Una pericia elaborada por técnicos del Senado a pedido de la defensa de Dilma Rousseff indicó que hay pruebas de que la suspendida presidenta actuó directamente en la edición de dos decretos de crédito sin autorización del Congreso, pero no se identificó una acción directa para atrasar los pagos del gobierno a bancos públicos, práctica conocida como “pedaleo fiscal”.

La edición de los decretos sin autorización del Congreso fundamentó el pedido de impeachment que apartó a Dilma del Palacio del Planalto.

En un informe de 223 páginas los auditores dijeron que hubo irregularidades en la liberación de créditos sin permiso legislativo y en atrasos en pagos de subsidios de bancos públicos al Plan Safra de financiamiento al sector agrícola.

La pericia fue realizada sobre informes del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y con autorización del presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski.

La defensa de la mandataria afirma que no era necesario el permiso del Congreso para dictar los cuestionados decretos.

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No hay pruebas de pedaleo fiscal contra Dilma Rousseff

Un informe elaborado por técnicos del Senado brasileño señaló este lunes que no existen pruebas de que la presidenta separada de su cargo, Dilma Rousseff, participara en las maniobras fiscales, que supusieron una de las causas que llevaron la apertura del juicio político que se tramita contra ella en la Cámara Alta.

El corresponsal de teleSUR en Brasil, Ignacio Lemus, indicó que el estudio realizado por peritos designados por la Comisión Impeachment del Senado reza que Rousseff no participó de “pedaladas fiscales”.

La pedalada fiscal consiste en la transferencia de ingresos públicos a través de la contratación de servicios con bancos públicos hacia diferentes rubros con un saldo final positivo a favor del gobierno.

De acuerdo con Lemus, “a partir de estos peritos se decretó que tres de los cuatros créditos suplementarios sin aval del Congreso eran irregulares y tuvieron impacto en la meta fiscal. Sin embargo, no se encontraron acciones directas por parte de la jefa de Estado suspendida que hayan contribuido al atraso de 3.5 millones de reales (1 millón 036 mil 390 dólares) en pago a los bancos públicos por parte del Tesoro Nacional brasileño”.

El periodista precisó que este informe manifiesta, en resumen, que las razones por las cuales se abrió el juicio político contra la mandataria no tendría lugar según los técnicos, porque Rousseff no tuvo que ver directamente y para la existencia del proceso, según la Constitución, debe haber una acción directa sobre el hecho que se le acusa.

Las pedaladas fiscales es una de las cuatro acusaciones contra la presidenta, por lo que pese a que resulta exculpada de ello, el juicio continúa.

En contexto

En mayo, el Senado de Brasil votó a favor del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, por lo que debió separarse de su cargo por un período de 180 días.
Durante este periodo se analizan las pruebas que supuestamente vinculan a la jefa de Estado con presuntas pedaladas fiscales, lo que supone que el Gobierno atrasó sistemáticamente el envío de recursos a los estatales Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales en un año electoral.
Esta maniobra de juicio político es interpretada por los analistas como un golpe de Estado parlamentario contra el Gobierno progresista, y un atentado feroz contra las políticas sociales.
El presidente interino, Michel Temer, quien quedó a cargo de la nación ha llevado a cabo desde los primeros siete días en el Poder una serie de reformas económicas y modificaciones contra la clase trabajadora, movimientos campesinos y hasta contra el sector salud, cultura y educación.

Sin agua y sin papel, policía civil lanza huelga en Rio de Janeiro

La Policía Civil de Rio de Janeiro paralizó el lunes sus tareas, en una medida de fuerza por ocho horas con la que buscará llamar la atención sobre sus problemas financieros.

El Sindicato de los Comisarios de la Policía (Sindelpol) de Rio denuncia falta de agua, papel higiénico y tinta para imprimir denuncias en las comisarías.

El presidente de Sindelpol, Rafael Barcia, dijo que ninguna investigación fue llevada a cabo o continuada durante el lunes, excepto los casos de homicidio.

“Estamos en una situación límite”, dijo Barcia.

La semana pasada un comisario reclamó sobre la imposibilidad de usar un helicóptero para perseguir un traficante.

Algunas patrullas, además, están paralizadas por falta de mantenimiento y combustible. De los seis blindados de la Policía Civil sólo tres funcionan.

En el aeropuerto internacional de Rio de Janeiro, en la zona norte de la ciudad, agentes esperaron a pasajeros con un gran cartel en inglés (FOTO) con la leyenda “Bienvenidos al infierno. Policías y bomberos no son pagos. Cualquier persona que llegue a Rio no estará segura”.

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