Fiscalía sostiene culpabilidad de campesinos en masacre de Curuguaty

La Fiscalía sostuvo este martes la culpabilidad de los once campesinos acusados en el juicio por la masacre de Curuguaty, que en 2012 causó la muerte de 17 personas.

En esta causa están siendo juzgados once campesinos por la muerte de seis policías, mientras que no hay ningún imputado por la muerte de once campesinos en la masacre.

La Fiscalía sostiene que fueron los campesinos quienes tendieron una emboscada a los cientos de policías que acudieron para desalojarles de las tierras que ocupaban en el distrito de Curuguaty para pedir que se integrasen a la reforma agraria.

Durante la sesión de este martes, en la que estuvieron presentes los familiares de los campesinos fallecidos y organizaciones en apoyo a los acusados, los fiscales presentaron sus alegatos finales y afirmaron que a lo largo del juicio se demostró, a través de testimonios y pruebas científicas, la culpabilidad de los acusados.

El fiscal Nelson Ruiz aseguró en el juicio que “no existen dudas de que los acusados Rubén Villalba y Luis Olmedo abrieron fuego con sus armas contra policías desarmados, que se acercaron a ellos pacíficamente y con las manos en alto”.Por su parte, la fiscal Liliana Alcaraz dijo que varios testigos policiales, entre ellos el comisario Miguel Anoni, uno de los que dirigió el operativo de desalojo, declararon en el juicio haber reconocido a Rubén Villalba como uno de los líderes de los campesinos, y le vieron durante la masacre portando armas.

Agregó que otro de los acusados, Arnaldo Quintana, fue aprehendido en un lugar cercano al del tiroteo y presentaba heridas de arma de bala, y por esto la Fiscalía deduce que “se encontraba en el lugar de los hechos y tuvo una participación activa”.

Lo mismo dijo del acusado Néstor Castro, quien también sufrió heridas de bala, y perdió a su hermano Adolfo en la masacre. Además, el fiscal Ruiz insistió en que “el ingreso y permanencia de los ocupantes del inmueble propiedad de la empresa Campos Morombí ha sido ilegítimo”, en referencia a las tierras ocupadas por los campesinos.

El fiscal pidió al tribunal que dicte una “sentencia ejemplificadora”, que resulte “persuasiva para otros grupos de campesinos que en el futuro pretendan ejercer derechos usando esta vía (de la ocupación de tierras)”.

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Piden investigar muerte de campesinos en masacre de Curuguaty

Miembros de la Comisión de Familiares y Víctimas de la masacre de Curuguaty presentaron este lunes en el Ministerio Público un pedido de investigación de la muerte de los once campesinos que fallecieron junto con los seis policías durante la masacre de Curuguaty el 15 de junio de 2012.

A pesar de la denuncia presentada por torturas y ejecuciones extrajudiciales de parte de organizaciones de derechos humanos, la Fiscalía acusó solo a los campesinos por las muertes y ningún policía fue investigado por el asesinato de los labriegos, pues la tesis del exfiscal  y actual viceministro de Seguridad, Jalil Rachid, es que los policías reaccionaron en legítima defensa luego de una supuesta emboscada de los campesinos.

Martina Paredes, hermana de dos de los fallecidos en la masacre –Fermín y Luis Paredes–, dijo en entrevista con Demoinfo que se entrevistaron con el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quien se comprometió a que en 22 días tendría resultados y que impulsaría la investigación sobre la actuación policial. Asimismo, los abogados de los campesinos reiteraron su pedido de absolución de los acusados ante la violación de las garantías procesales durante el juicio y la falta de pruebas que los involucren en la matanza.

En efecto, el Ministerio Público reconoce que no puede determinar la responsabilidad individual de los campesinos en la muerte de los policías, por lo cual los cargos son por tentativa de homicidio doloso. Además, la fiscalía acusa a los campesinos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal.

Paredes manifestó que la investigación y esclarecimiento de los hechos ocurridos está en manos de los tres poderes del Estado y que incluso se conoce la verdad, pero las autoridades pretenden ocultarla. Ratificó la inocencia de los acusados señalando que solo reclamaban la recuperación de tierras del Estado y que no tienen responsabilidad alguna en la muerte de los policías, que cayeron abatidos por armas de grueso calibre que no fueron disparadas por los campesinos, afirmó.

Ea


A cuatro años, varios puntos de la matanza permanecen en la oscuridad

A cuatro años del día en que un disparo desencadenó un tiroteo y la muerte de 17 paraguayos, la Justicia aún no esclareció varios puntos de la matanza de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012.

Mientras que para la Fiscalía no hay dudas de que aquella soleada mañana los campesinos emboscaron y mataron a seis policías, la defensa de los procesados y diversos sectores sociales sostienen que hasta hoy distintas preguntas quedan por responder.

De hecho, el mismo Ministerio Público ya reconoció al principio de la investigación que no puede determinar quién mató a quién. Por esto, la acusación fiscal en contra de 9 de los 11 procesados que actualmente enfrentan un juicio oral fue por tentativa de homicidio doloso.

En sus alegatos finales ayer, por primera vez, la Fiscalía cambió de versión y sindicó a Rubén Villalba y Luis Olmedo como las personas que dispararon y mataron al subcomisario Erven Lovera.

Uno de los cuestionamientos principales a la investigación llevada adelante inicialmente por el fiscal Jalil Rachid –actual viceministro de Seguridad Interna– es que en ningún momento se intentó esclarecer quién mató a los 11 campesinos, sino que la pesquisa se enfocó en la muerte de los 6 policías.

Por su parte, la investigación fiscal –que tiene como base principal testimonios de policías– sostiene que los seis agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) murieron en cuestión de segundos, al ser emboscados por cerca de cincuenta campesinos –entre ellos mujeres y niños– armados con escopetas, un revólver, foisas y otras armas contundentes.

LAS BALAS. Desde que se desarrolló el juicio, los abogados defensores sostuvieron que varios policías murieron por los disparos realizados por sus compañeros. Además, cuestionaron que no se haya realizado la autopsia a ningún cuerpo y que se hayan extraviado las placas radiográficas hechas a los cadáveres, para determinar el tipo de proyectil de las balas.

Esta hipótesis es refutada por la Fiscalía, que se apoya en el informe del perito balístico de la Policía César Silguero, y la inspección realizada por el médico forense Pablo Lemir para afirmar que los policías murieron por disparos de escopeta, el arma supuestamente utilizada por los labriegos en el enfrentamiento.

EJECUCIONES. “Luciano Ortega salió huyendo del lugar con nuestros socios. Él sabía la dirección, él les guió y después se fue a entregarse. Los policías cuando le vieron le mataron. Alguna gente que estaba en nuestro lado le vio muerto en la zanja donde nosotros nos habíamos escondido”. Este es uno de los relatos que recogió la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) en un informe de diciembre de 2012.

De acuerdo con los testimonios de ocupantes que quedaron en el anonimato (muchos de ellos fueron imputados y quedaron prófugos) al menos siete campesinos fueron ejecutados por la Policía. La Fiscalía descartó esto.

Última Hora


Diputados pedirán investigar muerte de once campesinos en masacre

El presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, Hugo Velázquez, se comprometió a exhortar a la Fiscalía para que abra una investigación sobre la muerte de 11 campesinos en la masacre de Curuguaty.

La Fiscalía paraguaya únicamente investigó la muerte de seis policías durante la masacre, por la que imputó a once campesinos que están siendo juzgados desde hace casi un año en un proceso próximo a terminar y en el que mañana se escucharán los alegatos finales del Ministerio Público y la defensa de los acusados.

“La única posibilidad de llegar a una justicia real es condenar a los responsables de la masacre, de ambos lados”, expresó Velázquez, después de mantener una reunión con los familiares de los campesinos víctimas de la masacre, los abogados de los once acusados y representantes de la ONG Amnistía Internacional.

La masacre de Curuguaty se produjo el 15 de junio de 2012, cuando varios centenares de policías acudieron a desalojar a unos 70 campesinos que ocupaban unas tierras para pedir que se integraran a la reforma agraria.

Los familiares de los campesinos fallecidos lamentan que, cuatro años después de la matanza, no se hayan esclarecido estas muertes y reclaman que se abra una investigación “igual que se hizo con los policías”, porque tienen “los mismos derechos”, dijo a Efe Darío Acosta, tío del campesino Luciano Ortega, que con 18 años fue la víctima más joven de la masacre.

Acosta también pidió la libertad de los campesinos juzgados y que el Estado reparta las tierras donde ocurrió la masacre, sobre cuya titularidad mantiene un litigio con la empresa Campos Morombí, entre los campesinos sin tierras que perdieron a sus familiares en estos hechos.

Antes de entrevistarse con el presidente de la Cámara de Diputados, los familiares de las víctimas se reunieron con el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quien dijo que en un plazo de 22 días dará una respuesta a su pedido de investigación.

Después, marcharon hasta el Palacio Legislativo portando fotografías de sus familiares fallecidos y planos del lugar de la masacre, que mostraron en su encuentro con Velázquez.

Rosalía Vega, directora ejecutiva de la sección paraguaya de Amnistía Internacional, organización que acompaña a los campesinos, declaró a Efe que “las autoridades nacionales dejaron pasar mucho tiempo para dar a las víctimas verdad, justicia y reparación por el caso”.

Agregó que la Fiscalía no fue capaz de dar una respuesta convincente acerca de por qué no investigó las muertes de los campesinos, ni tampoco las múltiples denuncias presentadas por presuntos malos tratos, torturas y ejecuciones extrajudiciales relacionadas con la masacre.

La actuación fiscal en el esclarecimiento de la masacre de Curuguaty ya suscitó reacciones internacionales, como las recomendaciones de varios miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitidas en enero pasado, en reclamo de “investigaciones imparciales e independientes”.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU formuló en 2013 una recomendación al Estado paraguayo para “asegurar la investigación inmediata, independiente e imparcial” del caso.

La masacre de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución de Fernando Lugo en un juicio político tildado de irregular por organismos internacionales como Unasur y Mercosur.

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