El proceso de formalización de mineros ilegales volvería a fojas cero en un eventual gobierno de Keiko Fujimori. La candidata firmó el viernes un documento con dirigentes de federaciones y centros mineros.

En este se comprometió a derogar los decretos legislativos (1100 y 1105) promulgados por este gobierno, que norman a la pequeña minería y minería artesanal en todo el país. Según ella, estas leyes han impedido que 400 mil mineros informales se formalicen.

—Actividad perniciosa—
La minería ilegal se ha extendido a casi todas las regiones del país, sin embargo, los campamentos más grandes se ubican en Madre de Dios, Puno y Cusco. Existen, asimismo, 15 áreas naturales protegidas amenazadas por la minería ilegal, incluyendo la Reserva Nacional de Tambopata, cuya zona de amortiguamiento ya ha sido invadida por unos 15 mil mineros ilegales que utilizan maquinaria pesada altamente perjudicial para el medio ambiente.

En Madre de Dios, una de las regiones con mayor incidencia de este ilícito, la minería ilegal de oro ha destruido en los últimos años 50.000 hectáreas de bosque, añadido al incalculable daño ambiental y la proliferación de otras actividades ilícitas conexas como la trata de personas (explotación sexual en los campamentos mineros).

La PCM calcula que son alrededor de 300 mil las personas directa o indirectamente dependientes de la minería informal e ilegal en todo el país, principalmente en Madre de Dios, Puno y La Libertad.

—Implicancias—
Promulgado en el 2012, el Decreto Legislativo 1100 prohíbe el uso de dragas y cualquier maquinaria que cause daño ambiental. Asimismo, regula su interdicción (decomiso y destrucción) en todo el país. Antes de esta norma, el uso de dragas no estaba prohibido. De derogarse, estas maquinarias podrían volverse a usar.

Las normas promulgadas por este gobierno establecieron zonas de exclusión (protegidas), en las cuales se prohíbe la minería y en dónde es perseguida. De derogarse, los mineros ilegales tendrían las puertas abiertas para volver a ingresar.

“Estas normas no solo se refieren a la interdicción, sino al compromiso de preservar el medio ambiente. Si se derogan no habría zonas de exclusión minera en regiones como Madre de Dios, y podría haber un retorno de las dragas en los ríos de toda la Amazonía peruana”, declaró a El Comercio una fuente de la Oficina del Alto Comisionado para la Minería Ilegal de la PCM, quien comenta que se ha tomado con preocupación el anuncio de la candidata de Fuerza Popular.

“Los mineros ilegales quieren la derogatoria de las normas para poder invadir las concesiones. Nosotros, como mineros informales, hemos invertido ya en un proceso y no creemos que se deba retroceder, a las leyes les hace falta ajuste”, sostuvo Meraldo Umiña, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería en Pequeña Escala (Sonamipe).

Él es uno de los 2.800 mineros informales de su organización de Madre de Dios en vías de formalización.

Umiña, quien declara tener 100 concesiones mineras y cumplir con los estándares ambientales requeridos, dijo que buscan “obtener seguridad jurídica para continuar con una minería que cumpla con la ley”.

De paralizarse el proceso de formalización, los 60.000 mineros informales que iniciaron el proceso se verían perjudicados.

El Comercio