Una vez que dos jueces federales emitieron una “opinión juridica” en la que avalan la legalidad de la extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el expediente pasó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que sea esa dependencia la que determine si autoriza o niega el envío del capo, lo que puede ocurrir en dos o tres semanas, informaron fuentes del Poder Judicial Federal.

A partir de que la cancillería emita su resolución, Guzmán Loera y sus abogados tienen dos posibilidades: aceptan la determinación de la dependencia federal, se desisten de los juicios de amparo que tengan abiertos en los juzgados y tribunales y aceptan el envío a Estados Unidos (de ser así esto puede ocurrir en un par de meses), o bien optar por el camino largo que implicaría agotar todos los juicios de garantías a los que tiene derecho, con la posibilidad de que su caso llegue a instancias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si El Chapo y sus abogados optan por la segunda opción, es muy difícil que el envío de Guzmán Loera a Estados Unidos, país que lo reclama por varios cargos penales, se efectúe en 2016.

El líder del cártel de Sinaloa enfrenta dos solicitudes de detención libradas por las cortes federales de California y Texas, Estados Unidos.

La corte de California reclama al capo por asociación delictuosa y distribución de cocaína, mientras la de Texas le imputa asociación delictuosa, delincuencia organizada, delitos contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de arma de fuego.

La Jornada