Buenos Aires se dispone a aprobar tres leyes que revolucionarán la lucha contra la explotación laboral en la industria textil. Impulsadas por Gustavo Vera y su Movimiento para el Bien Común, las marcas de ropa que operan en la provincia (16 millones de habitantes, un 40 % de la población argentina) tendrán un plazo de dos años para someterse a auditorías a cargo de la Administración Pública y acreditar la procedencia de los artículos que comercialicen. Otra ley obligará a los entes públicos a adquirir productos que cumplan todas las normativas laborales o, en el caso las prendas importadas, las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo. Y un tercer proyecto de ley propone crear con apoyo público dos nuevos «centros demostrativos de indumentaria», a modo del ya existente impulsado por La Alameda. Las víctimas de explotación liberadas podrán trabajar en régimen de cooperativa en estos «polos textiles», a los que se destinará la maquinaria incautada en los talleres clandestinos.

En esos lugares –expone uno de los proyectos de ley–, se realizan jornadas extenuantes de 16 horas, 6 días a la semana. Los trabajadores y sus familias «comen y viven en los talleres…, en ocasiones encerrados bajo llave», y en lamentables condiciones de higiene y seguridad. Con macabra periodicidad, algún incendio mortal expone a la luz esta cruda realidad. Como arzobispo y después como Papa, Jorge Bergoglio ha denunciado insistentemente estos casos, que afectan de modo especial a inmigrantes bolivianos, a menudo traídos a Buenos Aires con engaños. Cuando llegan, se les suele retirar la documentación o se amenaza a sus familias en Bolivia, lo que dificulta que haya denuncias. Según La Alameda, cerca del 80 % de las prendas producidas en Argentina proceden de estos talleres, que emplean directa o indirectamente a medio millón de personas. «Las redadas policiales han demostrado que producen para marcas de primer nivel», afirma Gustavo Vera. Así vio también expuestas sus vergüenzas una afamada modista argentina –hoy convertida en una activista antitrata– que confeccionaba para la reina Máxima de Holanda con mano de obra esclava.

Como antecedentes de estos proyectos, La Alameda puso en marcha auditorías voluntarias a las que se sometieron una veintena de marcas, si bien de forma parcial. Por parte de la Administración solo aceptó auditarse el Ministerio de Defensa. Así fue como se demostró que los uniformes del Ejército argentino estaban siendo confeccionados en talleres clandestinos de Paraguay.

Gracias a la presión del Papa, la ley que obligará a todas las marcas a auditarse cuenta con el apoyo de los principales partidos y podría estar aprobada en dos meses, estima Gustavo Vera. En Argentina, existen fuertes aranceles a los textiles importados de Asia, lo que facilitará notablemente el proceso. El reto será desmantelar los alrededor de 3.000 talleres que se estima existen solo en Buenos Aires.

Vera confía en que la iniciativa genere un precedente en otros países, empezando por Brasil, donde en 2012 se aprobó una enmienda constitucional que permite expropiar sin indemnización los bienes de quienes empleen mano de obra esclava. La Alameda es además miembro de la red internacional No Chains (sin cadenas), de cooperativas de trabajadores textiles liberados de Tailandia, Filipinas, Indonesia y Hong Kong, y en Europa tiene relación con la Campaña Ropa Limpia. Pero más allá de estas cajas de resonancia, se espera que el gran impulso proceda nuevamente del Papa Francisco, con la convocatoria de un nuevo encuentro en el Vaticano, en el que –adelanta Vera– participarán sindicatos, ONG y asociaciones defensoras del consumidor.

Alfa y Omega