Este miércoles, la Misión Permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, hizo un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie sobre la necesidad de dejar en libertad a Julian Assange.

Esta petición se dio en el marco del debate general sobre situaciones de derechos humanos del organismo supranacional días después de que Julian Assange, creador de Wikileaks, cumpliera cuatro años desde que se asiló en la legación diplomática del país andino en Londres.

La delegación del Ecuador que participa en el 32º Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra cuestionó la negativa del Gobierno británico a otorgarle a Assange el salvoconducto para que se traslade al Ecuador.

Esto le permitiría al Assange gozar de la protección que, en calidad de refugiado, le ha otorgado el Gobierno, comentó María Fernanda Espinosa, representante permanente en Ginebra.

“La imposibilidad de abandonar el edificio de la Embajada ecuatoriana en Londres está afectando la salud e integridad física y psicológica de Assange y constituye una violación a sus derechos a la libertad, al trabajo, a un nivel de vida adecuado y al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, sostuvo la diplomática en un comunicado enviado a ANDES.

En la madrugada del 19 de junio de 2012, el ciberactivista australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks, pidió asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, ubicada en la zona de Knightsbridge, centro de la capital inglesa. En ese momento la justicia británica estaba por definir su extradición a Suecia, país que lo buscaba por una denuncia de presuntos delitos sexuales contra dos mujeres, imputación que Assange niega.

De acuerdo a los argumentos de Assange, detrás de la acusación se encuentra Estados Unidos, país que busca juzgarlo y podría sentenciarlo a la pena de muerte por haber difundido, desde 2010 y a través de WikiLeaks, cientos de miles de documentos militares clasificados y cables diplomáticos del gobierno norteamericano.

Dos meses después, el 16 de agosto, el gobierno del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aceptó darle asilo político, pero Reino Unido le negó el salvoconducto para llegar al aeropuerto y volar a Ecuador bajo el argumento que su país “tiene la obligación” de detenerlo y extraditarlo a Suecia.

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