El Gobierno de Costa Rica abogó ayer para que los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) hagan un esfuerzo por garantizar la solvencia económica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual atraviesa una crisis financiera.

“Costa Rica hace un respetuoso llamado a los países miembros de tan importante órgano para revisar y replantear los aportes económicos anuales que realizan y así brindar mayor estabilidad a la Comisión y permitir que continúe trabajando en las mejores condiciones”, declaró en un comunicado el canciller costarricense, Manuel González.

La Cancillería costarricense indicó en el comunicado que realizará “su mayor esfuerzo aún dentro de una difícil situación fiscal” para aumentar su aporte económico a la CIDH y que continúe con su “importante trabajo de promoción y protección de los derechos humanos en el continente”.

La Cancillería informó hoy de que González se reunió el pasado lunes en Nueva York con el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Sánchez, con el fin de analizar la situación que atraviesa ese ente.

La CIDH, con sede en Washington, enfrenta la peor crisis financiera de su historia lo que le obligará a despedir al 40 % de su personal y suspender labores clave si no recibe antes del 15 de junio los alrededor de dos millones de dólares que le faltan este año para poder cumplir mínimamente con sus funciones.

La plana mayor de la CIDH y sus 78 trabajadores, en una movilización sin precedentes, pidieron esta semana a los 34 Estados miembros de la OEA que asuman su responsabilidad con la defensa de los derechos humanos y corrijan la anomalía de los últimos años, en los que el organismo ha sobrevivido gracias a fondos voluntarios de países europeos.

La CIDH atiende demandas de miles de personas en América para obtener justicia y protección ante violaciones a sus derechos humanos y si las considera procedentes las eleva a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica.

El País