PGR sustituye a fiscal del caso Iguala

La Procuraduría General de la República (PGR) informó a los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa de la sustitución del fiscal que lleva las investigaciones del caso y de la directora de Servicios Periciales de la dependencia.

Además, señaló que la investigación interna al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, por su actuación en el Río San Juan, está “próxima a concluir”.

Durante la reunión que esta tarde sostuvieron con la procuradora General de la República, Arely Gómez, los padres de familia saludaron estos cambios en los funcionarios que llevan las investigaciones del caso Iguala, pero insistieron en la salida de Tomás Zerón, como una condición indispensable para la credibilidad de las pesquisas.

De esta forma, el nuevo fiscal del caso Iguala es Alfredo Higuera Bernal, quien sustituye a José Aarón Pérez Carro, quien, según la procuraduría, dejó la dependencia por “motivos de salud”.

Además, como consecuencias de sanciones dentro de la investigación interna en la PGR, fue separada del cargo Mónica Martínez, jefe de Servicios Periciales.

Santiago Aguirre, representantes de los padres de familia y presente durante la reunión, informó que la PGR ya les hizo llegar el informe sobre el caso Iguala, en el cual se describe las actuaciones que el Ministerio Público federal ha realizado durante la investigación de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

La Jornada


PGR mantiene versión sobre los hechos en Iguala

La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene como principal línea de investigación, sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa ocurrida los días 26 y 27 de septiembre de 2014, la tesis de que los estudiantes fueron a Iguala a tomar camiones para llevarlos a su escuela, “lo que llevó a la célula del grupo Guerreros Unidos a actuar en contra” y que con el apoyo de policías de Iguala y Cocula” los detuvieron para interrogarlos y privarlos de la vida.

Sostuvo lo anterior, Eber Betanzos Torres, titular de la subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, quien señaló que el grupo agresor tomó la acción de los jóvenes como una provocación con el propósito de “calentar la plaza”, que está en disputa con otros grupos criminales.

Esta vez, el funcionario no hizo referencia alguna a la presunta incineración de los cuerpos de los jóvenes desaparecidos en el basurero de Cocula, ni a la polémica generada por este tema.

Al leer un informe detallado sobre el avance de la investigación en el caso Iguala, Betanzos –quien no aceptó preguntas- sostuvo que la investigación sigue abierta y que la dependencia que encabeza Arely Gómez atiende las recomendaciones emitidas en su momento por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Precisamente, sobre la participación del GIEI, el funcionario sostuvo que la PGR ha cumplido con más del 88 por ciento de peticiones del grupo, además de que el término de su mandato no significa que la colaboración haya terminado.

El funcionario destacó que “en ésta etapa” de la investigación, hay una mayor apertura y transparencia –como el hecho de que se publicó el tercer tomo de la versión pública de la investigación en la página de Internet de la dependencia y se entregó a los padres de los estudiantes el Libro Blanco de la indagatoria- , en la que el acercamiento con los padres de las víctimas se da en el marco de continuar la indagatoria, agotar las líneas de investigación que arrojen los testimonios de los policías de Iguala, Cocula y Huitzuco, así como desarticular los grupos delictivos que operan en la zona, conocer el destino final de todos los normalistas, detener y castigar a los responsables, así como lograr la reparación del daño.

La Jornada


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