Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región

El día que falló su menstruación, la verdad, ni la extrañó. María, con apenas 15 años, desconocía si sus ciclos eran irregulares o de inglesa puntualidad.

Pero lo que si notó por esos días fue algo que ella misma bautizó como un “ataque de vómitos”. Antes que consultar con su novio, corrió a casa de una compañera de estudios. Amanda, apenas unos meses mayor, le había contado sus aventuras sexuales y los varios “sustos” que había soportado, lo que ya la hacían una experta en materia.

Juntas fueron a la casa de una vecina que, en uno de los barrios más pobres de la ciudad, ayuda a mujeres desesperadas, como María.

Pagó 35 dólares a cambio de su vida. El alambre de una percha, utilizado como equipo quirúrgico, la desangró tanto que la dejó sin aliento.

María, que aún no había terminado la secundaria, no tuvo tiempo de confesarle el embarazo a su familia. Tampoco pudo llegar a un hospital donde, quizás, le habrían salvado la vida.

Se trata de una escena que, por miles, se repite año tras año en América Latina, donde el aborto es castigado hasta con prisión.

Debate espinoso

El aborto, lo mismo que el matrimonio igualitario, el reconocimiento de género o la legalización del cannabis; pasa por muy diferentes matices en Latinoamérica. La oposición a que se reformen las legislaciones que lo sancionan es, aún en la actualidad, una fuerza importante en la región, donde privan posiciones religiosas o morales antes que los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo.

En todo el planeta se practican cerca de 20 millones de abortos riesgosos cada año, que causan una tasa de mortalidad materna calculada de 500.000 de esas mujeres en estado. Latinoamérica es parte de esta violenta realidad.

La periodista venezolana Indira Carpio, en un artículo titulado ‘Malcogidos’, opina que el aborto en este lado del mundo “sigue siendo una cuestión de clase, porque la mujer que tiene dinero paga a un médico y la que no, recurre a métodos inseguros que pueden provocar la pérdida del feto y también de los órganos reproductivos e incluso la muerte”.

Abortos por millones

Un estudio publicado por el Guttmacher Institute de Estadios Unidos, titulado ‘Hechos sobre el aborto en América Latina y el Caribe’, asegura que en 2008 4,4 millones de mujeres de esta región del mundo que tenían entre 15 y 44 años interrumpieron su embarazo. De esa cantidad, el 95 % de los abortos “fueron inseguros”.

Otro dato relevante lo aporta la Organización Mundial de la Salud (OMS): el 12 % de las muertes maternas en América Latina y el Caribe se debieron a abortos inseguros.

Las cifras son contundentes cuando de interrumpir el embarazo se trata. Se calcula que la tasa anual de abortos inseguros es de 31 por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años, mientras que la tasa de abortos seguros es inferior a dos por cada 1.000.

Esta cantidad de intervenciones “seguras” aumentó apenas unas décimas gracias a los cambios en las legislaciones de Colombia y Ciudad de México.

A pesar de las interrupciones inseguras y de las mujeres fallecidas, los países del área no consideran que se trate de un asunto de salud pública y, mucho menos, toman en cuenta que, según la Organización de Naciones Unidas (ONU) el aborto es un derecho humano. Vale deducir que la mayoría de sus países miembros violan este derecho.

Cada país, un caso

El sitio Abortos.com ofrece información detallada sobre métodos, estadísticas y análisis sobre esta temática a lo largo del continente.

Citando algunos ejemplos, podemos observar que en Argentina el aborto inseguro es la primera causa de muerte en la mujer: se estima que cada año se practican entre 460.000 y 600.000. La ley obliga a que nazcan niños inviables y/o malformados, que fallecerán al nacer.

En Brasil, el aborto está calificado como “un delito contra la vida”, únicamente está permitido si la vida de la madre está en peligro o en casos de violación o incesto. Se considera que es la cuarta causa de muerte materna. Anualmente se realizan entre 700.000 y un millón de abortos.

Chile disponía de una ley en 1931 que autorizaba el aborto terapéutico, pero el dictador Augusto Pinochet la anuló en 1989 y tipificó al aborto de “delito contra el orden de la familia y contra la moralidad pública”. Datos extraoficiales calculan entre 150.000 y 200.000 abortos clandestinos al año.

Colombia aprobó en 2006 una legislación similar a la española, que despenaliza el aborto y facilita la disponibilidad del fármaco Misoprostol para la interrupción voluntaria del embarazo. A pesar de ello, más del 50 % de los abortos son clandestinos y de riesgo y son la segunda causa de muerte materna. La tasa de muertes maternas en ese país es de 130 por 100.000 nacidos vivos.

Cabe destacar que el Misoprostol, medicamento sugerido por la OMS para que las mujeres que así lo deseen puedan practicarse un aborto, es un análogo semisintético de la prostaglandina indicado para la prevención y tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales.

Costa Rica tiene una mortalidad materna de 43 por 100.000 nacidos vivos, mientras que su aborto inducido es de 10,36 por cada 1.000 mujeres. Las estadísticas indican que el 12,4 % de las muertes maternas fueron por abortos inseguros.

La religión del estado es la católica apostólica y romana, por Constitución. El artículo 75 de la CPE permite que la jerarquía católica se inmiscuya en todos los asuntos relativos a la sexualidad y la reproducción.

Ecuador, presenta cifras de mortalidad materna de 130 por cada 100.000 nacidos vivos. Constitucionalmente, se garantiza a toda persona la libertad de conciencia y religión. No obstante, el aborto es considerado como un delito contra la existencia natural y el Código Penal incluye un capítulo sobre lesiones del feto, al que extiende la protección del bien jurídico.

El ministerio de Salud de El Salvador contabilizó 7.346 mujeres hospitalizadas por abortos inseguros en las últimas estadísticas publicadas, hace más de ocho años. El registro de muertes maternas llega a 150 por cada 100.000 nacidos vivos. El aborto es una de las primeras causas.

Pasando a Paraguay, vemos que el aborto es la primera causa de muerte materna: la tasa está calculada en 170 por cada 100.000 nacidos vivos. El Estado establece la protección de la vida desde la concepción y, por eso, el aborto es considerado un delito.

Perú evidencia que los abortos son la segunda causa de muertes maternos, 410 por cada 100.000 nacidos. Como el Estado reconoce a la Iglesia católica como elemento importante de la formación histórica, cultural y moral del país, se menciona al concebido como sujeto de derecho en todo cuanto le favorezca. El aborto es un delito y, desde 1997, el personal de salud está obligado a denunciar a las mujeres que se someten a esa intervención.

También en Nicaragua, los abortos oscilan entre la primera o segunda causa de muerte materna hospitalaria. En el último decenio varió la tasa de 250, 230, 142 u 86 por cada 100.000 nacidos vivos, de acuerdo con diversas fuentes oficiales. El Código Penal del país establece el aborto entre los delitos contra la vida y en 2001 incorporó como delito el “daño físico o sicológico en el no nacido”, pena para la cual asigna cinco años de cárcel, inhabilitación absoluta para el ejercicio de la profesión y el cierre de las clínicas o consultorios prestadores de ese servicio durante ocho años. Para el aborto terapéutico, la mujer debe contar con la autorización del cónyuge o un pariente cercano.

En Cuba, el aborto se considera “ilegal” solo “cuando se realiza sin consentimiento de la mujer, fuera de los servicios hospitalarios, cuando no lo realiza un médico o se cobra el acto médico”. La interrupción del embarazo es legal desde 1965, a pedido de la mujer, hasta las 12 semanas de gestación. Proyecciones ubica la cifra de abortos en alrededor de 100.000 por año.

Desde 1973, en la isla de Puerto Rico “una mujer en consulta con su médico puede poner fin a su preñez sin intervención del Estado”, al considerarse que el embarazo no deseado vulnera su salud mental y emocional. Por tal razón, un aborto “a petición de la mujer” es absolutamente legítimo. Aproximadamente se realizan cerca de 18.000 por año.

En la República Bolivariana de Venezuela está considerado ilegal, pero no es punible en casos de amenaza a la vida o la salud de la mujer. Cuando se declara “ilegal”, la sanción va de seis meses a dos años de cárcel para la mujer, mientras que para los que lo provocan es de uno a tres años. Una cosa surrealista es que las penas se reducen, si el aborto se realiza para “proteger el Honor”, según el artículo 346 de Código Penal. Esto es reconocido por la legislación venezolana como “aborto Honoris Causa”.

En síntesis, apenas seis países y territorios de Latinoamérica consideran el aborto como ‘legal’ o permitido sin restricción, lo que supone menos del 5 % de la población de las mujeres entre 15 y 44 años.

Una llamada, una vida salvada

Pero siempre aparecen rendijas a los controles legales. El 17 de mayo de 2011 se creó en Venezuela, la Red de Información por el Aborto Seguro (RIAS). Se trata de un servicio gratuito, autogestionado por mujeres y para mujeres que, valiéndose del precepto constitucional del derecho a la información oportuna (art.58); brindan datos certeros aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la interrupción voluntaria del embarazo con pastillas.

Ellas contabilizan 200 vidas salvadas a lo largo del primer año de tarea informativa. Cinco años más tarde, reciben más de 200 llamadas diarias de todos los rincones de Venezuela. El aumento de las consultas diarias a la línea telefónica, explican sus voceras, se debe, entre otras causas, a la dificultad que experimenta la ciudadanía en el acceso a los métodos anticonceptivos.

Traba burocrática

Las mujeres agrupadas en RIAS creen que despenalizar el aborto es una batalla bastante complicada y por eso apelan a una solución simple: que el Ministerio de Salud democratice el acceso al Misoprostol.

Taroa Zúñiga, integrante de la red, dijo a RT: “Descubrimos que la venta de Misoprostol no tiene trabas legales. Solo se exige a las farmacias un control estricto de los ingresos y egresos del producto. Su restricción para la venta únicamente se sostiene por el lucro que hay alrededor de ese producto y eso aumenta el mercado paralelo. Nosotras pedimos que se venda sin restricciones”.

Hasta 2015, la caja de 36 pastillas de Misoprostol costaba unos 30 centavos de dólar, mientras que en Internet se ofrece cada pastilla por 10 dólares.

Tomando como ejemplo a la República Oriental del Uruguay, puede observarse que desde la despenalización del aborto y desde que el Estado se hace cargo, no se registran muertes maternas asociadas a esta causa.

RT