Militar retirado le disparó a Berta Cáceres, dice Ministerio Público

Tras dos meses del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres, el Ministerio Público (MP) comenzó a desenredar una de la cinco líneas de investigación en torno al crimen.

El viernes es el día crucial en el que el MP presentará en los juzgados todas las pruebas científicas y testificales que señalan a los cuatros detenidos: Douglas Geovanny Bustillo, Sergio Ramón Rodríguez, Mariano Díaz Chávez y Edilson Antonio Duarte, tres de ellos como autores intelectuales y uno como autor material del crimen que causó repudio mundial.

“Entre los detenidos está la persona que disparó contra Berta Cáceres”, afirmó el director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), Ricardo Castro, que el lunes junto con la Policía Militar del Orden Público (PMOP) ejecutaron el operativo Jaguar, en el que se detuvo en varios puntos de Tegucigalpa y La Ceiba a los cuatro sospechosos.

Castro también aseguró que entre los detenidos, la investigación científica de la Atic revela que tres son autores intelectuales del crimen y uno el material, o sea, el que le quitó la vida a la ambientalista. Dos funcionarios del Ministerio Público confirmaron a LA PRENSA que Douglas Geovanny Bustillo, teniente retirado de las Fuerzas Armadas y exjefe de seguridad de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (Desa), “es el autor material del asesinato de Berta Cáceres, por lo que será presentado como tal el viernes en los juzgados”.

El acecho de Bustillo

Según señalamientos del grupo que conformaba, Bustilllo dirigía grupos de asesinos y secuestradores en la zona donde se construiría la represa de Agua Zarca, proyecto que según investigaciones de la Atic, llevó a la muerte a la ambientalista.

“De las líneas de investigaciones que tenemos, podemos decir que la del trabajo es la más fuerte. Hemos trabajado una a una las líneas y hemos llegado a esta conclusión. La prueba aportada al proceso nos dice que esta es la línea, su trabajo le costó la vida”, dijo Castro.

Tanto Bustillo como Sergio Ramón Rodríguez fueron denunciados por intimidación y amenazas por la misma Berta Cáceres en una entrevista que concedió al periodista sueco Dick Emanuelsson en diciembre de 2013. “El dueño de la empresa me ofreció soborno, a mí y al Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras). Como no les funciona eso vienen todas las acusaciones que ya se conocen y amenazas de muerte. Incluso tengo mensajes en mi teléfono del jefe de seguridad de la empresa en donde incluso hay acoso sexual”, dijo Cáceres en esa entrevista otorgada en 2013.

Cuando el periodista le preguntó cómo se llama él, refiriéndose a la persona que la amenazaba y acosaba sexualmente por teléfono, la ambientalista no dudo en responder: “Él se llama Douglas Bustillo, es una cosa complicada y muy dura para el Copinh, de mayor criminalización”, puntualizó.

El controversial proyecto

La hidroeléctrica Agua Zarca es un proyecto propiedad de Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (Desa) financiado por el Banco de Desarrollo Holandés, quienes celebraron un acuerdo de financiación por 15 millones de dólares (unos 345 millones de lempiras) en coordinación con Finnfund y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), según un documento del FMO.

El banco se vio en la necesidad de aclarar en su portal muchas dudas en torno al asesinato de Berta Cáceres y la vinculación con el proyecto Agua Zarca que se desarrolla sobre el río Gualcarque en Santa Bárbara.

El FMO explicó que el proyecto no se trata de una represa, sino de un fluyente que generará 21.3 megavatios de energía limpia. El proyecto está detenido. Antes, Berta Cáceres paró un financiamiento para el proyecto por parte de Sinohydro y el Banco Mundial.

Roberto Cáceres, hermano de la ambientalista, aseguró que en la muerte de su hermana “hay una peligrosa red de gente pudiente del país que la persiguió constantemente. Berta recibió al menos 33 amenazas de muerte”, afirmó.

La Prensa


FAMILIA BERTA Y COPINH: PRONUNCIAMIENTO ANTE CAPTURAS

Ante las actuaciones del Ministerio Público hondureño, exigimos inmediatamente la participación de la comisión internacional, independiente de expertos para la investigación del asesinato de nuestra Berta.

Olivia, Berta, Laura y Salvador, Zúniga Cáceres, hijas e hijo, Austra Bertha Flores madre, así mismo el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, víctimas del asesinato de Berta Cáceres, recibimos con sorpresa la noticia de esta mañana acerca de capturas de personas involucradas en el vil crimen de nuestra Berta por parte del Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal- ATIC.

La familia y el COPINH, al igual que toda la sociedad hondureña y la comunidad internacional, demandamos justicia y verdad en el asesinato de nuestra Berta.

Debido a que se nos ha excluido del proceso de investigación desde sus inicios, no tenemos forma de calificar si las capturas realizadas son producto de diligencias exhaustivas ni tampoco sabemos si estas comprenden la autoría intelectual en todos sus niveles. Sin embargo, la noticia de la presunta participación de militares activos y retirados vinculados con la empresa DESA pareciera demostrar el involucramiento de agentes estatales en el asesinato, lo cual debe ser profundizado, y es razón suficiente para suspender el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de manera inmediata y definitiva.
Lamentamos que las investigaciones realizadas por el Ministerio Público no se han desarrollado con nuestra participación, ni se hayan escuchado nuestras voces.

Hoy, a dos meses del asesinato de nuestra Berta, seguimos siendo revictimizados y debemos enterarnos de este tipo de noticias a través de los medios de comunicación y no por los canales que nos corresponden por derecho.
La desconfianza que todavía mantenemos en el Ministerio Público ha sido fomentada por sus propias actuaciones poco transparentes y que nos ignoran como víctimas. Si el Estado realmente ha realizado una investigación exhaustiva, diligente, basados en pruebas científicas y respecto de todas las autorías (material e intelectual), hoy mismo debería aceptar la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, a través de un grupo de personas expertas independientes se analicen las actuaciones hasta ahora realizadas y se establezca si las mismas son conformes con los mayores estándares internacionales de debida diligencia.

Si el Ministerio Público y su agencia han desarrollado de manera correcta su trabajo, no debe haber ningún temor en que esta comisión que la CIDH ya ha puesto a disposición, comience su investigación de manera inmediata.
Buscamos que haya verdad y justicia en el asesinato de nuestra Berta, si se logra, ganamos todos y todas.

¡Berta Vive!

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 2 días del mes de Mayo de 2016

Olivia, Berta, Laura y Salvador Zúniga Cáceres, Austra Bertha Flores y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH. Con el acompañamiento del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.

COPINH


El viernes será audiencia inicial de acusados del asesinato de Berta Cáceres

El próximo viernes será la audiencia inicial de los cuatro sospechosos de participar en el asesinato de la dirigente lenca Berta Cáceres Flores, ultimada el 3 de marzo de 2016.

Las autoridades hondureñas detuvieron ayer a Sergio Antonio Rodríguez Orellana, Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez y Edilson Atilio Duarte Meza.

A los imputados “se les supone responsables del delito de asesinato y tentativa de asesinato. Por la muerte en perjucio de Berta Cáceres y tentativa de asesinato contra un testigo protegido (el mexicano Gustavo Castro)”, explicó Bárbara Castillo, portavoz de los juzgados capitalinos.

El juez con jurisdicción nacional estableció la audiencia inicial para el próximo viernes cinco a las 90:00 de la mañana.

En la audiencia, una vez valorado los medios de prueba por el Ministerio Público y la defensa, el juez puede decretar auto de formal procesamiento con prisión preventiva, sobreseimiento provisional o definitivo.

Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a tiros la madrugada del 3 de marzo por desconocidos que entraron a su vivienda en la localidad occidental de La Esperanza.

El Ministerio Público aseguró, en un comunicado, que tiene pruebas científicas y suficientes indicios racionales de la participación de los capturados en la Operación “Jaguar” realizada en Tegucigala, La Ceiba y Trujillo.

Mariano Díaz Chávez, Sergio Ramón Orellana, Douglas Geovanny Bustillo y Edilson Atilio Duarte Meza detenidos supuestamente por vínculos con el asesinato de Berta Cáceres.

Los vinculados

Rodríguez Orellana (49) es empleado de la empresa Desarrollos Eléctricos S.A. (DESA), mientras que Díaz Chávez es un militar activo y Duarte Meza es un militar retirado.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Francisco Alvarez, declaró a medios locales que el mayor de infantería Díaz Chávez fue puesto a la orden de las autoridades judiciales.

“A la familia de Berta Cáceres le pedimos disculpas si un miembro de la institución participó en este hecho tan bochornoso”, lamentó.

Comunicado de DESA

DESA emitió un comunicado diciendo que su proyecto Agua Zarca “en ningún concepto es responsable ni tiene vinculo material e intelectual con el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres” y se declaró “sorprendida con la detención del licenciado Sergio Rodríguez, quien ejerce como gerente en temas sociales y medioambientales de la empresa”.

Añadió que “Agua zarca lleva a cabo en Honduras un proyecto de energía renovable que se realiza bajo estrictas medidas medioambientales y que cuenta con el total apoyo por parte de las comunidades de su zona de influencia”.

La embajada de Estados Unidos, que desde el inicio condenó el asesinato y ofreció ayuda al gobierno para investigarlo, dio este lunes su “bienvenida a las detenciones” y anunció que dará seguimiento al proceso judicial y a nuevos arrestos.

La Prensa