El pasado viernes 27 de mayo del 2016, la justicia de Argentina dictaminó su decisión con relación a una causa promovida por las víctimas y familiares de víctimas del denominado “Plan Cóndor”.

El “Plan Cóndor” se inició con un acuerdo suscrito en 1975 entre los cuerpos de inteligencia de seis Estados (Argentina, Bolivia Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay). Con la ayuda de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, su objetivo consistió en coordinar los esfuerzos en la denominada “lucha contra la subversión“.

Se lee en el sitió del Centro de Investigaciones Legales y Sociales de la Argentina que: “El Plan Cóndor fue un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur que funcionó desde mediados de la década del setenta hasta iniciados los años ochenta para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña. Su acta de fundación está fechada el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, durante la clausura de la Primera Reunión de Inteligencia Nacional, y lleva las firmas de los representantes de Inteligencia de la Argentina (Jorge Casas, capitán de navío, SIDE), Bolivia (Carlos Mena, mayor del Ejército), Chile (Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la DINA), Uruguay (José Fons, coronel del Ejército) y Paraguay (Benito Guanes Serrano, coronel del Ejército)“.

En reciente entrevista de Jorge Gestoso en TeleSur, Pablo Gentili, secretario general del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), apuntó sagazmente que esa asociación criminal entre Ejércitos latinoamericanos constituía el primer esfuerzo serio de integración en nuestro continente. Integración para delinquir, reprimir y sembrar el terror en aras de restaurar un estado de cosas que se veía amenazado por los avances de la izquierda, que habían tenido en esos años su máxima expresión en el Chile de la Unidad Popular.

Por muchos años, a quienes denunciaron esa connivencia entre las instituciones armadas del Cono Sur, apoyados por los Estados Unidos de América, se les calificó peyorativamente como adeptos a teorías “conspiracionistas”, hasta que en 1993 se descubrió en Paraguay una habitación con los ahora conocidos como Archivos del Terror, en donde está documentada tal coordinación.

Hoy, cuando se hace mención a la conexión evidente de tácticas y estrategias de las fuerzas de la derecha en asocio con los Estados Unidos de América –el gran conspirador tras bambalinas- en contra de los gobiernos nacional progresistas de Nuestra América, salen a la palestra voces que vuelven a calificar peyorativamente, como antes, de conspiracionistas a quienes hacen ver que atrás de todo esto hay una bien orquestada política continental.

Los grandes orquestadores de todo son los Estados Unidos de América. El retroceso que tuvo su hegemonía en la región mientras distrajeron fuerzas en el Medio Oriente puso sobre alerta a la administración demócrata de Barack Obama que, tomándole el pulso a la época, se dio cuenta de la necesidad de cambiar la manera de actuar. La respuesta fue la política del soft power, que reedita con bemoles aquellas del Buen Vecino y el Gran Garrote de la primera mitad del siglo XX: una mano para mostrarse como amigo pero, si no funciona, la otra con el gran garrote.

No hay que hacer mucho esfuerzo para determinar las líneas directrices de esta nueva estrategia basada en viejas experiencias. El Plan Cóndor es una de ellas; en nuevas circunstancias pero persiguiendo siempre los mismos objetivos: la restauración del pasado.

*Rafael Cuevas Molina. Escritor, filósofo, pintor, investigador y profesor universitario nacido en Guatemala. Ha publicado tres novelas y cuentos y poemas en revistas.
Es catedrático e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la Universidad de Costa Rica y presidente AUNA-Costa Rica.