El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de la provincia costera de Manabí dispuso este martes acciones para avanzar organizadamente en el proceso de demolición de edificaciones en las localidades afectadas por el terremoto de 7.8 grados que afectó a Ecuador el pasado 16 de abril.

De acuerdo con datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), hasta este 7 de junio esta entidad había recibido las respectivas órdenes de demolición de los distintos municipios de 2.938 edificaciones, de las cuales 2.156 ya han sido derrocadas y las otras 782 están en proceso.

Este número se incrementa a medida que avanzan los procesos de evaluación e inspección de infraestructuras en la provincia, señaló el delegado del MTOP, Marcos Vera.

El gobernador de Manabí, Javier Saltos, explicó que la meta es ir cercando las denominadas ‘Zona Cero’ en cada cantón hasta liberarlos de los riesgos que constituyen los inmuebles afectados en sus estructuras.

El funcionario reconoció que se han presentado ciertos obstáculos en este proceso, como la negativa de ciertas familias a firmar las órdenes de demolición, por lo que se adoptó una hoja de ruta de tres puntos que será de estricto cumplimiento para este caso.

En el caso de Portoviejo, la capital manabita, el primer aspecto tiene que ver con la suspensión de toda demolición que haya sido contratada directamente por propietarios, y que no esté contemplada dentro del cronograma del municipio, ya sea dentro o fuera de la Zona Cero.

“No se va a permitir que una persona particular intervenga si esta edificación no está dentro del cronograma que será publicado en 48 horas y que será debidamente coordinado con las Fuerzas Armadas y Policía”, señaló Saltos, al señalar que esta disposición también abarca a las casas que están dentro y fuera de la Zona Cero

Adicionalmente se creó un comité técnico integrado por técnicos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), el MTOP y la Secretaría de Gestión de Riesgos para que en el caso de las viviendas, cuyos propietarios se niegan a firmar las órdenes de demolición, actúen de oficio para levantar informes sobre el estado de la infraestructura.

Este informe será enviado al municipio respectivo que a su vez tomará las consideraciones legales, como la publicación en los medios de comunicación sobre la orden de demolición, para proceder al derrocamiento del edificio.

El tercer punto es entablar diálogos con personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social con las pocas familias que se resisten a salir de las zonas de desastre por dudas respecto a la seguridad de sus bienes. En el caso de Portoviejo son unas 60 familias que aún están habitando en el centro de Portoviejo, lugar devastado por el sismo, pero de las cuales la mayoría ya han presentado voluntad para ir a albergues, mientras 11 se resisten al traslado.

El gobernador indicó que aún no hay una fecha estimada para la demolición total de los inmuebles afectados pero considera que se lo hará por etapas de acuerdo al cronograma de los municipios hasta reducir las zonas afectadas.

El delegado del MTOP señaló que en el caso de los edificios de mayor dimensión serán las autoridades a nivel nacional las que determinen el procedimiento técnico para el derrocamiento, ya sea por implosión u otro método.

Patricio Vélez, del Municipio de Portoviejo, explicó que los usuarios no deben confundir el tema de las inspecciones y las órdenes de demolición.

En el primero fueron equipos del MIDUVI que colocaron sellos con los colores del semáforo (rojo, amarillo y verde) que indicaban sobre el nivel de afectación de cada inmueble; en cambio, las órdenes de demolición se establecen, como señala la ley, solo por una autorización del cabildo después de un análisis técnico de la estructura, mientras el ente encargado del derrocamiento es el MTOP.

En ese sentido señaló que el Municipio de Portoviejo ha emitido 150 autorizaciones de demolición al MTOP, de los cuales ya se han cumplido 122, y están en proceso otras 226 órdenes. También se han despejado escombros de 231 inmuebles desde el 16 de abril.

El cabildo local, además, ha emitido 1.476 salvoconductos para que dueños de edificios puedan ingresar a la Zona Cero para recuperar algo de sus bienes. De estos permisos 554 son para residencias; 102 para bancos y cooperativas; 103 para instituciones públicas; 587 de instituciones privadas; y 55 de locales comerciales.

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