial Keiko Fujimori.

De acuerdo con el mismo informe del contador fujimorista Luis Mejía Lecca, Joaquín Ramírez aportó 76 mil 658 soles mediante la cesión en uso del inmueble de la calle Bucaré, donde la dirigencia fujimorista suele reunirse, y la candidata Keiko Fujimori despacha.

Esto significa, según fuentes fiscales, que Fujimori considera que no es un problema que Ramírez, investigado por lavado de activos, aporte bienes bajo investigación.

“¿Estará comprendido en la investigación el rector de la Universidad Alas Peruanas, Fidel Ramírez, tío del congresista Joaquín Ramírez?”, preguntó La República a fuentes de la fiscalía.

“Definitivamente, tienen vínculos”, respondieron las fuentes de la fiscalía.

Joaquín Ramírez negó relaciones comerciales con su tío Fidel Ramírez, pero La República tuvo acceso a un video institucional de la Universidad Alas Peruanas en el que se observa a Fidel Ramírez con su sobrino Joaquín Ramírez, y al congresista Kenji Fujimori.

Kenji Fujimori fue accionista de la empresa Limasa, entre cuyos socios se encuentra el ex candidato al Congreso Miguel Ramírez Huamán, a quien se atribuye relación familiar con Joaquín Ramírez. Limasa fue investigada por presunto narcotráfico, puesto que hubo un hallazgo policial de droga.

En el video se observa que en la mesa de honor está el rector de Alas Peruanas, Fidel Ramírez, y en primera fila, Joaquín Ramírez y Kenji Fujimori. Existe una relación entre todos los personajes.

Lo llamativo es que Joaquín Ramírez en conferencia de prensa afirma que la revelación de Univisión es un “psicosocial”, cuando lo cierto es que la fiscalía de lavado de activos lo investiga a él y a sus familiares antes de la campaña presidencial. No puede argüir que es una maniobra. Solo le queda someterse a la ley.

Ramírez también alegó que contrató a una empresa para que le hiciera una auditoría a sus empresas y que no encontró nada irregular. Sin embargo, para las fuentes de la fiscalía, “los peritajes de parte son eso, peritajes de parte que favorecen al investigado, pero lo que vale es el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones”, informaron.

La investigación al secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, recién empieza.

La República


Colectivo social llama a emitir voto crítico a favor de PPK

El Colectivo ´Keiko No Va´ convocó a la ciudadanía a emitir un voto crítico a favor de Pedro Pablo Kuczynski, candidato presidencial por Peruanos por el Kambio y con ello -argumentan- defender el sistema democrático.

La organización social pidió a Kuczynski a asumir siete compromisos puntuales a favor del país. En ellos, el respeto a la democracia y su institucionalidad, a los derechos humanos, laborales y trabajo digno.

También honrar el cumplimiento a las reparaciones y justicia a los afectados por la violencia vivida durante la década de los 90, respeto a la libertad de expresión, pensamiento y organización, a las comunidades indígenas y el medio ambiente, así como que la seguridad ciudadana tenga un enfoque preventivo.

“Estas son las propuestas mínimas que necesita el país, por eso la coordinadora Keiko No Va exige y expresa su voto crítico por PPK, porque no queremos ser un país como México, no queremos llegar al extremo donde el narcotráfico tenga un poder importante, con corrupción generalizada e inseguridad ciudadana y muerte”, manifestó Jorge Rodríguez, dirigente del referido colectivo.

Asimismo, el colectivo social realizará este jueves, por la tarde, un plantón y un lavado de bandera en el frontis de Palacio de Justicia, en defensa del Estado peruano y el contra del riesgo que representa para el país, la penetración del narcotráfico en la política.

Expresaron su profunda preocupación por la denuncia periodística que involucra al secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, en un posible caso de lavado de dinero.

Finalmente informó que este jueves se reunirán con el excandidato presidencial Julio Guzmán y el miércoles harán lo propio con los integrantes del partido Acción Popular.

Andina