Centenares de dominicanos de ascendencia haitiana quedaron apátridas en el sur del país a consecuencia de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y luego de concluidos los plazos de la Ley 169-14 para que los afectados pudieran tramitar los documentos de identidad que reconocen su nacionalidad dominicana.

Así lo planteó el Centro de Desarrollo Sostenible (Cedeso), al anunciar un proyecto para promover el respeto a los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana que cuenta con el auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (Undef, por sus siglas en inglés), una iniciativa de la ONU.

La sentencia 168-13, dictada el 23 de septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional que encabeza Milton Ray Guevara, despoja de la nacionalidad a personas que ya estaban asentadas en el Registro Civil de República Dominicana.

El proyecto, denominado “Hacia una cultura política basada en derechos para la participación de la población dominicana de ascendencia haitiana”, se desarrolla en 8 comunidades pertenecientes a los distritos municipales Batey 8, Santa Bárbara (El 6) y El Palmar, de las provincias de Bahoruco e Independencia.

Entre sus objetivos están “identificar dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana inscritos o no en el Registro Civil, cuyo derechos han sido vulnerados con la política restrictivas y la pobre aplicación de las medidas anunciadas por el Estado, dejando en condiciones de apátridas y/o desnacionalizadas a centenares de personas”, indicó el Cedeso.

Destacó que esas personas “corren riesgo de ser expulsadas de su país a un Estado que tampoco les reconoce como sus nacionales”.

El proyecto contempla además “fortalecer la capacidad y las iniciativas de defensa de diferentes actores para promover el respeto por los derechos a la nacionalidad de los nacidos antes de 2010, regularización migratoria y al debido proceso en caso de deportación de los migrantes haitianos”.

“Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es sensibilizar a la población de la realidad por la que atraviesan centenares de dominicanos y dominicanas, nacidos en nuestros bateyes, que han visto sus derechos vulnerados desde el momento de su nacimiento y que con el paso de los años se agrava más”, expresó Beneco Enecia, director de Cedeso.

“No es una cuestión de mendigar, ni mucho menos exigimos más de lo que no nos corresponde”, dijo Enecia.

“Si a muchos de los contemporáneos míos no se les hubiera negado el derecho a la nacionalidad y a una vida digna, nuestros bateyes y los hijos de los bateyes tendrían un estilo de vida distinto y mayor sería su aporte a la sociedad que los vio nacer”, sostuvo.

7 Días