Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Con los ojos aún puestos en el conteo voto a voto que lleva a cabo la ONPE, la tendencia a favor de Pedro Pablo Kuczynski en los resultados de los comicios ha motivado reacciones de uno y otro lado del espectro político. Una de las más notorias ha sido la repetida crítica hecha por varios políticos y líderes de opinión cercanos o pertenecientes al fujimorismo que señalan una supuesta inevitable debilidad de un eventual gobierno de Peruanos por el Kambio (PPK).

Dado que el nuevo partido de gobierno cuenta con una bancada de apenas 18 congresistas y poca representatividad en las regiones –va el argumento–, su capacidad para lograr reformas importantes será reducida. Por lo tanto, se dice, sus probabilidades de fracasar –y de desembocar en un gobierno de izquierda antimodelo en el 2021– son altísimas.

Lo que no parecen notar, sin embargo, quienes están difundiendo este razonamiento es que su supuesto implícito es que Keiko Fujimori, con sus 73 parlamentarios y su importante presencia regional, se dedicará a boicotear sistemáticamente una agenda de reformas con la que su propio programa tenía muchísimo en común. Un supuesto que a su vez asume que al fujimorismo le importa mucho más el poder en sí que la suerte de los peruanos para cuyo bienestar decía querer dicho poder. En otras palabras, los defensores del fujimorismo que sostienen esta idea no le están dando una chance a sus posibilidades de no actuar con abierto cinismo y de poner al país delante de los intereses partidarios.

Y es que, al menos si nos atenemos a sus planes de gobierno y a las propuestas hechas durante la campaña, son varias las coincidencias  programáticas entre ambos partidos. De hecho, estas van más allá de todo lo que toca al esencial mantenimiento del marco macroeconómico y el modelo de crecimiento basado en el fomento a la empresa privada que han permitido al país reducir la pobreza a un tercio en poco más de una década. Frente al problema de la informalidad, por ejemplo, ambas agrupaciones plantearon nuevos regímenes tributarios para las mypes, además de una mejora en los procesos de la Sunat. PPK y Fuerza Popular son conscientes de los retos y altos costos que enfrentan las mypes para operar y acceder a crédito barato y formal, así que un acuerdo en este sentido en el Congreso debería estar en agenda.

Al margen de temas puntuales como la declaración sistemática del estado de emergencia y las cárceles en zonas de altura, también existen obvias coincidencias programáticas en ambos partidos con respecto a la estrategia para combatir la inseguridad ciudadana. Mejorar las remuneraciones de los policías, fortalecer su equipamiento y las instalaciones de las comisarías, el uso de inteligencia basada en tecnología de punta, la mejora en la coordinación con el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE, son todas propuestas compartidas que –detalles más, detalles menos– pueden hacer la diferencia en la lucha contra el crimen.

Asimismo, los dos partidos han reafirmado su apoyo a los programas sociales emprendidos por este gobierno, con la voluntad incluso de expandirlos y fortalecerlos. La articulación eficaz entre ministerios y gobiernos locales es clave en este caso.

En otros sectores cruciales como salud, educación e infraestructura, en fin, también hay una serie de coincidencias por aprovechar.

Naturalmente, nada de lo anterior requiere de un cogobierno propiamente dicho. Pero sí de no tener una oposición cerrada que contradiga la sinceridad con la que en campaña se defendieron muchas metas como esenciales para el bienestar del pueblo peruano.

Contrariamente, pues, a lo que parecen asumir muchos de sus adalides más fervientes, en caso se confirme oficialmente el triunfo de PPK, el fujimorismo tiene por delante la oportunidad de demostrar a la ciudadanía que de verdad creía en lo que proponía hacer de haber sido gobierno y de que tiene la capacidad de poner los intereses del país primero, juzgando tema por tema cuáles de las medidas que querrá tomar el nuevo gobierno coinciden con las que él mismo proponía, y cuáles no.

Por lo demás, tampoco se trata necesariamente de escoger entre el país y los intereses partidarios. Puede muy bien que escogiendo los primeros se acabe protegiendo también los segundos. Sobre todo si se trata –como su lideresa dice– de un partido que espera quedarse en el largo plazo y que, por lo tanto, puede contar con la perspectiva que da el tiempo para que los peruanos juzguen si, cuando tuvo una parte determinante del poder público nuevamente en sus manos, como lo tiene ahora, lo usó o no poniendo por delante al país.

El Comercio