Cuando el 23 de marzo pasado vencía el plazo anunciado por el presidente Santos para lograr un acuerdo de finalización del conflicto con las FARC-EP, algunos colombianos pudieron sentirse decepcionados pero no del todo sorprendidos. Ya habían visto fracasar los procesos de Betancourt y Pastrana, ya habían conocido los estragos de las paces parciales que negociaban con unos y dejaban afuera a otros. Ya habían visto arreciar la persecución a los defensores de derechos humanos, trabajadores, estudiantes y movimientos populares que luchaban por una pizca de justicia social en un país signado por la más cruel de las desigualdades.

Habrán pensado ese 23 de marzo que, como en otras ocasiones, iba a ser más fuerte el grito de guerra, ese que le hincha el pecho a ciertos “patriotas” convencidos de que la paz se logra con más violencia e incitan sin miramientos al odio fraticida como si más de medio siglo entre las balas no hubiese sido suficiente.

Pero también habrán pensado que ponerle fechas exactas a estos procesos no tiene mucho sentido, habida cuenta de lo caro que nos ha salido querer desembarazarnos fácil y pronto de esta guerra a través de soluciones mágicas o falsos mesías. Y habrán dicho para si: “es sólo un plazo y no un proceso” para seguir optimistas mirando a Cuba mientras la diplomacia de la guerra recorría el mundo buscando pisarle los talones a la paz.

Hoy 23 de junio, escépticos y optimistas asistimos al evento más importante de la política colombiana en los últimos 52 años. Los equipos negociadores del Gobierno colombiano y las FARC-EP anunciaron en La Habana que llegaron a un acuerdo sobre el fin del conflicto. Se trata del tercero de seis puntos que conforman la agenda que viene discutiéndose desde noviembre de 2012 y el que comporta la mayor complejidad pues establece las condiciones para la finalización de la guerra, la dejación de armas y la promoción de garantías de seguridad para los desmovilizados y para las comunidades que habitan en las zonas de conflicto.

Lo expuesto por la Mesa de Negociaciones en el Comunicado Conjunto N° 76 puede resumirse en tres grandes puntos. En primer lugar, el “Acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas”. Este dispone 23 zonas veredales y ocho campamentos de carácter transitorio para la concentración de los guerrilleros antes de su desmovilización y reincorporación a la vida civil, cuya ubicación geográfica es aún desconocida. Además, regula la dejación de armas por parte de las FARC en tres etapas: 30% en el momento de la firma del acuerdo de paz definitivo; 30% a los 60 días de firmado el acuerdo; y el 40 % restante a los 150 días. La recolección de armas y su fundición para la elaboración de tres monumentos de memoria, estará a cargo de la ONU siguiendo un protocolo ya diseñado y tomará entre 150 y 180 días post-firma.

El segundo conjunto de compromisos se refiere a las “garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Este es uno de los tópicos de mayor importancia de cara al postconflicto, pues establece las medidas de protección a la actividad política tanto de los guerrilleros desmovilizados, como de toda organización civil y política frente al yugo paramilitar. Aún estando frescos en la memoria de los colombianos el genocidio de la Unión Patriótica y el asesinato de 4 candidatos presidenciales, han venido a sumarse nuevos hechos recientes de violencia política como el asesinato de 116 miembros del Movimiento Marcha Patriótica y de cientos de líderes indígenas, campesinos y populares.

Finalmente, avanzando en lo que será el sexto y último punto de los acuerdos, las partes anunciaron que la refrendación de los acuerdos se realizará mediante el mecanismo que decida la Corte Constitucional Colombiana. En caso que dicho órgano lo apruebe, los colombianos deberemos votar un plebiscito por la paz en los próximos meses.

Más allá de la consulta popular, el comienzo del fin firmado hoy en La Habana debe ser refrendado en cada acto de gobierno revirtiendo aquellas políticas que están en las antípodas de una paz con soberanía y equidad. Muchos esperarán que el cumplimiento de lo acordado con la Minga Agraria Campesina, Etnica y Popular en los últimos días sea el correlato de lo rubricado en la Habana; y los más optimistas seguirán soñando con otro 23, en el que el país se llene de júbilo por el anuncio de un acuerdo similar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Hoy no hay Fuego sino Paz en el 23, parafraseando la famosa canción de la Sonora Ponceña(1). Que lo digan los compatriotas que se reunieron en el centro histórico de Bogotá este medio día para festejar en torno a la transmisión del evento en La Habana.
Hay Paz en el 23, en el 23!

* Investigadora GESHAL

(1) Fuego En El 23! – Sonora Ponceña