La fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad enGuatemala (CICIG) investigan un nuevo caso de corrupción contra el expresidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, esta vez por el financiamiento ilegal del Partido Patriota, que los llevó a la presidencia.

El jueves fueron detenidas 23 personas, acusadas de participar en el caso, entre ellos ex funcionarios y empresarios.

La fiscalía solicitó al juzgado incluir en el caso as Pérez Molina, su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, así como su yerno y ex secretario privado Gustavo Martínez, todos en prisión por otros casos de corrupción.

La fiscal general Thelma Aldana, en conferencia de prensa al explicar el caso dijo que fue “una estructura mafiosa que utilizó los canales democráticos electorales” al señalar que financistas anónimos entregaron financiamiento al Partido Patriota a cambio de favores, entre ellos los canales de televisión guatemaltecos a cambio de que se les diera pauta comercial.

Iván Velásquez, titular de la Comisión dijo que la organización política realizó actividades ilícitas triangulando fondos.

“Así el Partido Patriota ingresó dinero a la campaña que provenía de empresas y personas particulares pero que fueron ocultadas por medio de empresas de Juan Carlos Monzón, (ex secretario privado de Baldetti) y de otra persona. Las empresas o financistas que entregan a empresas de Monzón y ellos aparecen con aportes al Partido Patriota cuando en realidad es un financiamiento anónimo”, dijo Velásquez.

El Comisionado dijo que el solo hecho de ser un financista anónimo es un delito.

El presidente Jimmy Morales a través de sus redes sociales dijo sentirse “realmente indignado de la ambición desmedida de los ex funcionarios”. Morales participará de la segunda parte de la conferencia para anunciar acciones con el fin de recuperar parte de los fondos sustraídos del estado guatemalteco.

“Roxana Baldetti vivía en el país de las maravillas con el dinero del pueblo guatemalteco”, dijo Velásquez.

El juez Miguel Ángel Gálvez confirmó a la Associated Press que se emitieron al menos 45 órdenes de captura.

Gálvez dijo inicialmente que entre ellos se encontraba un exministro de Energía y Minas, Erick Archila, pero horas después aclaró que se había equivocado.

“Por este caso no tiene orden de aprehensión esta persona”, dijo el juez en alusión a Archila.

Entre los detenidos figura el director del Registro Nacional de las Personas, Rudy Gallardo.

Las detenciones se relacionan con el financiamiento del Partido Patriota por parte de empresarios y funcionarios a cambio de favores y de beneficios para ambos.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) participa junto a la fiscalía en las investigaciones y detenciones del caso.

Según la CICIG, un organismo creado por la ONU contra aparatos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco, en acuerdo con el gobierno del país centroamericano, ambos fueron los líderes de estructuras incrustadas en el estado para favorecerse de éste en detrimento de las arcas públicas.

El Periódico