Enmarcado en el Día Mundial del Medio Ambiente, Costa Rica se convierte en la sede varios actos para América Latina y el Caribe, en los que se resaltará la lucha que se desarrolla en contra del tráfico y comercio ilegal de especies silvestres en la región.

Esta es la primera vez que Costa Rica acoge esta celebración regional, ocasión que será aprovechada por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) de ese país y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) para realizar un foro sobre el tema central con destacados panelistas nacionales e internacionales.

En la Casa del Cuño, en la Antigua Aduana -donde desde el sábado se está desarrollando la XII Feria del Ambiente-, los panelistas reflexionarán sobre los mecanismos que se implementan en la región para combatir el tráfico ilegal de vida silvestre, sobre las estrategias para hacer que se cumplan las leyes que impiden este mercado ilegal, así como los retos y obstáculos que quedan por delante para proteger la flora y fauna del Sur.

El panel está integrado por el titular del Minae, Edgar Gutiérrez; el director y representante regional en América Latina y el Caribe del Pnuma, Leo Heileman; el fiscal ambiental José Pablo González; y el representante de la sociedad civil Bernardo Aguilar, de la fundación Neotrópica.

En contexto
Interpol ubica el trágico ilícito de especies silvestres en el tercer lugar de actividades desarrolladas por el crimen organizado internacional, detrás del narcotráfico y del contrabando de armas. Se estima que este negocio reporta unos 100 mil millones de dólares al año, lo que hace que peligren los éxitos alcanzados en materia de conservación de ecosistemas de muchos países.
En Costa Rica, debido a la acción de bandas organizadas, se ha creado en febrero de este año la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental, la cual está integrada por órganos del Poder Judicial, de los ministerios de Seguridad Pública y de Ambiente y Energía, y la cual tiene la función de desarticular dichas bandas.
Solo en 2015 los cuerpos policiales atendieron 661 incidentes ambientales ligados a la pesca ilegal y al tráfico de especies, como la extracción y venta de huevos de tortugas marinas.