Ecuador: 40 corporaciones contrataron bufetes panameños

40 grupos económicos ecuatorianos  realizaron transferencias de pago con 5 estudios jurídicos panameños, reconocidos para el registro internacional de sociedades offshore en paraísos fiscales.

Diario EL TELÉGRAFO tuvo acceso a documentos en los que, de acuerdo a las transferencias enviadas por las sociedades, se identifican firmas consultoras como Morgan & Morgan; Galindo Arias y López; Arias, Fábrega & Fábrega; Sucre, Arias & Reyes Intl INC y Mossack Fonseca.

Con este último más del 50% de 40 grupos económicos realizaron alguna transacción financiera, convirtiéndolo en el predilecto por las corporaciones ecuatorianas que figuran en la lista sin distinción de actividad económica. Se pueden identificar a almacenes Juan ElJuri, KFC, Hotel Colón, Holcim y medios de comunicación como Ecuavisa y Grupo El Comercio (ver gráfico).

A raíz de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ), denominada ‘Panamá papers’, Mossack Fonseca se encuentra en el foco de la atención y ahora advierte con tomar acciones legales en contra del consorcio en el caso de que hoy publiquen nuevos documentos. La firma le insta a “desistir” de publicar intégramente la base de datos que expondrá a más de 200.000 empresas de pantalla, trusts y fundaciones con sede en 21 paraísos fiscales “desde Hong Kong hasta Nevada, en Estados Unidos”.

Según datos públicos del Servicio de Rentas Internas (SRI), el 77% de las empresas tiene al menos un accionista domiciliado en el extranjero, de ese porcentaje el 20% está en los paraísos fiscales, es decir alrededor de $ 4.100 millones reposan en esos territorios. Y de ese universo, el 60% se encuentra en Panamá, es decir alrededor de $ 2.444’039.550.

Implicados con firmas panameñas

Uno de ellos es Pablo Arosemena Marriott, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, quien consta como miembro del directorio de la compañía Banisi S.A., registrada en Panamá con el agente Sucre, Arias & Reyes. Junto a Arosemena está el vocero del movimiento político Creando Oportunidades (CREO), Aparicio Caicedo, y entre sus directivos están los hijos del presidenciable Guillermo Lasso, quien también consta como presidente en una firma similar inscrita como Banisi Holding S.A. en 2012.

Tanto Arosemena como Lasso administran la Fundación Ecuador Libre, la cual transfirió $ 31.250 a CREO en 2013.

Este diario publicó el mes pasado algunos nombres de funcionarios públicos y de sus familiares que tienen nexos con empresas constituidas en Panamá, país considerado por el SRI como paraíso fiscal. En esa línea este y futuros reportajes forman parte de una segunda fase de investigación de ecuatorianos relacionados a empresas offshore.

De acuerdo a versiones de la prensa local, un exempleado público, Álex Bravo, antiguo gerente general de Petroecuador, habría negociado con la empresa Arkdale Investments Limited, domiciliada en Bahamas y habría constituido la panameña Girbra S.A.

El beneficiario de la inscrita en Bahamas, otro régimen fiscal preferente, sería Juan Baquerizo Escobar, accionista y representante legal de la empresa ecuatoriana Oil Services & Solutions S.A. (OSS), la cual habría obtenido 15 contratos de Petroecuador por un monto total de $ 30,3 millones. Bravo fue designado como gerente de la petrolera estatal el 18 de noviembre del año pasado en reemplazo de Carlos Pareja Yannuzzelli, quien, a su vez, renunció a su cargo como ministro de Hidrocarburos la semana pasada.

Diario EL TELÉGRAFO intentó comunicarse con Bravo para confirmar esta información pero la solicitud de entrevista no fue atendida. Lo mismo sucedió con la vicedirectora del ICIJ, Marina Walker, y los periodistas ecuatorianos de El Comercio y El Universo que forman parte de una de las filtraciones más grandes de la historia.

No obstante, este último diario guayaquileño confirmó el sábado pasado haber contratado con el mismo Mossack Fonseca para crear la firma Yellow Tide Marine S.A. en Panamá hace 5 años (ver subnota). Ayer en su editorial instó a las autoridades correspondientes a “¡Actuar ya! en lo relacionado al supuesto enriquecimiento ilícito de funcionarios de Petroecuador.

El viernes pasado el diario argentino La Nación publicó una carta de la fuente anónima de los ‘Panamá papers’. Allí aclaró que “no trabaja para ningún  gobierno o agencia de inteligencia”. (I)

El Universo  admite relación con Mossack Fonseca

En un remitido a la ciudadanía publicado el sábado pasado en las páginas de diario El Universo, sus directivos reconocieron tener la empresa Yellow Tide Marine S.A. en Panamá, registrada con la firma Mossack Fonseca.

De acuerdo con la publicación, los hermanos Carlos y César Pérez Barriga justifican la adquisición de esta sociedad, en comunión con Nicolás Pérez Lapentti, para poder “gestionar, obtener y canalizar créditos con un grupo de bancos internacionales que les permitiera enfrentar la contingencia económica derivada del juicio iniciado por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en contra de la C.A. El Universo y sus accionistas”.

Los Pérez aseguran que Yellow Tine Marine S.A. nunca ha tenido cuentas bancarias, sin embargo admiten que la vinculación con la firma jurídica panameña, realizada en agosto de 2011, se suscribió con el monto de $ 400 y autorizados $ 10.000. Finalmente señalan que en febrero de 2012, cuando el presidente Correa los absolvió de la condena “nunca se llegó a perfeccionar esta operación crediticia”.

El 22 de marzo de 2011 Correa presentó una demanda penal en contra de C.A. EL UNIVERSO, sus directivos los hermanos Pérez Barriga y Pérez Lapentti en calidad de subdirector, por supuesta responsabilidad coadyuvante; y al editor de Opinión, Emilio Palacio, por su columna ‘No a las mentiras‘ en la que asegura que el Presidente ordenó disparar contra civiles en el 30S.

El Telégrafo


Ecuador: el patrimonio societario va a 37 paraísos fiscales

De los 87 territorios, países y jurisdicciones considerados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) como paraísos fiscales, 37 son los preferidos por las sociedades ecuatorianas.

Panamá encabeza esa lista. Es el país centroamericano que está en el centro de las discusiones, luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) revelara una lista de clientes de Mossack Fonseca, bufete panameño famoso para el registro internacional de sociedades offshore en regímenes fiscales preferentes.

No obstante, el estudio jurídico panameño no es el único con el que los grupos económicos ecuatorianos han realizado algún tipo de transferencia económica.

En la lista también se encuentra Morgan & Morgan y otros similares que serán revelados en la edición de mañana de EL TELÉGRAFO. Y eso llega ante la expectativa de, si aún con una posible demanda por parte de Mossack Fonseca, el ICIJ pone a disposición de la opinión pública mundial una parte de la base de datos que expondrá a más de 200 mil empresas de pantalla, trusts y fundaciones con sede en 21 paraísos fiscales “desde Hong Kong a Nevada en Estados Unidos”, adelantó el Consorcio en un comunicado.

A raíz de la primera publicación del ICIJ, denominada ‘Panama Papers’, instituciones y entes de control a nivel mundial han iniciado sus propias investigaciones.

En Ecuador, el SRI ha solicitado información a las administraciones tributarias de Francia y Alemania, además de trabajar en conjunto con la Fiscalía para investigar a más sociedades intermediarias que hayan operado con Mossack Fonseca o firmas similares.

Leonardo Orlando, director del SRI, explicó a este diario que en el caso de encontrarse algún tipo de ocultamiento, falsificación ideológica y documental para beneficiarse tributariamente por parte de cualquier empresa, gran contribuyente o grupo económico, los responsables tendrán que “cumplir con el pago de los impuestos eludidos y responder ante los jueces penales correspondientes”.

Orlando explicó que entre 2001 y 2010 se han glosado más de $ 1.500 millones por la utilización de paraísos fiscales. “Muchas han sido pagadas, otras se están discutiendo en los tribunales de justicia. En el país, en régimen de fiscalidad internacional, sea por operaciones comerciales de importación y exportación, préstamos bajo la figura de subcapitalización, asistencias técnicas, regalías y cualquier servicio alejado de la esencia económica, es observado por la administración tributaria”.

En los períodos fiscales de 2006 y 2010, por precio de transferencia se han establecido glosas por $ 884 millones, y entre 2001 y 2009 por préstamos simulados se han determinado $ 662 millones.

La defraudación tributaria es un delito tipificado por el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y puede ser sancionado con una pena de 1 a 10 años de prisión, dependiendo de sus agravantes y atenuantes.

En Ecuador hay $ 20.324’791.335 en participación extranjera, es decir el 77% de $ 26.396’731.927 del patrimonio total. De ese porcentaje, el 20% se encuentra en paraísos fiscales. Y de ese universo el 60% se encuentra en Panamá, es decir alrededor de $ 2.400 millones. El país que le sigue es Barbados, en tercer lugar están las Islas Caimán y en cuarto las Islas Vírgenes Británicas (ver gráfico). Todos esos territorios están ubicados en el Caribe.

‘Filtraciones con filtro’

Así se titula la crónica de Sebastián Lacunza, director del Buenos Aires Herald, publicado en Anfibia, revista digital de crónicas y relatos de no ficción.

Allí el periodista analiza los ‘Panama Papers’ y  los compara con la experiencia de WikiLeaks; además, se pregunta por los estándares de la profesión.

El argentino expone que siempre ha existido una relación conflictiva entre gobiernos y medios tradicionales, lo que ha estructurado el debate político en la región.

En ese contexto, el periodista se pregunta qué pasa con el periodismo y sus estándares éticos y rememora que la “firmeza de WikiLeaks permitió vencer criterios editoriales”. Ahora el mundo está a la espera de ver si la fuente de los ‘Panama Papers’ lo hace o no.

El Telégrafo


Pedro Brieger: “Solo conocemos la punta del iceberg, queremos conocer todo”

Miembros del colectivo Espejo Libertario se reunieron este viernes con el periodista argentino Pedro Brieger, quien ha realizado investigaciones referentes a los ‘Panama Papers’.

El encuentro también incluyó a otros periodistas como Rodolfo Muñoz y Orlando Pérez, director de diario EL TELÉGRAFO.

Brieger, es un periodista especializado en temas internacionales, y también es director del portal Nodal (Noticias de América Latina y el Caribe). “En este tema, solo conocemos la punta del iceberg (‘Panama Papers’), pero queremos conocer todo el iceberg”, dijo.

La información de los ‘Panama Papers’ ha adquirido mucha relevancia en el interés ciudadano. Por eso, Leyla Piedad Escobar, coordinadora de Espejo Libertario, manifestó que como agrupación siempre tuvieron la motivación de conocer sobre el asunto. Lamentablemente, por el terremoto, la agenda tuvo que cambiar. “Queremos conocer y hacer conocer, saber más allá”.

Para Brieger, en el tema de los ‘Panama Papers’ es imprescindible contar con periodistas que conozcan sobre finanzas y conocimientos sobre el delito de lavado de activos. “Para que lo expliquen de una manera sencilla”, apuntó.

El Telégrafo


ICIJ compartirá información a través de su sitio web

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicará una gran parte de los documentos que posee sobre la firma panameña Mossack Fonseca hoy, a la 1:00 p.m. hora de Panamá.

La información la compartirá la organización internacional en su sitio web. Sin embargo, no serán los 11.5 millones de documentos que obtuvo el diario alemán Süddeutsche Zeitung y que compartió con 108 medios a través de ICIJ.

Los datos contendrán sociedades, fiduciarias, fundaciones y fondos incorporados en 21 jurisdicciones, desde Hong Kong hasta Nevada, Estados Unidos.

La información se publicará a través de una interfase que permitirá hacer búsquedas por nombres para así conocer las entidades alrededor de una persona, ya sea como parte de la directiva, o como beneficiario final.

ICIJ, según publicó en su sitio web, no incluirá registros bancarios, transacciones financieras, correos electrónicos, fotografías ni números de teléfonos. Es decir, la organización no hará pública la información privada que aparece en los documentos de la firma panameña.

Además, la información se combinará con la base de datos de una investigación anterior de ICIJ, denominada ‘Offshore Leaks’, en la que, al igual que ahora, medios internacionales colaboraron para pulir miles de documentos sobre unas 100 mil sociedades creadas en jurisdicciones offshore.

De acuerdo con ICIJ, esta publicación se hará por el interés público y cualquier persona podrá revisar parte de la información, mientras que los medios con acceso a los documentos en completo continuarán realizando y publicando investigaciones sobre las actividades de Mossack Fonseca, vinculado en varias oportunidades a hechos supuestamente delictivos.

La Prensa


La offshore de Macri sigue activa y realizó operaciones millonarias

Documentos hallados por Tiempo desmienten al gobierno: Fleg Trading, fundada en el paraíso fiscal de Bahamas, se mantiene operativa y ejecutó movimientos financieros. Las transacciones se hicieron a través de Owners Do Brasil, una compañía vinculada a Socma. Cambiemos había dicho que la firma “nunca tuvo” actividad.

Mauricio Macri mintió. Cuando los Panamá Papers exhibieron su firma estampada en el acta de constitución de la sociedad Fleg Trading LTD, inscripta en el paraíso fiscal de Bahamas, el presidente y varios funcionarios de su gobierno salieron al cruce jurando que la compañía offshore había sido “creada por su padre” para hacer “inversiones en Brasil” que “no se realizaron”. Que, por lo tanto, la firma “no tuvo actividad”, y que “por eso no correspondía mencionarla en las declaraciones juradas” del primer mandatario.

Los entrecomillados corresponden a declaraciones textuales del propio Macri y sus voceros. Y las explicaciones fueron tomadas por ciertas por los medios que más influyen en la opinión pública. Pero documentos hallados por Tiempo revelan ahora que la explicaciones del Gobierno están lejos de ser verdad.

Según los Panamá Papers, Fleg Trading fue inscripta en 1998 en Bahamas. Pocos meses después aterrizó en Brasil como accionista de un holding.

Según consta en registros públicos del Estado de San Pablo, Fleg Trading tuvo intensa actividad en Brasil. Las operaciones incluyen participación en sociedades y movimientos millonarios. Y, a contramano de lo dicho por el gobierno, para las autoridades brasileñas la firma sigue activa y lista para seguir operando.

Fleg Trading nació el 9 de septiembre de 1998 en Montevideo, pero pronto se radicó en el paraíso fiscal de Bahamas. Tres miembros del clan Macri integraron el directorio: el patriarca Franco, su primogénito Mauricio, y su hermano Mariano, cuarto en la línea de sucesión familiar.
Hija de Socma –Sociedad Macri, la sociedad madre del grupo–, Fleg demoró menos de dos meses en entrar en actividad: el 3 de noviembre ingresó como accionista de Owners Do Brasil Participações Ltda., una sociedad holding que el grupo poseía en San Pablo. El ingreso de Fleg en Owners coincidió con la salida de Socma Americana SA, que se retiró de la firma con los 11.360.010 de reales que correspondían a su participación social. La offshore de Bahamas compensó la pérdida e incrementó la capitalización de la firma aportando 11.715.449 de reales.

El pase de manos aumentó levemente el capital social de Owners, aunque duró poco. El 23 de diciembre –a poco más de un mes del ingreso de Fleg–, la firma informó a las autoridades brasileñas de una nueva redistribución en las participaciones, pero esta vez a la baja: el capital social pasó de 11,7 millones de reales a 1,4 millón, una drástica reducción cercana a los 10,3 millones de reales. ¿Dónde se fue ese dinero?

Un documento interno de Owners da una pista del destino. “Luego de deliberar, los accionistas consideraron que el capital social de la firma resultaba excesivo para sus operaciones”, relata el acta de Alteración del Contrato Social elevada por la compañía a la Secretaría de Justicia y a la Junta Comercial del Estado de São Paulo. Y detalla: “(Los accionistas) decidieron entonces reducir el Capital Social en 10.283.885 de reales, devolviendo ese capital en forma proporcional a la participación social.”

De esa manera, los accionistas de Owners –Fleg Trading y Socma SA– se repartieron en reales el equivalente a 8.569.904 de dólares, según el tipo de cambio de la época. Más adelante, el mismo documento revela finalmente que decidieron hacer los socios con esa plata: pagar un convenio firmado con el Hotel Nuraghe Portorotondo S.p.A.

Bañado por las aguas esmeraldas que empalagan las postales de Cerdeña, Portorotondo es el destino top del jet set europeo y global. Dueña de discotecas, restaurantes y hoteles, la familia Nocella es una referencia obligada de la movida local. Giorgio, el padre del clan, se enamoró de ese rincón de Italia y construyó allí un imperio donde se codean príncipes, presidentes, artistas, modelos y playboys.

Íntimo de Franco Macri, Mauricio visitó con frecuencia ese balneario, y conoció el Hotel Nuraghe, propiedad de la familia Nocella. Y beneficiario de los millones que le giró Fleg vía Owners Brasil.

“Mi  mejor amigo fue Giorgio Nocella famoso productor de cine y un ser humano único. Cuando murió cambió mi vida. Lo extrañaré por siempre”, escribió Franco en su cuenta de Twitter. Giorgio falleció en su estancia de Bariloche, en 2011. Con Franco compartían una larga y profunda relación, que combinaba afecto y negocios. Padrino de bodas de Sandra Macri, Nocella integró el directorio en varias empresas del clan.

En Italia, por caso, en 1993 Giorgio fundó y dirigió Socma Finanziaria, una sociedad de inocultables lazos con la sociedad madre de los Macri. La firma estaba activa en 1998, cuando Owners le transfirió más de 8 millones de dólares al Hotel Nuraghe, otro de los emprendimientos de Nocella. Si bien su verdadera pasión era el cine, donde brilló como productor durante el ciclo de oro de la filmografía italiana, Nocella también cultivó el arte de hacer negocios en sociedad con Franco y otros miembros del clan presidencial.

Poco después de recibir el pago de la firma brasileña de los Macri, Nocella intentó abrir una sucursal de su productora en Buenos Aires. El 14 de julio de 1999 se inscribió en el Boletín Oficial argentino Iter Productiones SA. El presidente era el propio Giorgio. Su socia era una cara conocida de la tele: Flavia Palmiero.

Novia de Franco, Flavia se inscribió como vicepresidenta de Iter, que sumó como director suplente al abogado José Gerardo Palacios Hardy. Vicepresidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, Palacios Hardy suele llamar “presos políticos” a los genocidas encarcelados por crímenes de lesa humanidad. “El próximo gobierno tendrá una nueva política de Derechos Humanos (…) Esperamos que Argentina se deshaga de los juicios políticos y de los jueces prevaricadores que han ensuciado la Justicia”, pronosticó el abogado en noviembre pasado. Por su vieja relación con la familia Macri, no debe descartarse que el vaticinio contenga información.

Además de su ex novia Flavia, varios familiares de Franco integraron directorios con Giorgio. En Sideco Americana SA, por ejemplo, acompañó a Ángel Calcaterra, sobrino de Franco y heredero de los negocios con obra pública. En esa compañía también compartió actas con otro viejo conocido del clan: Néstor Grindetti, ex ministro de Hacienda de Mauricio y actual intendente de Lanús. Como su mentor, Grindetti también quedó envuelto por el escándalo de los Panamá Papers. Los documentos revelaron que Grindetti tuvo un poder legal sobre Mercier International SA, constituida en Panamá en 2010, para gestionar fondos de la compañía depositados en el banco suizo Clariden Leu Limited.

Golpeado por el escándalo, Grindetti, como el gobierno, argumentó que “tener sociedades offshore no es ilegal”. Es cierto. Como lo reconoce hasta el FMI, uno de los grandes problemas económicos del planeta es que la ley permite la vigencia de guaridas fiscales aptas para lavar dinero, ocultar patrimonio y eludir impuestos.

La pesquisa, en el caso de los Panamá Papers que involucran a Macri, está en manos del fiscal Federico Delgado. Esta semana, el diputado neuquino Norman Martínez amplió la denuncia contra el presidente y aseguró que se “destruyeron pruebas” sobre las actividades de Fleg Trading en Brasil. Una cosa es segura: los documentos que –por ahora– reposan en São Paulo, encendieron alarmas en el despacho presidencial.

Amistades, negocios, jet set y política en un hotel de Cerdeña

En la isla italiana de Cerdeña, más precisamente en la lujosa área de Portorotondo, las playas exclusivas del Hotel Nuraghe se abren al mar Mediterráneo. Hasta allí llegaron los largos brazos del grupo Macri a través de un amigo de la familia del presidente y socio de sus empresas, Giorgio Nocella.

Este paraíso para los millonarios veraneantes internacionales es uno de los puntos finales del rastro del dinero que comienza en otra punta del globo, en otro paraíso, pero fiscal: Nassau, Bahamas.

Allí arranca esta historia, con la firma Fleg Trading, de la que el presidente Mauricio Macri fue directivo (como lo filtró Panamá Papers), y continúa con movimientos a través del mundo de millones de dólares que llegaron al famoso Hotel Nuraghe, fundado y explotado por la familia Nocella.

Giorgio, quien murió en Bariloche en 2011, fue un empresario y productor cinematográfico italiano que mantuvo una larga amistad, casi una hermandad, con Franco Macri, padre del presidente y cabeza del poderoso grupo empresario.

La familia del presidente pasó muchos veranos en Cerdeña y el italiano llegó a ser padrino de bodas de Sandra Macri en su casamiento con Daniel Leonardo, más reconocido como el parapsicólogo que denunció a su cuñado Mauricio por espionaje ilegal.

Nocella fue uno de los primeros en desembarcar en Portorotondo en 1967. Por allí veranearon actores como Bruce Willis y Sean Connery hasta el millonario italiano y ex primer ministro Silvio Berlusconi. Las fiestas sexuales de Il Cavaliere en su Villa Certosa, con un parque de 120 hectáreas y un túnel secreto, volvieron a la región tristemente célebre.

En esas playas, uno de los lugares elegidos por el jet set mundial, Giorgio construyó el Hotel Nuraghe, una discoteca y su imponente mansión. Por allí desfilaron y se cruzaron Daniel Scioli y Macri, quienes terminaron años después como competidores en un elección presidencial.

Nocella también se dedicó a la producción de cine, con películas como Adiós al macho de 1978 con Gérard Depardieu y Marcello Mastroianni. En Italia fundó junto a Antonio Macri, hermano menor de Franco, la productora Iter Films. Años después, en 1999, trajo su pasión a la Argentina con Iter Productions. Nuevamente, los caminos con los Macri se volvieron a cruzar: se asoció con la entonces novia de Franco, la actriz Flavia Palmiero.

En la actualidad, las inversiones de Giorgio son comandadas por su hijo, Pïerandrea. Como sus padres, los herederos Pierandrea y Mauricio cultivan una larga amistad. «

Semillero de funcionarios y escándalos

El paso de Mauricio Macri por las empresas de papá Franco le dejó compañeros de ruta y dolores de cabeza legales. Un buen resumen de ambos aspectos se exhibe en la sentencia del Juzgado Comercial 9, del 16 de diciembre de 2003, en la causa que trató el concurso preventivo del Correo Argentino, un emprendimiento fallido del clan Macri que terminó con escándalo.

Si bien a esa altura Mauricio ya no trabajaba con su padre, todavía lo hacían varios ejecutivos que luego integrarían el staff del Gobierno de la Ciudad. Y, ahora, de la Nación. El fallo, por caso, prohíbe la salida del país a Andrés Horacio Ibarra, por entonces director titular del Correo y actual ministro de Modernización del gobierno nacional. En ese rol, tuvo a su cargo el despido de miles de trabajadores estatales.

La sentencia extiende la prohibición a los directores de Sideco SA, controlante del Correo. La medida involucró a Ángel Calcaterra, zar de la obra pública, Néstor Grindetti –actual intendente de Lanús– y Giorgio Nocella, el amigo de Franco, cuyo hotel recibió fondos una sociedad ligada a la offshore presidencial.

Tiempo Argentino


El manifiesto de “John Doe”: Habla la fuente anónima que filtró los Papeles de Panamá

La revolución será digitalizada

La desigualdad de ingresos es uno de los principales problemas de nuestros tiempos. Nos afecta a todos de manera mundial. A pesar de los numerosos discursos, análisis estadísticos, unas escasas protestas y documentales ocasionales, el debate sobre su repentina aceleración se ha multiplicado por años con políticos, estudiosos y activistas por igual, quienes luchan indefensos para detener este crecimiento constante. Aún quedan las incógnitas: ¿por qué? y ¿por qué ahora?

Los Panama Papers ofrecen una convincente respuesta a estas preguntas: corrupción masiva generalizada. Y no es coincidencia que la respuesta provenga de un bufete de abogados. Más que solo un engranaje en la máquina de la “gestión de riquezas”, Mossack Fonseca utilizó su influencia para redactar y torcer leyes a nivel mundial para favorecer los intereses de criminales por décadas.

Ramón Fonseca y Jürgen Mossack nos quieren hacer creer que las “sociedades pantalla” de su negocio, a veces llamadas “vehículos con propósitos especiales”, son como autos. Pero los empresarios de autos usados no redactan leyes. Y el único “propósito especial” de los autos que producían era el fraude a gran escala.

Las “sociedades pantalla” son comúnmente asociadas con el crimen de evasión de impuestos, pero los Panama Papers muestran sin la más mínima sombra de dudas que aunque estas empresas fantasma no son ilegales por definición, son utilizadas para llevar a cabo un amplio repertorio de graves crímenes que van más allá de la evasión de impuestos. Decidí exponer a Mossack Fonseca porque me imaginé que sus fundadores, empleados y clientes, tendrían que responder por su participación en estos crímenes, de los cuáles solo algunos han salido a la luz por el momento. Tomará años, tal vez décadas, para que la magnitud total de los sórdidos actos del bufete se conozca.

Mientras tanto, se ha dado inicio a un nuevo debate global, lo cual es alentador. A diferencia de la retórica política de antaño, que cuidadosamente omitió cualquier sugerencia de malos actos por parte de la élite, este debate se concentra directamente en lo importante.

Tengo varias reflexiones con respecto a eso.

Que conste, no trabajo para ningún gobierno o agencia de inteligencia de manera directa o como contratista, y nunca lo he hecho. Mi perspectiva es meramente propia, así como lo fue mi decisión de compartir los documentos con el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), no por propósitos políticos, sino simplemente porque ellos no tardaron en darse cuenta del nivel de injusticias que los archivos describen.

paraisos-portada-primeraLa narrativa de los medios dominantes hasta el momento se ha concentrado en el escándalo de lo que es legal y permitido en el sistema. Lo permitido es claramente polémico y debe cambiarse. Pero no debemos perder de vista otro factor importante: el bufete, sus fundadores y empleados, sí violaron deliberadamente un sinfín de leyes a nivel mundial, repetidas veces. Clamaron inocencia al público, pero los documentos muestran conocimiento detallado y actos de mala fe deliberados. En los casos más recientes que ya conocemos, Mossack personalmente levantó falsos testimonios ante la corte federal en Nevada, y también se sabe que su equipo de técnicos intentó encubrir las mentiras (vea el reportaje de CIPER “La agente chilena de Mossack Fonseca que operaba en Las Vegas”). Todos deben ser juzgados sin ningún trato especial.

Al final, miles de enjuiciamientos podrían provenir de los Panama Papers si tan solo quienes hacen cumplir la ley pudieran acceder y evaluar los documentos en cuestión. El ICIJ y sus medios asociados han declarado firmemente que no los entregarán a las autoridades policiales. Sin embargo, estoy dispuesto a cooperar con las autoridades en lo que pueda.

Dicho esto, he presenciado como uno tras otro, a denunciantes y activistas en los Estados Unidos y Europa, les han destruido sus vidas por las circunstancias en las que se encuentran luego de revelar evidentes actos de mala fe. Edward Snowden se encuentra varado en Moscú, exiliado por la decisión del gobierno de Obama de enjuiciarlo bajo la Ley de Espionaje. Por sus revelaciones sobre la NSA (Agencia Nacional de Seguridad), merece una bienvenida heroica y un reconocimiento considerable, no el destierro. Bradley Birkenfeld recibió millones por su aporte informativo sobre el banco suizo UBS y, de todas formas, fue castigado con una pena de cárcel por el Departamento de Justicia. Antoine Deltour se encuentra en juicio por proveer información a periodistas sobre cómo Luxemburgo ayudo a grandes multinacionales a evadir impuestos, robando miles de millones en ingresos fiscales a sus países vecinos. Y existen muchos otros ejemplos.

Los informantes que exponen actos de mala fe incuestionables, ya sean personas internas o externas, merecen inmunidad de represalias del gobierno. Fin de la discusión. Hasta que los gobiernos no dispongan de leyes que protejan a los denunciantes, los organismos de seguridad simplemente tendrán que depender de sus propios recursos o de la constante cobertura mediática mundial para consultar los documentos.

Por el momento, hago un llamado a la Comisión Europea, al Parlamento Británico, al Congreso de los Estados Unidos y a todas las naciones, a tomar acción rápida no solo para proteger a los denunciantes, sino también para detener el abuso global de los registros corporativos. En la Unión Europea, estos registros deben ser de acceso libre en cada estado miembro, con suficiente información detallada disponible sobre los dueños beneficiarios finales. El Reino Unido puede estar orgulloso de sus iniciativas domésticas por ahora, pero aún tiene la responsabilidad vital de detener el ocultismo financiero en varias islas de sus territorios, que son, sin lugar a duda, la piedra angular de la corrupción institucional a nivel mundial. Y Estados Unidos claramente no puede confiar más en sus 50 estados para tomar decisiones concretas sobre su propia información empresarial. Desde hace mucho tiempo, el Congreso de ese país debió tomar las riendas y exigir transparencia por medio de estándares de divulgación y acceso público.

Una cosa es exaltar las virtudes de la transparencia gubernamental en cumbres y en grandes discursos, pero otra es realmente implementarla. Se sabe que en Estados Unidos los representantes electos pasan la mayoría de su tiempo recaudando fondos. La evasión de impuestos no se puede solucionar mientras los funcionarios electos recauden dinero en sus élites, las cuales tienen los incentivos más grandes para evadir impuestos, a diferencia del resto de la población. Estas dudosas prácticas políticas generan un círculo vicioso entre autoridades políticas y financistas. La reforma al fracasado sistema de financiamiento de la política estadounidense no puede esperar.

Por supuesto, esos son apenas unos de los tantos problemas que deben solucionarse. El Primer Ministro de Nueva Zelanda, John Key, ha mantenido un curioso silencio sobre el papel de su país en permitir la meca del fraude financiero: las Islas Cook. En Gran Bretaña, los conservadores han sido desvergonzados sobre ocultar sus propias prácticas que involucran a empresas trasnacionales, mientras que Jennifer Shasky Calvery, directora de la Red de Vigilancia contra Delitos y Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, acaba de anunciar su renuncia para migrar a un trabajo en el banco HSBC (vea el reportaje publicado por CIPER sobre los SwissLeaks). Y así el conocido rechinar de la puerta giratoria de Estados Unidos hace eco en medio de un silencio global de miles de beneficiarios finales de “sociedades pantalla” que pronto serán descubiertos y que, probablemente, rezan para que el reemplazante de Shasky sea igual de débil que ella en la ejecución de las normas. En el rostro de la cobardía política es tentador rendirse ante la derrota, discutir que el estado actual se mantiene fundamentalmente inalterado, mientras que los Panama Papers son, sin más, un síntoma evidente de la fábrica moral decaída y progresivamente enferma de nuestra sociedad

Pero la problemática está finalmente sobre la mesa y no es sorpresa que ese cambio tome tiempo. Por 50 años, ramas ejecutivas, legislativas y judiciales alrededor del mundo, han fallado completamente en abordar la metástasis de los paraísos fiscales en la superficie de la Tierra. Incluso en la actualidad, Panamá declara que quiere ser conocida por más que estos papeles, pero su gobierno ha examinado convenientemente tan solo uno de los casos de su embrollo trasnacional.

Bancos, reguladores financieros y autoridades fiscales, han fallado. Se han tomado decisiones que han favorecido a los ricos, mientras se concentran en controlar a los ciudadanos de clase media y clase baja.

Las cortes ineficientes y desesperadamente retrógradas han fallado. Los jueces han adquirido por mucho tiempo los argumentos de los ricos, cuyos abogados—y no solo Mossack Fonseca—han sido bien entrenados en honrar los escritos legales, mientras que a la vez hacen todo en su poder para profanar su espíritu.

Los medios de comunicación han fallado. Muchas cadenas de noticias son parodias caricaturescas de sus propios perfiles anteriores, multimillonarios parecen haber tomado las riendas de los periódicos como pasatiempo, poniendo límites a la cobertura de temas serios sobre la riqueza y la falta de fondos para serias investigaciones periodísticas. El impacto es real: además de Süddeutsche Zeitung y el ICIJ, y a pesar de que se diga lo contrario, varios medios de comunicación líderes tuvieron a editores revisando documentos de los Panama Papers. Eligieron no darles cobertura. La triste verdad es que entre las organizaciones capaces y prominentes de medios en el mundo, no hubo una sola interesada en cubrir la historia. Ni siquiera Wikileaks contestó su línea directa de manera repetida.

Pero sobre todo, la profesión jurídica ha fallado. La gobernanza democrática depende de los individuos responsables del sistema que entienden y defienden la ley, no quienes la entienden y se provechan de ellas. En promedio, los abogados se han vuelto tan profundamente corruptos que es imperativo aplicar cambios significativos en la profesión, más allá de propuestas dóciles que ya están sobre la mesa. Para comenzar, el término “ética jurídica”, sobre la cual se basan códigos de conducta y licencias, se ha convertido en un oxímoron. Mossack Fonseca no trabajó en un vacío —a pesar de sus multas repetitivas y violaciones reglamentarias documentadas—, encontró aliados y clientes en los bufetes más grandes en prácticamente cada país. Si la economía quebradiza de la industria no fuera ya evidencia suficiente, ahora no hay manera de negar que a los abogados no debe permitírseles regularse entre ellos. Simplemente, no funciona. Aquellos capaces de pagar más, siempre pueden encontrar un abogado que sirva sus fines, ya sea que ese abogado sea parte de Mossack Fonseca o de otro bufete que no conocemos. ¿Qué pasa con el resto de la sociedad?

El impacto colectivo de estos fallos ha sido una completa erosión de los estándares éticos, finalmente dirigiéndose a un sistema que todavía llamamos capitalismo, pero que es equivalente a la esclavitud económica. En el sistema —nuestro sistema— los esclavos no están conscientes de su estado y de sus dueños, quienes existen en un mundo aparte donde los grilletes intangibles se ocultan cuidadosamente entre montones de inalcanzables jergas jurídicas. La terrorífica magnitud del detrimento del mundo debería despertarnos a todos. Pero cuando se necesita a un informante para encender la alarma, es causa de una preocupación mayor. Demuestra que los cheques y saldos de la democracia han fallado, que la crisis es sistemática y que la inestabilidad severa podría estar a la vuelta de la esquina. Este es el momento de la verdadera acción y se inicia formulando preguntas.

Los historiadores pueden relatar con facilidad cómo problemas de impuestos y desequilibrios de poder han llevado a revoluciones en el pasado. Entonces, fuerzas militares eran necesarias para calmar a las masas, mientras que en la actualidad, la restricción al acceso de información es similar o igual de efectiva. Pero vivimos en tiempos de almacenamiento digital gratis e ilimitado y conexiones rápidas a Internet que trascienden las fronteras nacionales. No se necesita mucho más para conectar los puntos: de principio a fin, la concepción de distribución de medios globales; la próxima revolución será digitalizada.

O, tal vez, ya inició.

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