“Secretario de la OEA debe ser un actor de consenso, que busque soluciones”

República Dominicana acoge desde hoy hasta el miércoles a los cancilleres de los 34 países miembros de la Asamblea General de la Organización de  Estados Americanos (OEA). El canciller Guillaume Long señala que en la cita se presentará la postura de respeto a la democracia y la no injerencia de la organización sobre los problemas internos de los Estados miembros.

¿Cuál será la postura que llevará el Ecuador a la Asamblea de la OEA en República Dominicana?

Llevaremos una postura progresista, soberana, de defensa de la democracia nacional, regional y global. Vamos a defender, por supuesto, la soberanía de los países ante la arremetida de algunos entes, incluyendo pues, nos tememos, la Secretaría General de la OEA. Vamos también a llevar propuestas que han estado en el tapete en los últimos días en la agenda mediática, como el financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

¿Cuál será la temática central?

La temática central de la Asamblea General de la OEA será sobre desarrollo sostenible. Seguramente tendremos la oportunidad de defender nuestra visión de desarrollo; de hablar cómo nosotros creemos que los países en vías de desarrollo, periféricos, como se los quiera llamar, pasan de su papel primario exportador a ser países con una mayor diversificación económica; es decir cómo damos el salto al desarrollo  de lo que hemos llamado en Ecuador, por ejemplo, Buen Vivir y cuáles son las políticas que conllevan ese salto. Es una agenda amplia, son 2 o 3 días de conversaciones amplias.

¿Cuál es la posición del país frente al intento de reactivación de la Carta Democrática en Venezuela?

Los países de la región, miembros de la OEA, ya han dado una respuesta contundente. Espero que esa firmeza se la pueda mantener  en la Asamblea General. Creo que los países van a reaccionar de la misma manera como lo hicieron la semana pasada en el Consejo Permanente de la OEA, en donde están los embajadores de los países y se hizo una resolución clara de defensa de la soberanía de Venezuela. Fue un rechazo claro a cualquier tipo de injerencia. Se apoyó de forma muy frontal el diálogo iniciado en Venezuela, que fue una iniciativa promovida por la Unasur; un diálogo que fue llevado a cabo en su fase exploratoria por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández.

El Consejo Permanente de la OEA, en su resolución, apoya estas instancias de diálogo. Hubo una clara intención de la Secretaría General de exacerbar el conflicto, generar mayor división, polarización, cuando consideramos que el rol de una Secretaría General es todo lo contrario: tratar de  ser un ente que pueda bajar el nivel de conflictividad, ser un actor que promueva el  diálogo, que pueda hacer un llamado a la tranquilidad. Los 34 países de la OEA están de acuerdo con el diálogo y con que se rechace esa suerte de exacerbación del conflicto. La Secretaría General es un ente que se debe a los Estados. No es una presidencia hemisférica ni nada de eso. El secretario general ha sido electo por los países miembros. Se espera de un Secretario que sea un actor de consenso, que siempre busque soluciones y no esté generando mayores niveles de conflictividad.

¿Harán algún pedido al Secretario General de la organización?

Vamos a conversar en la Asamblea General. Estoy seguro de que los cancilleres van a asumir la misma posición, pero con un ‘bis a bis’ con el Secretario General y elevando el nivel de la discusión al ámbito de Cancillería y  haciendo un llamado a la Secretaría General de la OEA para que no se ultrapase ni se extralimite de las competencias que están establecidas en la normativa de la OEA.

¿Qué mecanismos hay dentro de la OEA para garantizar la no intervención en asuntos estrictamente internos?

El Derecho Interamericano y la OEA en diversos documentos y en su normativa hacen un llamado a no intervenir en los asuntos internos de los países. Todo el Derecho Internacional, generalmente, llama a la no injerencia, no intervención, lo que pasa es que eso es lo que está escrito, pero sabemos que la historia del mundo ha estado muy marcada por la  intervención, injerencia  y violación flagrante de la soberanía de los países. Por supuesto que la OEA, en los capítulos más nefastos de América Latina, ha permitido que esas injerencias se den. Por eso Ecuador y varios países progresistas de la región crearon nuevos organismos de integración, porque la OEA estaba jugando un rol que dejaba mucho que decir y que no defendía la soberanía y democracia de los países. Recuerdo las décadas de dictaduras sangrientas en Latinoamérica y la OEA no dijo nada; una OEA dirigida por actores que respondían al general Pinochet. En los últimos años se consolidaron mecanismos de integración que buscan operar con otra lógica: la defensa de la soberanía, de la democracia, como la Unasur y la Celac, mecanismos de consultas políticas que reúnen a todos los países de la OEA, menos EE.UU. y Canadá, además de Cuba, que es el más ausente. La OEA tiene fragilidades históricas que provocaron que no fuera el ente de integración que hemos priorizado; más bien estamos priorizando entes regionales como Unasur, Celac, Alba, que son latinoamericanos y caribeños.

¿Hasta dónde llega el peso de la Carta Democrática de la OEA?

La Carta Democrática de la OEA, básicamente, lo que plantea es la separación temporal de los países en el caso de que se solicite. Pasó la última vez luego del golpe de Estado en Honduras. Tiene que ser un caso flagrante de violación a derechos humanos, la Constitución y el Estado de derecho. Y eso no es lo que sucede en Venezuela, que hay un gobierno democráticamente electo, hay un proceso constitucional, así que los países miembros de la OEA han dictaminado en el  Consejo Permanente que no cabe la aplicación de la Carta Democrática. Ecuador ha cuestionado a la CIDH y ha planteado la necesidad de un sistema regional.

¿Cuánto ha avanzado aquello?

Fuimos el país precursor al sonar la alarma de que había un grave problema en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ese problema tenía una raíz profunda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que jugó un papel durante las dictaduras de los sesenta y ochenta. Fue un lugar que hizo vocería en relación de los derechos humanos en su debido momento y eso lo reconocemos, pero con el pasar del tiempo se creó una Corte-IDH. No solo una comisión que hace lobby, que hace una suerte de rol como lo haría una ONG al promocionar los derechos, sino un verdadero sistema jurídico como es la Corte-IDH, en Costa Rica. Hay un problema de raíz: se piensa que solo los Estados son culpables de violación de derechos humanos y no los entes privadas, pero la Comisión no tiene un rol bien definido y posee una institucionalidad bastante desordenada. Hay un problema de financiamiento también, ya que no solo los países signatarios del Pacto de San José financian la CIDH.

El Telégrafo