Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Las elecciones constituyen el mecanismo de participación popular más relevante que tiene la democracia dominicana para escoger a las autoridades de los poderes Ejecutivo, Congresional y Municipal que nos regirán en el próximo cuatrienio.

Todo aquel que ejerza la fuerza o la coacción contra la realización de las elecciones generales, afectando el ambiente de libertad, transparencia y orden en que deben celebrarse, estaría atentando contra la voluntad popular expresamente reconocida por la Constitución de la República.

El único órgano al que la Constitución le asigna la misión de organizar, dirigir y supervisar las elecciones es la Junta Central Electoral y sus juntas municipales, con amplias potestades para regular el proceso y garantizar su ordenada y limpia realización.

El hecho de que la JCE haya sido presionada para que tome decisiones contrarias a la ley, como ha pasado con la resistencia a la distribución proporcional de las diputaciones en función de la densidad poblacional de nuestras provincias, la cuota del 33 por ciento para candidatas femeninas y el incumplimiento de los plazos establecidos para la presentación e inscripción de candidatos y alianzas, sienta un precedente dañino para la autoridad y la autonomía de esta institución.

Quienes más empeño deberían poner para que tengamos una JCE respetable y capaz de cumplir su misión constitucional, sin ningún género de interferencias, presiones o provocaciones, son los partidos que concurrirán a las elecciones del día 15 procurando que la voluntad popular, ejercida a través de sufragios libres y sin coacciones, quede debidamente legitimada.

Por tanto, es imprescindible que se asuma esto como un compromiso sagrado con la democracia y el clima de libertad que ella propicia y que se haga realidad con la firma de un pacto de respeto a la voluntad popular entre todos los partidos legalmente aptos para competir. O, al menos, entre los que creen verdaderamente en la democracia y en el futuro del país bajo ese sistema.

Es necesario alcanzar este pacto o acuerdo previo al día 15, como una señal de madurez democrática de nuestro liderazgo político, pero más que nada como un irrenunciable compromiso de respetar la voluntad popular, que es la única que puede legitimar la elección de más de 24 mil candidatos en un proceso ordenado, sin ruidos, sin presiones, sin amenazas y sin intentos por generar miedos o malsanas influencias sobre ese proceso.

Este es un momento de prueba. Y de compromiso. El pueblo será el gran jurado.

Listin Diario