Diferentes asociaciones civiles en defensa de los derechos de la población LGBTI se reunieron para formar la Alianza Ciudadana LGBTI, con el fin de elaborar una serie de propuestas que garanticen los derechos de esta población en la nueva constitución de la Ciudad de México, además de procurar los que ya se han ganado y luchar por mejores condiciones de vida.

Entre las organizaciones participantes se encuentran la Fundación Arcoíris por el respeto a la Diversidad Sexual, el Clóset de Sor Juana, Almas Cautivas, Espolea, la Red de Juventudes Trans, Balance y Promoción para el Desarrollo y Juventud, y otras.

Estas asociaciones se reunieron con Clara Isabel González Barba, coordinadora de Vinculación con la Sociedad Civil y Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Víctor Domínguez Loera, representante de Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, quien preside la Unidad para la Reforma Política del D.F.; y Melissa A. Vertiz Hernández, representante del padre Miguel Concha y coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitora.

“En el marco de la construcción y redacción de la próxima constitución de la Ciudad de México, la Alianza LGBTI hace un llamado a reconocer e integrar en todos los apartados las necesidades específicas de la población de la diversidad sexual, salvaguardando de manera plena nuestra autonomía y nuestras libertades conquistadas a lo largo de los últimos 20 años…”, declaró Corina Martínez, integrante de Balance y Promoción para el Desarrollo y Juventud.

Entre las propuestas destacan la generalización de los acrónimos LGBTI, debido a que estos se encuentran fundamentados en leyes y acuerdos internacionales y engloban a aquellos que tienen una identidad, orientación y expresión de género diferente a la hegemónica. Dentro de la T se incluye a las personas transexuales, transgénero y travestis; esto servirá para armonizar las leyes locales con las internacionales.

Los posicionamientos de la alianza cubren cuatro temas generales: salud, educación, trabajo y justicia; a través de los cuales se piden mejores condiciones y medidas de prevención y protección en contra de la discriminación.

En materia de salud, la alianza señaló que es importante tener una perspectiva diferente a la heterosexual, en especial en los servicios de reproducción, por ejemplo, con una mayor oferta de condones femeninos y métodos de prevención de infecciones de transmisión sexual para mujeres lesbianas, bisexuales y trans; así como la atención adecuada para las personas trans.

En el área de educación, se consideró importante trabajar para erradicar la discriminación hacia esta población, así como mejorar la educación sexual integral: no biologisista, más incluyente, laica, con perspectiva de género y de diversidad.

En el ámbito laboral, se plantean protecciones para la población LGBTI que garanticen el respeto a sus derechos humanos y a la no discriminación. De acuerdo con una encuesta realizada en 2014 por la organización Espolea y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al 20% de los encuestados se les preguntó su orientación sexual durante una entrevista de trabajo, al 14 % le negaron un trabajo por este motivo y 1 de cada 3 señaló que ha sufrido discriminación en el espacio laboral.

Asimismo, se puso especial énfasis en el acceso justicia, ya que los prejuicios hacia la orientación sexual y la identidad de género representan un obstáculo para el cumplimiento y la exigibilidad de este derecho. Del mismo modo, se hizo énfasis en las personas que han sido privadas de su libertad y cuyos derechos han sido violentados, como es el caso de las personas trans, quienes son encarceladas en centros donde su seguridad corre peligro, debido a la violencia que padecen por parte de internos y por los mismos custodios.

“Sabemos que la legislación por sí sola no elimina la discriminación, empero sabemos que, sin lugar a dudas, es un paso inicial para acabar con ella”, declaró Tania Martínez, integrante de Espolea.

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