Por Alberto López Girondo

Honduras fue el primer ensayo en América Latina de golpe institucional, en junio de 2009. Luego vendrían el derrocamiento de Fernando Lugo en Paraguay, en 2012 y ahora el impeachment a Dilma Rousseff en Brasil.

Las consecuencias de esos golpes se perciben en el plano económico y político, con la vuelta del neoliberalismo. Pero también en los Derechos Humanos. Eso lo sabe bien Salvador Zúñiga Cáceres, quien para protegerse de persecuciones políticas emigró a la Argentina en ese 2012 y acá recibió la noticia de que su madre había sido asesinada, en marzo pasado.

No es que Honduras haya sido un territorio especialmente apacible históricamente. Pero durante el corto período de Manuel Zelaya hubo un soplo de aire fresco que permitía avizorar un futuro mejor para ese país centroamericano. Hasta que una artera jugada judicial-legislativa despojó al mandatario de su cargo y tropas militares lo expulsaron a Costa Rica.

La reacción de los países latinoamericanos fue contundente y el Brasil de Lula da Sliva jugó un papel clave. Barack Obama –que había asumido en enero de ese año– y especialmente su secretaria de Estado Hillary Clinton, también, pero para el otro lado..

Zuñiga es hijo de la militante social y ambientalista Berta Cáceres. La mujer luchaba al frente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) contra la construcción de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca, en tierras ocupadas por la comunidad lenca y desde aquel aciago 28 de junio arreciaron las amenazas contra su vida. En este contexto decidió que lo mejor para sus hijos era el exilio. Salvador y una hermana vinieron para la Argentina y el joven estudia medicina en la UBA con la esperanza de volver a su patria para servir a la comunidad.

No se equivocaba Berta Cáceres: el 2 o el 3 de marzo pasado, no se sabe bien, un grupo de sicarios entró en su casa y la acribilló a balazos. Una persona que estaba en la vivienda, el mexicano Gustavo Castro, salvó la vida porque se hizo el muerto y es el principal testigo del homicidio. Con protección diplomática pudo escapar de Honduras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no pudo salvar la vida de Berta, quien había acusado a Hillary Clinton –ahora perfilada como candidata a la presidencia de EE UU– por la extrema violencia desatada en Honduras desde el golpe.

El crimen de esta mujer -que había recibido en 2015 el Premio Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente- mereció el repudio de organizaciones sociales y personalidades de todo el mundo, desde los presidentes de Nicaragua, Venezuela, el secretario de la OEA, hasta los actores Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo.

“En el libro Decisiones difíciles, Hillary dice que lo de Honduras era un proceso necesario -señala Zuñiga ante Tiempo- y ahí se hace evidente su apoyo al golpe y su responsabilidad en la violación de Derechos Humanos. EE UU nunca dejó de apoyar al ejército y la policía con el pretexto de las maras y de la violencia. Así militarizó diferentes lugares de Honduras y el territorio del pueblo lenca.

–¿Directamente lo hacen tropas estadounidenses?

–No directamente pero dan apoyo financiero. En Honduras está la segunda base más grande de Latinoamérica, Palmerola. Históricamente desde allí se intervino en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, países que sufrieron conflictos armados intensos. Desde Honduras siempre apoyaron a las dictaduras de países vecinos. Hace poco le preguntaron a Hillary Clinton sobre su mirada en perspectiva del rol que había cumplido en Honduras y reiteró que era algo necesario y llegó a decir que para garantizar la seguridad en Honduras debía hacerse algo similar al plan Colombia. Se sigue fomentando golpes de Estado disfrazados de institucionalidad que desatan violaciones a los Derechos Humanos.

–¿Qué es lo que saben del asesinato de tu madre?

–Ella había recibido amenazas y estuvo detenida varias veces. La CIDH había pedido protección para ella, pero evidentemente el gobierno no se la dio. Luego del crimen dijeron, primero que era un caso de robo, luego que era una pelea dentro de la organización, y luego que fue un homicidio pasional.

–Pero hay detenidos.

–Sí, y son hombres vinculados con amenazas y con las empresas constructoras de la represa. Pero no nos dejan participar del proceso judicial, no nos dejaron poner un perito en la autopsia. La idea es que todo termine en esos cuatro detenidos, no seguir hacia los máximos responsables. Nosotros pedimos investigación independiente y justicia verdadera.

Lugo, la otra víctima de sus aliados

El antecedente más cercano al proceso legislativo que alejó a Dilma Rousseff del cargo fue el de Paraguay en 2012. Fernando Lugo, ex obispo de la ciudad de San Pedro, había llegado al poder en 2008, mediante una alianza de sectores progresistas y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el segundo más grande del Paraguay.
En un contexto regional favorable a esta experiencia, Lugo intentó las pocas reformas que le permitía una relación de fuerzas desfavorable. Desde el primer día de su mandato, recibió el acoso de los medios y de una posición particularmente retrógrada.
Un incidente nunca debidamente aclarado entre policías y campesinos que dejó un saldo de 17 muertos en la localidad de Curuguaty, en mayo de 2012, fue la justificación para iniciar un proceso de juicio político express bajo el cargo de mal desempeño de sus funciones. De nada sirvieron las presiones regionales para evitar lo que a todas luces era un exceso en el uso de las atribuciones parlamentarias de aliados incómodos del gobernante. El PLRA cumplió el mismo papel que en Brasil el PMDB, y de hecho el vicepresidente, Federico Franco, fue uno de los principales impulsores del golpe y el que completó el mandato.

Tiempo Argentino