Pido excusas a los campesinos que no les han llegado los recursos: Santos

En el marco de la conmemoración del día del campesino en el Parque Nacional de la cultura agropecuaria, Panaca, en Quimbaya Quindío, el jefe de estado habló del paro agrario.

“El campo ha estado abandonado durante mucho tiempo, nosotros desde hace cinco años y medio venimos tratando de sacar del olvido alcampesino, al productor y su familia”, señaló Santos.

Y agregó “yo sé que hace falta mucho, que hay muchas necesidades en el campo, hay gente inconforme, en este momentos muchos están protestando en varias regiones del país, y están en todo su derecho, a ellos les pido excusas si no les han llegado los recursos que necesitan”

Sin embargo, el mandatario dijo que a la mayoría sí les han llegado los recursos, y se comprometió a que los dineros les lleguen a los que faltan.

Radio Caracol


Modelo económico, la razón del paro

Diecisiete departamentos, 34 puntos de concentración y cerca de 30 mil personas en movilización. En apenas dos días, el paro agrario convocado por sectores del campesinado, comunidades indígenas y grupos afrodescendientes ha dejado claro que, a pesar de la insistencia del Gobierno en señalar que ha hecho todo lo posible por cumplir lo acordado y que los avances son importantes, las inconformidades persisten y los problemas son más profundos de lo que parecen.

La situación ha llegado a tal punto que el Ejecutivo decidió enviar como representantes a varios funcionarios de Gobierno –incluyendo algunos ministros– a las regiones en las que más se ha movido el paro: Cauca, Chocó, Nariño, Boyacá y Meta. “Se desplazarán funcionarios a las zonas de concentración para discutir con cada una de las mesas regionales para ver cómo podemos corregir puntos de discordia”, sostuvo el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, insistiendo en que pese a que los avances han sido lentos, el Gobierno sí ha cumplido.

Sin embargo, para los campesinos, el tema tiene más matices de los que plantea el Gobierno. La principal razón que recoge el descontento, aseguran, es el modelo económico del país que –como ha dejado claro el Gobierno– es “innegociable”. “La esencia de la negociación está en los acuerdos de fondo, porque estamos rechazando el modelo económico. Estamos planteando que sea más ambiental, en defensa de la vida y los derechos de los colombianos”, explicó Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos, dejando claro que la movilización agraria no se levantará de las carreteras mientras no se avance en los puntos del pliego central.

Un tema de vieja data que los líderes campesinos, indígenas y afrodescendientes vienen poniendo sobre la mesa desde hace un tiempo y sobre el que ya se habían hecho acuerdos en 2014. Por eso hablan de promesas incumplidas. “Hay 1.100 horas de diálogo y pocos minutos de cumplimiento”, asegura Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Arias se refiere a los puntos enmarcados en los acuerdos mínimos que inicialmente firmó el Gobierno con las trece organizaciones movilizadas, como un acto de confianza para avanzar hacia la discusión de los temas de fondo: tierra, territorio y soberanía; el modelo minero energético y la sustitución de cultivos de uso ilícito.

Dicho acuerdo de confianza, si se hubiera cumplido en su totalidad hasta el momento, habría costado más de un billón de pesos. No obstante, lo que reclama el movimiento social es que ni siquiera ese pliego mínimo ha logrado materializarse en su totalidad. Así, por ejemplo, el Ejecutivo se comprometió a entregar $250.000 millones anuales para proyectos de desarrollo rural en las comunidades movilizadas. De ese dinero, el propio Gobierno reconoce que hasta ahora se han desembolsado $81.000 millones para 73 convenios suscritos en 2015. Sin embargo, según Jimmy Moreno, lo que el Gobierno olvida mencionar es que dicho monto corresponde a la anualidad de 2014 y que aún hace falta desembolsar 2015 y 2016. “El compromiso es que eso sea regla general dentro del presupuesto nacional cada año”.

Otro punto mínimo que no ha avanzado mucho es el de infraestructura rural. De acuerdo con la minga nacional, a 2014 debían haberse ejecutado $250.000 millones en carreteras, escuelas, acueductos, distritos de riego y otros proyectos. Sin embargo, y como lo acepta el Gobierno en un balance general de la minga de hace dos años, hasta ahora se destinaron $10.500 millones para la estructuración de proyectos a través de un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “El listado de proyectos sí lo tiene el Gobierno, pero solo en el papel. No se ha cumplido ni con el 50 % de los acuerdos mínimos de la minga de 2014”, resalta Moreno.

Los otros recursos que se incluyen dentro del pliego de acuerdos mínimos entre las partes y los cuales sí se han girado son los que se destinaron a foros de paz y al fortalecimiento organizativo del movimiento social que lideró la minga de 2014. Esto suma un total de $2.500 millones. Hasta ahí, la minga ve el vaso medio vacío y solo se ha hablado de los acuerdos mínimos, es decir, aún falta abordar los puntos de fondo, que son los que empezarían a menguar el paro.

Por eso insisten en que la raíz del problema es el modelo institucional. De acuerdo con Ediver Suárez, representante del Comité de integración social del Catatumbo (Cisca), los proyectos productivos no resuelven las deficiencias estructurales. “Tenemos un poco más de dos años desde que salió el decreto 870 (del 8 de mayo de 2014), en el que se construyó un pliego de ocho puntos y no se ha empezado a discutir el primer punto político, entonces ¿qué es lo que le está cumpliendo el Gobierno al campesinado?”, se pregunta Suárez.

Señala además que, en el caso de su región, el descontento es consecuencia del abandono institucional histórico en el que ha vivido el Catatumbo. “Acá están los campesinos que tienen una propuesta de país, que no somos el Bronx (…) Sabemos la incapacidad del Estado para cumplir las necesidades del campesinado, su respuesta es represión, militarización”, insiste.

Tierra, territorio y soberanía son el primer punto de fondo. La minga está solicitando al Ejecutivo el reconocimiento y operación de las figuras jurídicas que amparan a estas comunidades en sus territorios. Es decir, territorios ancestrales para los indígenas, consejos comunitarios para los afros y zonas de reserva o territorios agroalimentarios para campesinos. Las dos últimas están rezagadas, según dicen, por falta de voluntad política.

Reclamo que está directamente relacionado con otra gran preocupación: la ley de las Zonas de Inversión para el Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), que, a los ojos del campesinado, constituye una agresión pues pretende fortalecer la agroindustria, la entrega de baldíos a multinacionales y no a los campesinos. “Pedimos derogar la ley Zidres, que se fortalezca la economía campesina. Está en juego la soberanía alimentaria del país”, señala Jimmy Moreno.

A eso se suman temas como los relacionados con la falta de consulta para actividades mineroenergéticas, la erradicación de cultivos de droga y la ausencia de proyectos para que se dé la sustitución progresiva.

Por lo pronto, los voceros de las trece organizaciones sociales que lideran la Minga Nacional, Agraria, Campesina, Étnica y Popular, quieren desmentir que están divididos y ratificar que la única instancia legítima de diálogo y negociación es la Mesa Única Nacional, así el Gobierno quiera buscar espacios de discusión enviando delegados a las regiones.

ElEspectador


Minga Nacional Agraria exige trato político y no represivo

En este segundo día de la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular informamos a la opinión pública que, cerca de 70 mil campesinos, indígenas y afrocolombianos nos encontramos en las diferentes carreteras del país en 27 Departamentos y en más de 100 puntos de concentración. Cada día se irán sumando más mingueros y mingueras a esta jornada pacífica y son muchas las expresiones de reclamo y de movilización social que se están programando en las principales ciudades del país de parte de múltiples sectores sociales.

Garantías y derechos humanos

La Minga Nacional Agraria, Étnica, Campesina y Popular ha recibido de parte del Gobierno Nacional un tratamiento de guerra incumpliendo otra de las promesas hechas a sus voceros. Es evidente que la Minga no ha contado con las garantías para el libre ejercicio de la protesta social y la situación de derechos humanos se agrava cada vez más en muchos de los lugares donde se vienen desarrollando las manifestaciones pacíficas de campesinos, indígenas y afrocolombianos.

Se han presentado graves atentados contra la vida e integridad personal como la muerte en medio de hostigamientos por parte del Esmad del indígena embera Willington Quibarecama Nequirucama de 26 años, y las heridas causadas con arma de fuego a Manuel Jovel Dagua en su brazo izquierdo.

En la mayoría de lugares donde se vienen desarrollando las concentraciones de la Minga Nacional sus líderes y participantes vienen siendo sometidos una rigurosa inteligencia a todas luces Ilegal. Muchos de los dirigentes han sido fotografiados o grabados en vídeos, incluso se les ha solicitado sus números de teléfono. Situación preocupante porque muchas veces ha sucedido que esta inteligencia ha sido utilizada en atentados y otros actos de victimización contra la dirigencia popular. Estos casos se han dado en los lugares de Lizama, Catatumbo y Sutatá.

Desde antes del inicio de la Minga se ha venido orquestando una campaña de difamación, hostigamientos y sabotaje a partir de la perversa aseveración de que se trata de un paro armado, como lo hizo el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, el Esmad y el Ejército Nacional, lo cual legitima, justifica y motiva el uso desmedido y desproporcionado de la fuerza contra los ciudadanos campesinos, indígenas y afrocolombianos que están exigiendo el respeto a sus derechos.

Los miles de pobladores del sector rural han logrado llegar a sus lugares de concentración a pesar de las múltiples Intimidaciones y amedrentamiento del que han sido objeto. Los conductores de transporte han recibido amenazas directas que han buscado impedir que los pasajeros lleguen a sus puntos de encuentro como en el caso de los campesinos que se dirigían al páramo de Berlín. Son varios los periodistas de medios alternativos a los cuales no se les ha permitido llegar a cubrir la noticia en los sitios donde se desarrolla la Minga, lo cual vulnera el derecho a la libertad de información.

El asedio a los campesinos ya en los lugares de hospedaje como cambuches y sitios de dormida por parte del Ejército Nacional ha generado un gran temor en los manifestantes de lo que pueda ocurrir en los próximos días, como en el caso de Santander y Boyacá. Se han realizado sobrevuelos en puntos de concentración, perifoneos disuasivos contra las comunidades por parte del mismo Esmad y del Ejército Nacional que han realizado toda una contracampaña desinformativa a través de panfletos repartidos masivamente en comunidades enteras con la consigna “Pare el paro”.

Este no puede ser el tratamiento a la justa y legítima protesta social de parte de un gobierno que se precia de defender y buscar la paz. Sus discursos son solo retórica si se sigue enfrentando de una manera tan brutal a esta Minga.

Queremos decirle que no vamos a aflojar y que a pesar de todo este tratamiento de guerra nos vamos a sostener y vamos a seguir exigiendo los cambios requeridos para el sector agrario nacional. Somos actores civiles y políticos legítimos y no se nos puede equiparar a un grupo armado. Y las comparaciones desafortunadas de zonas campesinas como el Catatumbo con el Bronx, solo es válida en tanto las situaciones de extrema pobreza son tratadas militarmente.

Incumplimiento de acuerdos

De otro lado el Gobierno nacional alega que ha cumplido y que no se explica por qué la Cumbre Agraria realiza esta jornada.

Es cierto que sobre algunos de los compromisos hechos en los llamados acuerdos de confianza, algo se ha avanzado, sin que se pueda decir que se haya llegado ni siquiera al 50% de cumplimiento. Hay temas como el de la adjudicación de tierras, los proyectos de infraestructura y el tema de garantías y derechos humanos, en los cuales el avance es mínimo o casi nulo. Respecto a la línea de financiación a través del Fondo de Fomento Agropecuario, el Gobierno Nacional se comprometió a invertir $250 mil millones durante la vigencia de 2014 de los cuales la Cumbre Agraria solo ha recibido 40%.

Igualmente se comprometió a garantizar que estos recursos respondieran al principio de anualidad, cosa que no se ha cumplido ya que para este año 2016 se están desembolsando apenas recursos del año fiscal de 2014 quedando en el aire la adjudicación de recursos de los dos años siguientes. En cuanto a las Cumbres de Paz solo el 30% de recursos se han desembolsado. Respecto al fortalecimiento organizativo, que es el monto más pequeño, se ha desembolsado la totalidad de lo acordado.

Sin embargo es muy importante que la opinión pública sepa que sobre los ocho temas de fondo, contenidos en el Pliego Único Nacional, después de tres años de haber iniciado la negociación, sobre ninguno de ellos hay ningún acuerdo y que solo en tres de ellos se han generado algunos intercambios de información y de propuesta, sin que exista ningún compromiso real de parte del Gobierno nacional de avanzar en algunas de las propuestas hechas por la Cumbre Agraria.

Es cierto que en esta negociación se han gastado muchas horas y dinero en reuniones, que al momento muestran el bajo nivel de efectividad y la falta de voluntad política de resolver lo esencial y de atender a los sectores más olvidados y empobrecidos del agro nacional históricamente olvidados y condenados a niveles de pobreza deshumanizantes y degradantes. Sería mejor invertir menos tiempo y recursos en negociaciones más eficaces y fructíferas. Hay que pasar de hablar, a acordar y hacer cosas que cambien realmente la vida y la suerte de los pobladores del campo.

Todos los actores de esta negociación: el presidente Santos, las Naciones Unidas, y la Cumbre misma, reconocieron hace ya un año que estas negociaciones habían caído en una crisis profunda y poco se hizo por sacarlas de este limbo. Todo lo anterior no nos ha dejado otra alternativa que volver a las calles y carreteras de Colombia y desde allí llamar a la solidaridad del pueblo colombiano frente al sector agrario.

Lo que pedimos es que se atienda este nuevo llamado de la Cumbre Agraria a realizar cambios de fondo en la política nacional y no solo ofrecer unas migajas del presupuesto nacional con las cuales quiere callar la voz de miles de comunidades. Tenemos propuestas en todos los puntos del pliego y queremos que este gobierno muestre su voluntad de hacer la paz y de superar los conflictos políticos a través del diálogo y la disposición de avanzar en los acuerdos fundamentales del Pliego Único.

Pedimos que se avance en esta negociación que bien puede mostrar un camino de éxito o fracaso de cualquier pretensión de avance en una paz con justicia y equidad social y que se suspenda el tratamiento militar que se le viene dando.

Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular
Bogotá D.C. Mayo 31 de 2016

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PrensaRural

 


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