Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

En esta vida no se puede pasar de largo los problemas. Es decir, ignorarlos no hará que se vayan. Se calcula que en Bolivia, al menos hasta hace poco, siete de cada diez trabajadores pertenecen al sector informal de la economía. Lo que puede ser interpretado de la siguiente forma: siete de cada diez personas económicamente activas deben arreglárselas como puedan para llegar hasta fin de mes.

Este confuso sector informal es heterogéneo en su conformación socioeconómica. Hay informales con mucho éxito, principalmente en los sectores del comercio, el transporte, la construcción y la minería cooperativista. Pero también hay grandes masas de auto explotados en estos mismos rubros. Personas que no perciben muchas veces ni siquiera el salario mínimo, ni hablar de beneficios sociales o dobles aguinaldos.

El problema se hace más agudo cuando el ya reducido sector formal comienza a contraerse por diversos factores, como la reducción de los precios de las materias primas en el mercado internacional o el mal manejo de las empresas públicas, como probablemente pasó en el caso de Enatex. Puede que las dificultades en esta empresa precedan su administración pública, pero en estos momentos esto es irrelevante. Hay una realidad objetiva.

Es decir, si la informalidad era ya un problema que se arrastraba desde hace tiempo, herencia de los años neoliberales, esta situación empeora cuando las divisas por la exportación de materias primas comienzan a languidecer.

Ignorar los problemas no hará que desaparezcan, y en algunas circunstancias esto puede tener consecuencias políticas visibles. Y no nos referimos a los paros y movilizaciones callejeras de estos días, que son una especie de tradición en Bolivia, sino el cuestionamiento a alianzas políticas entre el gobierno y sectores de la sociedad civil.

Es improbable que este vaya a ser el caso por el momento. Tanto el gobierno como la COB funcionan más por objetivos estratégicos, aunque su alianza puede ser considerada circunstancial. Las consignas y los anuncios que advierten sobre una posible ruptura entre el gobierno y la COB deben ser leídos en este sentido.

A pesar de las consignas maximalistas que oímos en las calles, tanto la dirigencia de la más importante organización laboral del país como del partido de gobierno tienen mucho que perder si esta alianza es interrumpida. La experiencia de la UDP debería bastar como lección.

Esto no quiere decir, sin embargo, que las cosas no sean preocupantes. La actual hegemonía del MAS y el gobierno, esta especie de “óptimo social” logrado entre los representantes políticos formales y las diferentes dirigencias de la sociedad civil, descansa en un frágil establecimiento de lealtades que puede tambalearse si no se atiende lo estructural: la gestión y la administración de la cosa pública.

Lo que la gente espera son resultados visibles y sentibles. Más empleo, como el que se logró hasta ahora, sí, pero con ciertos márgenes de previsibilidad en el futuro y con beneficios sociales. Por supuesto, si fuera tan fácil se lo hubiera hecho en el pasado, pero eso no quiere decir que se deba dejar de intentarlo.

De ser ciertas las predicciones de muchos analistas de oposición, que en ocasiones actúan más como profetas del desastre, las herramientas para lograr mejoras aún mayores en las condiciones de vida de los bolivianos serán cada vez menores.

La crisis económica que afecta al mundo entero no parece avizorar un final cercano, por lo que adoptar medidas urgentes de redistribución social (aún más radicales que las actuales) y optimización del aparato público es imprescindible. Al parecer, la ideología dejó de ser el cemento de la superestructura social desde hace tiempo, y la continuidad de las alianzas políticas debe ir más allá de las consignas y declaraciones formales.

La Época