Mañana se reunirá por primera vez la “comisión especial con fines legislativos a partir de los llamados papeles de Panamá y jurisdicciones similares, para la prevención del fraude financiero, la defraudación y elusión fiscal, el lavado de activos y la transparencia global”, según el nombre oficial del nuevo órgano parlamentario promovido por senadores del Frente Amplio.

La comisión no tiene fines de investigación sino legislativos, aclaró el senador Rubén Martínez Huelmo, del MPP y que por lo tanto no habrá citaciones a personas o instituciones de Uruguay que hayan aparecido en las listas develadas en los papeles de Panamá.

El órgano estará integrado por siete miembros y el oficialismo tendrá la mayoría: Ruben Martínez Huelmo, Marcos Carámbula, Enrique Pintado y Leonardo de León por el Frente Amplio; Jorge Saravia y Daniel Camy por el partido Nacional y José Amorín Batlle por el partido Colorado.

Una de las primeras citaciones que hará la comisión será a la Dirección General Impositiva, según se pudo saber. La intención es conocer los eventuales “agujeros” legales que existen en la normativa tributaria del país y por los cuales se recurre para eludir los pagos fiscales correspondientes. Eventualmente, la comisión podría llegar a analizar también las normas referidas al secreto bancario y que en los últimos días se ha manejado la posibilidad de modificar las reglas.

Días atrás, el presidente del Banco Central, Mario Bergara, dijo en una conferencia pública que el secreto bancario en Uruguay “sufre un proceso de erosión a nivel internacional” y que el país “no puede estar ajeno a ello”.

Las nuevas recomendaciones en materia de prevención de lavado de activos demandarán mayor control por parte los escribanos, los agentes inmobiliarios y los contadores, señaló Bergara en el marco de las IV Jornadas de Derecho Bancocentralistas denominadas “Horizonte del secreto bancario a la luz de las tendencias internacionales”.

Antes que Uruguay pueda estar en condiciones de avanzar en acuerdos automáticos de información fiscal sin la correspondiente orden judicial con otros países, acción que debería comenzar a funcionar a fines del 2017 o principios del 2018, se deberá modificar la ley de acceso del secreto bancario, según se había acordado a nivel del gobierno. El compromiso asumido ante la OCDE “no implica abrir las puertas” para que terceros países soliciten datos a Uruguay, sin necesidad de contar con una orden judicial.

En el 2019 habrá una nueva evaluación de los estándares del país en materia de lavado de activos. “Por tratar de tener una buena evaluación y por cumplir con nuestro compromiso es que hay deberes normativos, organizacionales y hasta culturales para seguir por la senda de la transparencia”, aseguró Bergara.

Actualmente se levanta el secreto bancario a solicitud de un fisco de otro país con el que se tenga un acuerdo de intercambio de información firmado y previa autorización judicial.

El origen del cambio que promueve la OCDE para los intercambio de información automática, se aprobó en el año 2008 en Estados Unidos. Entre otros requerimientos, obliga a bancos y entidades financieras a remitir información a las entidades reguladoras.

“Apostaremos en los próximos años a erosionar y flexibilizar el secreto bancario” sentenció Bergara, aclarando que ante exigencias internacionales o “por vocación propia” Uruguay seguirá teniendo en el futuro “normas que vayan en la dirección de la flexibilización del secreto bancario y mayor transparencia de información tributaria”.

En 2019 habrá una nueva evaluación de los estándares del país en materia de lavado de activos.

“Por tratar de tener una buena evaluación y por cumplir con nuestro compromiso es que hay deberes normativos, organizacionales y hasta culturales para seguir por la senda de la transparencia”, aseguró Bergara. El jerarca aclaró que sobre los casos de Panama Papers que la comisión del Senado comenzará a tratar mañana miércoles, en los últimos nueve años se reportaron 2.300 operaciones sospechosas de lavado de dinero, algunas de las cuales terminaron en la Justicia uruguaya.

“Sean para fines lícitos o no pertenecen al mundo de la opacidad más que al mundo de la transparencia” consideró Bergara sobre las sociedad anónimas offshore.

Filtración masiva

El Consorcio Internacional de periodistas de investigación que develó los datos sobre más de 220.000 empresas offshore, publicó en un sitio web parte de la investigación llevada adelante durante meses.

Si en la página offshoreleaks.icij.org se escribe “Uruguay” surgen 4.900 sociedades vinculadas a 2016 personas, 300 intermediarios que las crearon y 893 direcciones identificadas. En el mismo buscador se puede conocer la fecha de creación de la empresa, si está activa o no y el nombre del beneficiario o del intermediario.

Según esta información, la mayoría de las sociedades anónimas offshore creadas en nuestro país tiene jurisdicción en Panamá y en las Islas Vírgenes, en Nevada (Estados Unidos) y en el Reino Unido.

Una de las primeras repercusiones políticas que hubo en el país tras conocerse estos datos fue precisamente la necesidad de crear una comisión parlamentaria especial con fines legislativos.

La República