Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

El Consejo Permanente (CP) de la OEA desautorizó tácitamente al secretario general de la organización Luis Almagro al adoptar una resolución sobre Venezuela que, al parecer, recoge parte importante de la posición de Caracas sobre la situación política en el país. Almagro pretende, en un acto insólito, sentar en el banquillo de los acusados al gobierno de Venezuela aplicándole la llamada Carta Democrática Interamericana(CDI) arguyendo las mentiras y falsedades de la oposición contrarrevolucionaria local, vertidas en un documento de 132 páginas. Para ello ha convocado a una sesión extraordinaria del CP entre el 10 y el 20 de junio. La resolución aprobada el miércoles no dice nada de la CDI, aunque habría que ver cómo evolucionan los acontecimientos de aquí a que se reúna de nuevo el CP.

El intento de este incoloro sujeto de aplicar a Caracas la CDI se produce justo cuando Venezuela es acosada desde todos los flancos por Estados Unidos y la derecha internacional, aprovechando la desaparición del presidente Hugo Chávez y la caída drástica de los precios del petróleo. Mientras, el presidente Nicolás Maduro, con el apoyo en la calle del chavismo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene firme en defensa de la Constitución y ha declarado una rebelión contra la CDI.

La iniciativa de Almagro fue lanzada el día antes del miércoles 1 de abril, cuando estaba convocada una reunión extraordinaria del CP para, a pedido de Argentina, presidente pro témpore de la instancia, discutir la situación en Venezuela. Curiosamente, Buenos Aires impulsó, a espaldas de Caracas un proyecto de resolución, endosado también por Barbados, Brasil, Canadá, Costa Rica, EE.UU., Honduras, México, Panamá, Perú, Guatemala, República Dominicana y Uruguay, que aunque llamaba a mantener el diálogo entre el gobierno y la oposición en el país suramericano, iniciado ya en Santo Domingo con la intermediación de los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero(España), Leonel Fernández(República Dominicana) y Omar Torrijos(Panamá), no especificaba -como proponía el proyecto presentado por el embajador Bernardo Álvarez, representante venezolano- que toda solución en Venezuela debe basarse en el respeto a su soberanía y reconocer al gobierno constitucional y legítimo que preside Maduro así como que el diálogo actual cuenta con el patrocinio de UNASUR. Ambas cuestiones de fundamental importancia, pues si se dejaran fuera del texto quedaría la puerta abierta al golpe de Estado y a la intervención, y si se obvia a UNASUR, se le da implícitamente a la OEA una beligerancia en cuanto a la situación en Venezuela que no se ha ganado y que Caracas y otras capitales de la región no desean.

De allí que la presidencia argentina pasara de la extraña postura de someter su proyecto de resolución a la votación por consenso, sin haberlo siquiera conversado con Venezuela, a la más razonable y democrática de conceder un receso para, de acuerdo con la amable y amistosa solicitud de Álvarez, dar tiempo suficiente para que pudiera ser conocido el proyecto venezolano por los Estados miembros.

Conviene recordar la guerra multidimensional desencadenada contra Caracas por el imperialismo y sus aliados y acólitos, en particular Álvaro Uribe y sus seguidores en Colombia y el impresentable gobierno de Mariano Rajoy, apoyado a dúo por los corruptos ex presidentes José María Aznar y Felipe González.

Parte central en esta aventura es el hostigamiento a que Washington ha sometido a Caracas desde el frustrado golpe de Estado de abril de 2002, que incluye la dirección y organización de la oposición apátrida en el país suramericano, la planificación de sus actividades por el Comando Sur de Estados Unidos y las inmisericordes campaña mediática y guerra económica. Súmesele el cínico decreto de Obama que declara a Venezuela un grave peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, renovado recientemente por la Casa Blanca por segundo año consecutivo.

Todo indica que Almagro tiene una prisa enorme por congraciarse con Washington y con la extrema derecha antivenezolana. En cuanto llegó a la desprestigiada OEA arremetió contra Venezuela, como no lo ha hecho en relación con ninguno de los gobiernos neoliberales que cometen graves violaciones a los derechos humanos y al estado de derecho y ensangrientan y empobrecen a los pueblos de nuestra América.

De Almagro dos fundadores del Frente Amplio (FA) de Uruguay me informaron que viene de la extrema derecha del Partido Blanco y que en su opinión, luego de una gris carrera diplomática ingresó a esa colectividad con propósito de ascender a embajador y luego a canciller, fingiendo compartir la política de unidad e integración latino-caribeña de los gobiernos del FA para finalmente posicionarse en la secretaría general de OEA con el apoyo de los gobiernos de izquierda de la región y luego ponerse al servicio de las posiciones más derechistas al servicio del imperialismo. Esta semana ha sido señalado por Kintto Lucas, ex vicecanciller de Ecuador y ex embajador itinerante de Uruguay, como quién siendo jefe de la diplomacia de Montevideo titubeó ante el deber de condenar el golpe parlamentario contra el presidente Fernando Lugo en Paraguay. Senadores del FA han manifestado esta semana vergüenza por la traicionera conducta del ex canciller del gobierno de José Mujica.

De una u otra forma, la OEA es un ente anacrónico, de clara trayectoria servil al imperialismo y un obstáculo a la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, cuyo desprestigio alcanzará las más altas cotas con un reptil de alquiler como Almagro de encargado, un don nadie con ínfulas de grandeza.

Ángel Guerra Cabrera. Periodista mexicano. Colaborador de La Jornada. Profesor en Casa Lamm.

La Época