Que Panamá logre recuperar el canal para que sirva realmente a los intereses de su pueblo; que evitemos el saqueo a mansalva de los ingresos futuros del canal por parte de un puñado de empresarios; que se haga realidad la aspiración de los Mártires de un canal para el pueblo panameño; requiere todo esto la construcción de una alternativa política popular independiente.

El Canal de Panamá es una de las maravillas del mundo que demuestra la capacidad del ingenio humano de transformar la naturaleza, doblegar la geografía y controlar la hidrología para acercar a los pueblos del mundo, su comercio y su cultura. Esta obra se hace más admirable con el tercer juego de esclusas, que se inaugura el 26 de junio de 2016, y que permitirá el paso de buques de las mayores dimensiones que circulan por los mares.

Sin embargo, queda un sabor amargo en la boca pues hacemos conciencia de que, en su momento el canal se realizó a costa del coloniaje imperialista, el apartheid y el racismo, así como el bloqueo hacia nuestro país de su principal recurso. Colonialismo contra el que hubo que luchar por décadas.

Y ahora, la ampliación del Canal de Panamá ha sido impuesta recurriendo a mentiras, que le han escamoteado recursos para la solución de las necesidades sociales más urgentes al pueblo panameño. Además,  el consorcio constructor y los bancos ya se han embolsado más de lo presupuestado y esperan saquear mucho más con diversas demandas. Todo esto gracias a que el canal está dirigido por una camarilla de empresarios “lagartos” y que en su Junta Directiva no está representado el verdadero pueblo panameño.

Una maravilla de la ingeniería y el trabajo colectivo

Si el canal ya era un portento desde que Lesseps inició los trabajos, por 1880, aunque fracasara después; si la ingeniería norteamericana, junto a decenas de miles de trabajadores de todo el mundo, especialmente afroantillanos, habían creado una obra magnífica que hemos admirado por más de cien años; esta ampliación no sólo es espectacular por sus dimensiones, sino que, al margen del consorcio internacional que la dirigió, es producto del trabajo de miles de obreros de origen netamente panameño cuya capacidad demostrada se suma a los que ya hacían funcionar el canal “viejo”.

Es inevitable que la emoción infle el pecho ante semejante fruto del trabajo humano, de las actuales y las pasadas generaciones, sin caer en el patrioterismo barato que promueven el gobierno y la ACP. Esta ampliación es una obra colectiva, de quienes directamente trabajaron allí durante poco más de un lustro, y de quienes desde las generaciones anteriores hicieron posible un canal sin “zona”, con un solo territorio y una sola bandera.

Un recuerdo obligado a los mártires de la lucha por la soberanía

En este momento debemos un recuerdo a los Mártires del 9 de Enero de 1964, que dieron su vida por la soberanía; a la generación de jóvenes de 1947 que derrotó el Convenio de Bases Militares; a los trabajadores de la Huelga Inquilinaria masacrados en Santa Ana, en octubre de 1925, por las tropas norteamericanas convocadas por un gobierno oligárquico; a los miles de hombre y mujeres que construyeron el canal entre 1904 y 1914, y a los que lo intentaron de 1880 a 1888; incluso a quienes dejaron sus vidas en el Istmo durante la construcción del ferrocarril entre 1850 y 1855.

La invasión de 1989 le birló el canal al pueblo panameño

Al pueblo panameño se le ha escamoteado “el uso más colectivo posible” del canal y sus áreas adyacentes que prometió el general Omar Torrijos, cuando firmó los Tratados de 1977. Si bien el canal estuvo bajo un proyecto militarista dirigido por Noriega en los 80, la invasión lo recolocó bajo un proyecto empresarial.

Entre los objetivos de la invasión norteamericana de 1989 estuvo imponer una forma de administrar el Canal de Panamá que escapara a la soberanía real del pueblo panameño, para colocarlo bajo control de una élite oligárquica corrupta y complaciente con Estados Unidos, poniendo en función de negociados capitalistas sus instalaciones.

Dos fueron los instrumentos acordados por la burguesía panameña bajo la tutela norteamericana para escamotearle al pueblo la soberanía conquistada el 31 de Diciembre de 1999: el título constitucional sobre el canal y el plan de uso de suelos  e instalaciones de las áreas revertidas.

El título constitucional, aprobado en 1994,  creó una Autoridad del Canal (ACP), en manos de un administrador y una Junta Directiva con poderes omnímodos que escapan a cualquier forma de supervisión y control nacional. Se creo una “zonita del canal” sin gringos dirigida por los hijos de burguesía que no luchó por la soberanía. De hecho hoy, la Junta Directiva está controlada por un puñado de banqueros y empresarios inmobiliarios.

Por su parte, las áreas revertidas que no son parte del funcionamiento del canal, han sido privatizadas en favor de empresas transnacionales que están exoneradas de impuestos y que pagan salarios mínimos, como es el caso del sistema portuario o el área especial de Panamá-Pacífico.

La Junta Directiva de la ACP en manos de la oligarquía

Basta observar la composición de la actual Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para ver cómo está puesta al servicio de la oligarquía panameña: Roberto Roy (empresa Ingeniería R-M), Marco Ameglio (grupo Borden), Nicolás Corcione (intereses inmobiliarios de la Cámara de Comercio), Ricardo del Espriella T. (Grupo MEDCOM, Comisión Nacional de Valores, representante del FMI y la AID), Henri Mizrachi (Consorcio General S.A.), Francisco Sierra Fábrega (Banco General), Alberto Vallarino Clement (Grupo Verdeazul S.A.), José Sosa A. (miembro de CAPAC), Ricardo Arango (Bolsa de Valores y miembro de la firma Arias, Fábrega y Fábrega), Lourdes Castillo (Naves Supply).

Los únicos dos miembros que no son directamente del sector empresarial de todos modos son personas al servicio del régimen político: Elías Castillo, político y diputado de mucha influencia en el PRD (perteneciente a la facción que se entiende con el presidente Varela) y el ingeniero Óscar Ramírez (un tecnócrata de la Universidad Tecnológica ex becario de Fullbright-LASPAU).

El actual administrador, Aníbal Quijano, es un tecnócrata de confianza de los Estados Unidos, pues laboró muchos años bajo la administración norteamericana del canal. Su antecesor por dos período seguidos, Alberto Alemán Zubieta, es miembro de la junta directiva del Banco General y dueño de Constructora Urbana S.A. (CUSA), empresa que “ganó” importantes concesiones bajo su administración (como la autopista del puente Centenario) y es socio del Grupo Unidos Por el Canal (GUPC) constructor del tercer juego de esclusas. ¿Casualidad?

Como se aprecia, no hay en la Junta Directiva ningún miembro que represente a las organizaciones gremiales de la clase trabajadora o los sectores populares.

Las mentiras de la ampliación para llenar los bolsillos de unos cuantos

Esos grupos oligárquicos que controlan el canal, en asocio con el conjunto de los partidos políticos, encabezados por el PRD y Martín Torrijos siendo presidente, idearon la propuesta de dar carácter de urgencia a un proyecto de tercer juego de esclusas (o ampliación), que Estados Unidos había congelado desde la década de 1940. Para justificarlo se adujeron toda clase de falsedades como que la vía se quedaba obsoleta, o que la mayoría de las naves se construían en tamaño postpanamax, que hacia 2020 el canal ya no serviría para nada, etc. Todas estas falacias fueron desmentidas en su momento por especialistas como Jorge y Aníbal Illueca o Roberto Méndez, entre otros.

Todas esas mentiras infundadas tenían como objetivo hipotecar los ingresos presentes y futuros del canal para una obra que, si bien es bonita, no era urgente. De manera que los recursos del canal, que recién habían revertido al país cayeran en manos de los banqueros que financiarían la obra y de los consorcios inmobiliarios que la construirían.

De nada valió que la mayoría de las organizaciones populares y sindicales propusieran la postergación de esa obra para que los recursos que recién empezaban a revertir a Panamá sirvieran para pagar la enorme deuda social que el país tiene con la población: desempleo juvenil, delincuencia, pobreza, sistemas de salud, educación, alcantarillado, transporte y recolección de basura en pésimas condiciones.

Los gobiernos de Torrijos, Martinelli y Varela dieron prioridad a poner los recursos del canal para pagar una ampliación que enriquece a unos pocos a costa del deterioro catastrófico que sufre el nivel de vida de la población panameña. Pese a que en el referéndum de 2007, la mayoría de la población tuvo dudas suficientes para no ir a votar (70% de abstención), lo cual invalidaría su aprobación, se siguió adelante con el proyecto.

Se caen las mentiras de la ACP sobre la ampliación

Entre las tantas mentiras aducidas por los gobiernos y la ACP para justificar la urgencia de la ampliación estuvo la promesa de un crecimiento imparable del comercio mundial y con ello del tráfico marítimo que redundaría a enormes ingresos del canal que redundaría en mayores ingresos para el estado panameño para obras sociales. De nada valieron las advertencias de importantes analistas de que las proyecciones de la ACP eran demasiado optimistas y no tomaban en cuenta la crisis capitalista internacional.

Ahora que está a punto de inaugurarse la ampliación la ACP anuncia una reducción de sus ingresos por la vía de una reducción de los fletes de los barcos que transitan el canal. “Demasiados barcos disponibles, poca demanda y un bajo precio del petróleo impactan de forma negativa en los ingresos de las rutas de transporte como el Canal de Panamá… La ACP había estimado que el barril de petróleo no bajaría de menos de 50 dólares, sin embargo llegó a 27 dólares”  (La Prensa, 27/3/2016).

Además la ACP anuncia que los aportes del canal al Estado panameño serán 45,3% inferiores a lo proyectado para el período 2014 a 2021, es decir, B/. 9.419 millones menos! La ACP atribuye esta disminución a retraso en las obras, nuevo escenario macroeconómico, competencia Suez y pretende culpar a un pequeño aumento salarial que dieron a los empleados (La Estrella, 3/5/2016).

Pero si todo el proyecto se fundamentó en un supuesto aumento considerable del canal al erario público para que cumpliera sus compromisos sociales. Ahora resulta que “se equivocaron” o que todo era una burda mentira.

Los números chuecos de la ampliación, un robo descarado

El idilio con el consorcio constructor del tercer juego de esclusas, GUPC, se acabó en 2014, a pocos meses de la fecha en que debía inaugurarse. GUPC, liderizado por la empresa española SACYR, acusada en España de casos de corrupción, decidió demandar adelantos y pagos de sobre costos por sus trabajos. Llegando incluso a paralizar la construcción para imponer su criterio.

Pese a que supuestamente parte de los reclamos de sobre costos de SACYR – GUPC están en litigio, el hecho es que ya se ha pagado por la obra más de lo proyectado inicialmente y, si los tribunales dieran la razón a esa empresa terminaríamos pagando casi el doble de lo anunciado por la ACP en 2007. Veamos:

El costo original de la ampliación fue estimado en 5.250 millones de dólares, divididos así: 3.118 millones por la construcción de la esclusas a GUPC y 2.132 millones de dólares para dragado y excavaciones.

SACYR indica que sobre los 3.118 millones, que parece se le han cancelado en su totalidad, ha logrado que la ACP le haya reconocido 460 millones adicionales y anuncia que tiene en disputa otros 3.525 millones de dólares (La Prensa, 30/5/2016).

Si SACYR lograra que se le paguen la totalidad de esos reclamos terminaría cobrando: 3.578 (que ya se le pagaron) más 3.525 (reclamos) = 7.103 millones de dólares, o sea, más del doble de lo contratado!

Si así fuera, a esos 7.103 millones hay que agregar los 2.132 millones destinados a dragados y excavaciones, lo que da un gran total de 9.233 millones de dólares para el costo total de la obra, que excede en 75,87 % el costo proyectado originalmente. Con lo cual se cae otra de las mentiras de la ACP y los gobiernos oligárquicos.

Si se suma esta deuda a los 21.400 millones de deuda pública, tendríamos que el endeudamiento total del Estado panameño sobrepasa los 30.000 millones de dólares, es decir, más del 50% del P.I.B.

Se requiere un proyecto político alternativo de los sectores populares

El gobierno de Juan C. Varela y la Junta Directiva de la ACP pretenden esconder las mentiras y el costo real de la ampliación para el pueblo panameño, envolviendo esta realidad en un manto de patrioterismo y costosa publicidad.

Con el tercer juego de esclusas de por medio, y su indudable magnificencia ingenieril, se pretenden que el pueblo panameño se olvide por unos días que la inauguración se hace en medio de una enorme crisis de salud a partir de la pandemia de la influenza, que se añade a la crisis del sistema viejo; que el modelo de acumulación por la vía del “paraíso fiscal” está en crisis por denuncias externas; que la inseguridad ciudadana campea por doquier; que los docentes marcharán unos días después por estado catatónico de la educación, etc.

Que Panamá logre recuperar el canal para que sirva realmente a los intereses de su pueblo; que evitemos el saqueo a mansalva de los ingresos futuros del canal por parte de un puñado de empresarios; que se haga realidad la aspiración de los Mártires de un canal para el pueblo panameño; requiere todo esto la construcción de una alternativa política popular independiente.

Sólo un gobierno de los sectores populares podrá poner orden en el saqueo que algunos han montado contra el canal y sus recursos.

*Ensayista, periodista, sociólogo, politólogo y profesor universitario panameño.