El Senado federal aprobó ayer, con 68 votos a favor y 30 votos en contra, el proyecto que establece en Puerto Rico una Junta de Control Fiscal.

La medida, conocida en el Congreso como PROMESA, fue trabajada directamente por el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, en conjunto con la Casa Blanca y endosada por el presidente Barack Obama.

La misma otorga a la Isla un mecanismo de restructuración fiscal a su deuda de $70,000 millones a cambio de que se implante en la isla una junta federal de supervisión y administración que tomaría decisiones respecto a los presupuestos del país.

En Puerto Rico, numerosos sectores y líderes políticos se oponen o tienen reservas con esta medida.

El comisionado residente, Pedro Pierluisi, y el gobernador Alejandro García Padilla, estuvieron cabildeando en Washington con senadores federales para que se aprobara la medida, aunque ambos le reconocen aspectos negativos al proyecto.

Primera Hora


Celebra García Padilla la aprobación de la Junta de Control Fiscal

El gobernador Alejandro García Padilla celebró anoche la aprobación en el Senado federal de la medida que impone la Junta de Control Fiscal en la Isla.

García Padilla acudió a las redes sociales para expresar su satisfacción sobre el proyecto.

“Hoy comenzamos a rescatar el país de manos de los acreedores para ponerlo otra vez en manos de los puertorriqueños”, lee un tuit de la cuenta oficial de Twitter del gobernador.

“Hoy comenzamos a reducir la hipoteca que otros le quisieron imponer a nuestros hijos”, escribió segundos más tarde en la misma red social.

La medida, conocida en el Congreso como PROMESA, fue trabajada directamente por el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, en conjunto con la Casa Blanca y endosada por el presidente Barack Obama.

La misma otorga a la Isla un mecanismo de restructuración fiscal a su deuda de $70,000 millones a cambio de que se implante en la isla una junta federal de supervisión y administración que tomaría decisiones respecto a los presupuestos del país.
En Puerto Rico, numerosos sectores y líderes políticos se oponen o tienen reservas con esta medida.

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